Volvió la zozobra en las vías del país, donde los grupos armados siguen realizando acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública.
Un reciente hecho se registró este miércoles, 31 de mayo, en la vereda Río Blanco, del municipio Baraya, Huila, donde hombres armados quemaron un camión del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.º. 5.
Los sujetos habrían obligado a 18 uniformados del Ejército a descender del vehículo de forma violenta y bajo amenazas para incinerarlo. Asimismo, les hurtaron equipos de protección personal, material de comunicaciones y detectores.
Cabe destacar que el personal militar no portaba armamento por su labor humanitaria.
“Esta es una clara acción terrorista que viola los derechos humanos y las disposiciones del derecho internacional humanitario”, indicó el Ejército Nacional por medio de un comunicado, en el que manifestó que estas acciones terroristas podrían interrumpir la continuidad de las operaciones de desminado humanitario.
Asimismo, en la misiva fueron señaladas como posibles responsables del hecho criminal, las disidencias de las Farc ‘Darío Gutiérrez’, que opera en la zona donde se presentó el hecho.
Entretanto, uniformados de las fuerzas militares que tienen jurisdicción en el Huila, desplegaron operaciones para garantizar la seguridad de los pobladores.
Sobre el hecho, el diputado Carlos Ramiro Chavarro, indicó: “estos soldados estaban haciendo actividad de arrancar, desprender y levantar las minas quiebra patas que fueron ubicadas en el pasado en esta zona rural del municipio de Baraya. No solamente les quemaron el carro, sino que también les ordenaron regresarse y no volver”, dijo.
Chavarro agregó que rechaza contundentemente este nuevo acto que amedranta la institucionalidad. “La invitación que hacemos es rodear al Ejército colombiano, animarlos a que sigan en esta labor de preservar vidas humanas de los colombianos, y en este caso de huilenses. Por supuesto, demandamos nuevamente de las autoridades regionales, ¿qué estamos esperando? Se le debe solicitar al gobierno nacional un plan estratégico para el departamento del Huila, que preserve vidas humanas”.
El diputado aseguró que las advertencias están sobre la mesa, “hay confrontaciones en el sur del país, en el Caquetá, tenemos anuncios en el Putumayo y en otras zonas que son vecinas de este departamento, ya están haciendo presencia a través de extorsión, desplazamiento y otras actividades terroristas, ¿o nos vamos a quedar todos callados? Todos unidos debemos demandar del gobierno territorial que ejerza liderazgo para que no volvamos a los tiempos de no grata recordación de nuestra historia del departamento. Necesitamos un plan estratégico de seguridad para el Huila”, precisó.
Mientras que en el marco del foro de ‘Avances del Proceso Electoral’, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que la ciudad de Neiva ha sido recategorizada como “alto nivel de criticidad de atención” en el proceso electoral.
Asimismo, se propuso recategorizar siete municipios más del departamento de Huila, pasando de riesgo bajo a moderado, debido a la presencia de nueve grupos criminales.
Durante su intervención, la jefe del Ministerio Público resaltó la importancia de hacer un seguimiento y una vigilancia exhaustiva en la región, especialmente en Neiva, con el objetivo de garantizar unas elecciones transparentes y libres. Cabello Blanco hizo hincapié en la identificación de riesgos de seguridad política, entre ellos el constreñimiento, los delitos electorales y la violencia contra actores electorales.
Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Íquira, La Plata y Pitalito, son los siete municipios que serán recategorizados.
“En este sentido, estos municipios del departamento del Huila y, en especial, Neiva, merecen especial atención en el desarrollo de las jornadas electorales venideras para, así, garantizar unas elecciones transparentes y libres”, aseguró Cabello.
En su visita territorial a la capital huilense, la procuradora destacó la labor conjunta entre el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para prevenir la trashumancia electoral, es decir, evitar que los ciudadanos se inscriban irregularmente en municipios distintos a los de su residencia.