Que la corrupción se haya colado al interior de las instituciones a cargo de proteger a los usuarios de salud, no es una noticia nueva para los colombianos. Sin embargo, cuando la Fiscalía capturó a Guillermo Enrique Grosso Sandoval, el hombre que fue puesto por el Gobierno para limiparle todos los males a Saludcoop, la EPS más grande de Colombia, algunos levantaron su voz para decir que esta crisis tocó fondo. Lo primero, es que la gestión de Grosso en el caso Saludcoop resultó deficiente a ojos de la Contraloría, que en informes de auditoría alertó por detrimentos patrimoniales y gastos injustificados, la misma enfermedad que llevó a la caída del imperio de Carlos Palacino. Aún así Grosso saltó a la presidencia de Cafesalud E.P.S., papel del que también salió con serios cuestionamientos fiscales. Ahora todo parece indicar que por fuera de lo público, Grosso no abandonó a sus contactos y comenzó un negocio que hoy lo tiene tras las rejas. En interceptaciones telefónicas reveladas por la Fiscalía, se da cuenta de cómo al parecer sostenía comunicación para negocios ilegales con Eva Katherine Carrascal Cantillo, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional.
Audio de Eva Carrascal contándole a Guillermo Grosso que su delegada tuvo una funcionaria corrupta que, al parecer, resultó siendo incómoda y quiere alertar de esa situación al Superintendente de Salud. Pero antes de hacerlo, le pide su opinión a Grosso, ya que esto implicaría que los investiguen a todos. En enero, Carrascal fue suspendida de su cargo por la Procuraduría, entidad que la tenía en el radar por los presuntos pagos que le estarían girando desde IPS y EPS para que los favoreciera en trámites. En una de las grabaciones se habla de pagos mensuales de entre 15 y 20 millones de pesos por haber puesto su cargo al servicio de EPS e IPS particulares en Córdoba y en La Guajira.
Jhon Alexander Colmenares Russi le cuenta a Guillermo Grosso que habló con Javier Peña. Este último le dijo que tenía un negocio de medicamentos en Sucre y Córdoba con Eva Carrascal.
Conversación entre Jhon Colmenares y Javier Peña. Dicen que Eva Carrascal solicitó 20 millones de pesos mensuales, al parecer, a cambio de servicios ilegales que ofrecía a prestadores de servicios de salud en La Guajira y Córdoba. Además, pide más ayuda económica por una incapacidad que tuvo en ese mes. Los interlocutores en las conversaciones son Jhon Colmenares, administrador de varias IPS de su grupo familiar, y Javier Peña, director médico de Cajacopi EPS. Desde comienzos de este año, el Ministerio Público le seguía la pista al pago de un apartamento con plata de las empresas de Colmenares Russi y de su madre Ofelia Russi Cervantes en favor de Eva Carrascal. Por este predio en el norte de Bogotá se desembolsaron 445 millones de pesos desde las firmas Medical Corporation S.A., Innovasalud S.A.S., Asersalud SAS, Dipromedicos SAS y la misma Russi Cervantes.
Colmenares habla con Eva Carrascal sobre pagos avalados por Javier Peña a la funcionaria por sus gestiones en el ente de control. Las cuentas habrían sido pagadas a cambio de agilizar los pagos de parte de Cafesalud a los centros médicos relacionados con la familia Russi. En poder de la Procuraduría está un certificado de ingresos para que a Carrascal le aprobaran la transacción del apartamento en el HelmBank, el cual fue firmado por Russi. Además, también hay mensajes de correo electrónico entre la funcionaria y Colmenares, adjuntando el contrato de leasing que se iba a sellar. Ahora, la Fiscalía les imputó cargos por estas mismo escándalo.
Como centro de todas las operaciones aparecía Carrascal, a quien la Procuraduría ordenó destituir de su cargo y meses después fue puesta tras las rejas como posible autora de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Esta imputación no fue aceptada por la exfuncionaria. Incluso, las autoridades tienen documentada la participación accionaria que tiene Carrascal a través de un tercero en una EPS. A raíz de esas grandes sumas de dinero que se le habrían desembolsado -se calculan más de 700 millones de pesos- hasta sus mismos socios, se referían a ella como "un barril sin fondo".
Grabación entre Guillermo Grosso con Jhon Colmenares. Se refieren a los dineros entregados y los exigidos por Eva Carrascal. Para los investigadores, durante el segundo semestre del 2016 y todo el 2017, Carrascal sería la responsable de entregar información privilegiada a particulares sobre información que reportaban las EPS a la Superintendencia; también de agilizar pagos de dineros adeudados por entidades territoriales y entregaba información sobre trámites de inspección y vigilancia a EPS y cajas de compensación a particulares; a su vez habría ofrecido servicios irregulares de asesoría a las entidades particulares.La Fiscalía compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador Luis Eduardo Díazgranados Torres, del partido Cambio Radical, y al exrepresentante a la Cámara por Boyacá Cristóbal Rodríguez, del partido de La U. En le caso de Díazgranados Torres se tiene información de que su esposa se desempeña como gerente de Cajacopi en Barranquilla.
Colmenares le comenta a Peña de la conversación que tuvo con un aforado constitucional. Dicha conversación hace referencia al proceso de extinción de dominio que le interesa al aforado surta de manera célere ya que teme que esto le perjudique la campaña. También se habló de reabrir unidades de Medimás en la Costa.Peña Ramírez, Grosso Sandoval y Jhon Colmenares Russi responden por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrece como coautores, utilización indebida de información oficial privilegiada y asesoramiento y otras actuaciones ilegales como determinadores. Peña Ramírez aceptó los cargos.