Con importantes envíos de carbón, Colombia es el país de América Latina que más exporta a Israel. En el año 2013 se firmó un Tratado de Libre Comercio que se volvió Ley en el año 2017. El acuerdo que ahora busca traer garantías de reciprocidad y equidad a las empresas que intercambien productos y mercados, entró a su examen constitucional con un interrogante difícil de responder. El tratado incluye una definición de territorio que para el gobierno no es diferente a la que en otras oportunidades se ha aplicado, como con la Unión Europea. No obstante, esta postura choca con analistas que consideran que las fronteras de las naciones pueden cambiar no solo por tratados de límites sino por la aquiescencia del Estado, por ejemplo, en declaraciones diplomáticas. Los críticos del TLC dicen que con esto Colombia estaría haciendo una concesión tácita a Israel, lo cual sería contrario al reconocimiento que Juan Manuel Santos hizo de Palestina como Estado poco antes de concluir su periodo presidencial. La Corte Constitucional citó a audiencia pública a la que asistieron los representantes de Colombia y Palestina. Aunque estaba invitado el embajador de Israel, Marco Sermoneta, este se excusó. En las intervenciones sobresalió la del canciller Carlos Holmes Trujillo quien señaló que el tratado tiene únicamente carácter comercial, en torno a intercambios mercantiles entre estados. "El único fin es regular el comercio bilateral, ninguna cláusula puede interpretarse con otro alcance. Así ocurre, por ejemplo, en cuanto a la forma en que los tratados de carácter comercial definen el carácter especial con una cláusula que en modo alguno supone el establecimiento o reconocimiento de límites¨, señaló. Para el ministro de Relaciones Exteriores, el hecho de no entrar a delimitar espacios físicos en un tratado no es una aplicación novedosa. "Solamente los tratados que delimiten fronteras tienen la capacidad de afectar el territorio", enfatizó. Durante su intervención, la cancillería argumentó que detrás de la controversia habría intereses políticos. Trujillo calificó de "altamente inconveniente" citar a los embajadores adversarios. "La tramitación de leyes aprobatorias de TLC es un asunto jurídico desprovisto de consideraciones políticas, en el que no deberían intervenir agentes políticos de otra naturaleza. Eso puede perturbar las relaciones diplomáticas", señaló.En medio de la controversia, la Procuraduría pidió declararlo exequible. “Las definiciones son herramientas de interpretación del tratado, siendo disposiciones que no suelen desconocer, en sí mismas, la Constitución”, dijo Laura Ospina, viceprocuradora auxiliar. El embajador de Palestina, Raouf N.A. Amalki, por su parte, aseguró que la definición de territorio del tratado es contradictoria y afecta los derechos del pueblo palestino. Para el diplomático incluir allí territorio que está bajo ocupación es inconstitucional, lo cual, de paso, obstruiría la posibilidad de firmar futuros acuerdos comerciales. “Es pertinente aclarar que no estamos frente a territorios en disputa, sino a una situación diferente y es una ocupación militar reconocida por la comunidad internacional y por decenas de resoluciones de la comunidad internacional”, indicó.De modo que la distinción entre territorios de Israel y de Palestina es “un problema mayor”, ya que al estar bajo ocupación Israel está haciendo una explotación ilegal de recursos naturales en territorio palestino, lo cual afecta sustancialmente el derecho de la autodeterminación de estos pueblos. Por esta vía, subraya Amalki, Colombia estaría estimulando esa expropiación de recursos por las colonias ilegales israelíes.El embajador también señaló que -teniendo como base el reconocimiento que hizo Colombia al Estado Palestino- a futuro quedaría frustrada cualquier negociación o tratado comercial entre las Palestina y Colombia. "No podría ser posible hacer dos tratados diferentes con dos Estados que definen para sí el mismo territorio”, puntualizó.¿TLC inédito? El internacionalista Jose Manuel Zárate, interviniente de la audiencia, contradijo la postura del canciller. Considera que en el documento hay una contradicción en la definición de territorio frente al reconocimiento de Estado que hizo Colombia a Palestina. El académico, negociador de acuerdos, el derecho internacional sí reconoce que las fronteras pueden cambiar no solo por tratados de límites sino por este tipo de declaraciones diplomáticas. En su intervención, Zárate subrayó dos definiciones que se aplicaron de manera inédita en este tratado y en el que Colombia se podría ver afectada. En específico señala que este es el único tratado en el que Colombia ha aceptado que el territorio es donde aplican sus normas arancelarias. Podría ser un peligro -dice Zárate- porque se dependería de una Ley interna de Israel para decir dónde aplica sus aranceles. “Esto tiene connotación constitucional y es que Colombia está consintiendo que los territorios son movibles. Estos temas son sensibles porque tenemos conflicto con Nicaragua y porque tenemos hace varios años con Venezuela que no hemos resuelto sobre el Golfo de Maracaibo”, señala el experto. También alerta porque en otro aparte define “inversionista nacional” como un residente de Israel. Esta postura no existe en otros tratados, y podría implicar que cualquier persona que se instale en Israel (sin importar su procedencia) podría demandar a Colombia. “Es frecuente que colombianos se instalen en Israel”, señaló el experto a modo de ejemplo. Junto a Zárate, otros voceros de la academia pidieron tumbar el TLC ya que se estaría desconociendo a la Asamblea y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reconocen que existe un conflicto de ocupación entre Israel y Palestina."En múltiples resoluciones vigentes, Naciones Unidas ha definido que Israel no puede establecer a Jerusalén como su capital, sin embargo, el texto del TLC se firmó en Jerusalén", aseguró la abogada Laura Rangel, investigadora de Cedetrabajo. Agregó que las Naciones Unidas y la comunidad internacional han exhortado a reconocer los límites establecidos en 1967 y han manifestado que Israel ha violado los derechos palestinos con ocupación y violaciones de derechos humanos.