Todo quedó detenido el 7 de febrero de 2003 en el Club El Nogal en Bogotá, tras el carro bomba puesto por la extinta guerrilla de Farc en esas instalaciones. Un atentado terrorista dejó 37 personas muertas y más de 200 heridas.
El próximo martes cumplirán 20 años de ese fatídico día para la historia de Colombia. Ese día, en el lugar se encontraban más de 600 personas llevando a cabo diferentes actividades en el restaurante, las canchas de squash, entre otros espacios de ese club capitalino.
Las autoridades judiciales revelaron, en ese entonces, que la detonación de más de 200 kg de explosivo c-4 y amonio produjo la gran explosión en los estacionamientos del lugar.
Desde el primer momento, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, sindicó a la guerrilla de las Farc como responsables del atentado, considerado como uno de los más destructivos en la historia de la capital del país.
Sobre ese oscuro capítulo de violencia, Hernán Darío Saldarriaga, alias El Paisa, quien murió en forma violenta en Venezuela, es recordado por su sangrienta carrera criminal en las Farc. Experto en tácticas de guerra, fue el autor del atentado terrorista contra el Club El Nogal.
Los organismos de inteligencia recuerdan que su origen criminal se remontaba a las épocas de Pablo Escobar, cuando formó parte de su escuadrón de sicarios.
Alias El Paisa, quien comandaba la tenebrosa columna móvil Teófilo Forero de las Farc, llegó a ser considerado uno de los hombres más cercanos al Mono Jojoy, el entonces jefe militar de esa guerrilla.
A propósito de ese atentado terrorista, el año pasado, en una decisión del Consejo de Estado, este alto tribunal acabó tumbando una sentencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había condenado a la nación a reparar económicamente a una familia víctima del acto terrorista.
En este caso, las víctimas señalaron que, pese a que el daño fue producto de un acto de las Farc, las autoridades debían resarcir a los demandantes.
A su juicio, “la información de inteligencia que evidenciaba la intención de la guerrilla de cometer numerosos atentados en la capital, probaba que la acción era previsible”. De ahí que consideraran que las autoridades habían incurrido en una omisión, por no tomar medidas ante la inminencia del ataque. Así lo expusieron, al presentar la demanda de reparación directa objeto de esta decisión conocida en su totalidad en ese entonces por SEMANA.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General. Concluyó que no se adelantó una investigación sobre los atentados que planeaban ejecutar las Farc en Bogotá, lo cual impidió tomar medidas preventivas que permitieran mitigar un riesgo como el supuestamente materializado.
Además, precisó que la presencia permanente en las instalaciones del club de altos funcionarios del Estado que eran objetivos militares de los insurgentes expusieron a las víctimas a un riesgo que no estaban en el deber de soportar. Por estas razones, la corporación ordenó a las autoridades reparar el 70 % del daño que se causó con estos hechos.
La decisión fue apelada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), con el propósito de que el Consejo de Estado absolviera a las entidades condenadas. Sostuvo que “no se probó que el hecho fuera previsible, que tampoco hay evidencia que estuviera dirigido contra funcionarios estatales y que el daño fue causado por un tercero, en este caso la guerrilla de las Farc”. Los demandantes también presentaron recurso de apelación, pues aspiraban a que se reconociera un monto más alto a reparar, entre otras cosas, porque, a su juicio.
Al explicar por qué se revocó la condena, el Consejo de Estado precisó que el deber que tiene el Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos no significa “que el juez de reparación no deba tener en cuenta las limitaciones que puedan enfrentar las autoridades, para evitar ataques como el que fue materia de este litigio”. Aclaró que, en este caso, “se probó la imprevisibilidad e irresistibilidad de los hechos que, dice, debían ser atribuibles exclusivamente a los integrantes de la entonces guerrilla de las Farc”.
La sala precisó que “la información que interceptaron los organismos de inteligencia sobre los planes del grupo armado señalaban como objetivos la sede del Congreso, alcaldes y legisladores, pero nunca se mencionó el Club El Nogal como posible blanco”.