En Valledupar una joven fue asesinada cuando salía del gimnasio junto a sus padres. En Cali una anciana y su nieto fueron baleados por un sicario. En Obando (Valle) una pensionada del magisterio fue encontrada debajo de su cama con signos de degollamiento. En Medellín, a una jovencita la apuñalaron varias veces en el cuello hasta matarla, a otra la encostalaron y arrojaron en inmediaciones a la central minorista de mercado; y una mujer fue asesinada con su hija y el homicida luego prendió fuego al apartamento para ocultar el crimen. Todo esto ha ocurrido mientras los colombianos se enteraban de los detalles escabrosos del asesinato de la chilena Ilse Amory Ojeda, cuyo sospechoso principal es su novio colombiano. Lo más desgarrador de estos crímenes es que, si bien son hechos aislados ocurridos en Colombia, no se trata de una compilación judicial de un año, un semestre o un mes: son casos que sucedieron en menos de una semana. Es paradójico que el problema se visibilice aún más en la actualidad, justo cuando las estadísticas son favorables y los índices de esclarecimiento de feminicidios se encuentran en un 85 por ciento, según reveló la Fiscalía al resolver 41 de los 48 casos ocurridos en el primer trimestre del año. “La efectividad de investigadores y fiscales en la implementación de los protocolos para atender estos hechos y avanzar en las indagaciones ha permitido que en 20 de las 35 seccionales de la Fiscalía en el país, se haya esclarecido la totalidad de los feminicidios ocurridos”, dice un documento del ente investigador. Puede leer: Feminicdio a manos de una venezolano provoca xenofobia y control migratorio en Ecuador. A ello se suma que desde 2015 en Colombia entró en vigencia la Ley 1761, más conocida como Rosa Elvira Cely, que endureció las penas y prohibió los preacuerdos en el marco de la investigación y el juzgamiento. No obstante, varios sectores señalan que en el país hay una tendencia al alza de muertes violentas donde las víctimas son mujeres. Solo por citar un ejemplo, en los primeros cuatro meses de este año se han presentado 3.988 homicidios, de los cuales en 338 casos las víctimas son mujeres. Y de acuerdo con esas mismas estadísticas de la Fiscalía, este año ya van 75 feminicidios; 28 menos que en 2018. Ante esa realidad cabe preguntarse si las acciones violentas contra las mujeres están aumentando o se están visibilizando. Parte de la respuesta a esa pregunta la tiene el Observatorio Feminicidios Colombia (OFC), con sede en Medellín y que desde el año pasado monitorea todas las muertes violentas en el que las víctimas son mujeres. Lo hacen a través de un software que recopila los registros de prensa de 32 medios localizados en 28 de los 32 departamentos de Colombia, no tienen registros de Vaupés, Caquetá, Amazonas y Vichada, por la ausencia de medios locales, dijo Gloria Elena Castaño, historiadora y coordinadora de estadísticas del Observatorio. Castaño ha concluido que al cruzar las agresiones contra las mujeres y los territorios se encuentra que son “regiones de alto riesgo por fenómenos de violencia de grupos armados ilegales”. Castaño enfatiza que para el Observatorio todos los asesinatos de mujeres son feminicidios “y estamos trabajando arduamente por evitar que las tentativas queden registradas judicialmente como simples lesiones personales”. Le puede interesar: El feminicidio de una joven compositora que estremece a México y Costa Rica. Precisamente este año Antioquia ha sido una de las regiones con más feminicidios al registrar 21 casos entre enero y abril, la mayoría concentrados en Medellín, Bello, Itaguí, Sabaneta y La Estrella. De esos hechos se destacan que 12 mujeres fueron apuñaladas, cuatro mutiladas y una decapitada. Sin embargo, uno de los casos más escabroso en Medellín fue el asesinato de Doris Ligia Ochoa Jaramillo, de 60 años, y de su hija María Carolina Lariccie Ochoa, de 41 años, a quien un hombre mató en su propio apartamento y luego le prendió fuego para borrar las huellas homicidas. Esto, burlando todo el sistema de seguridad del edificio que exige contraseñas especiales para acceder a los apartamentos. Pese a que hay cámaras las autoridades no han encontrado al criminal por el que ofrecen 20 millones de pesos de recompensa. Hasta el momento la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aseguró que las mujeres conocían al asesino, que las habría atacado con arma blanca. Entre las pistas que tiene la Fiscalía para dar con el hombre es que una de las mujeres había interpuesto una denuncia por extorsión y existía un proceso de sucesión de un inmueble. Esa estela criminal se replica en el Valle del Cauca con 21 feminicidios registrados este año. De esos casos sobresale que media docena de ellos fueron cometidos en Cali. De esos hechos violentos se destaca el ocurrido el pasado lunes 6 de mayo cuando sicarios dispararon contra una mujer de 70 años de edad y su nieto de 38 años, “la señora falleció y el joven sobrevivió”, explicó el coronel Didier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, tras revelar que el acto sicarial ocurrió justo al frente de la casa de la víctima, en el barrio Colón. En otro hecho perpetrado esa misma semana en la capital del Valle, las autoridades investigan el asesinato de Mónica Patricia Arango Revelo, de 30 años; lo insólito de ese crimen es que no fue ejecutado por un hombre sino por otra mujer que al mejor estilo de los gatilleros sacó una pistola que llevaba escondida entre sus prendas y descargó varias ráfagas contra la víctima. La Fiscalía cree que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas que se disputan el control territorial para el expendio de drogas. Los vallunos también quedaron perplejos cuando conocieron del asesinato en el municipio de Obando, de la pensionada del magisterio, María Nery Franco, de 70 años, quien apareció muerta y debajo de su cama con un golpe en el rostro y una herida en el cuello, producida con un arma cortopunzante. Mientras tanto, en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) una jueza le concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Carlos Alberto Ramírez Muñoz, quien se entregó a las autoridades y confesó el asesinato de su exmujer Jenny Jiménez, licenciada en Pedagogía Infantil, argumentando que le era infiel. En el relato que el feminicida entregó a la policía, figura que la apuñaló varias veces y luego la golpeó en la cabeza con un cilindro de gas. En la decisión la jueza tuvo en cuenta que el procesado no tenía antecedentes penales y es padre cabeza de familia de dos hijos de 14 y 17 años; además, le concedió permiso para trabajar. Igual indignación hay en el Cauca por dos feminicidios y donde las víctimas son menores de edad. El más reciente fue el asesinato de Julia Morales Velasco, una adolescente de 15 años perteneciente a la comunidad Misak del resguardo indígena de Guambia, municipio de Silvia, Cauca. Ese crimen ocurrió el pasado domingo 12 de mayo en la vereda Ñimbe y de acuerdo con las versiones oficiales, el cuerpo fue hallado sin vida en un potrero cerca al río Piendamó, estaba desnudo y con un aparente golpe. Todo parece indicar que la menor al parecer presentaba signos de abuso sexual y violencia. Y esta semana pasada la Fiscalía capturó a Luis Javier Ruiz Díaz, como presunto responsable de la muerte de una menor de 11 años de edad, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. De acuerdo con la investigación, la niña fue reportada como desaparecida el 14 de mayo y al día siguiente su cuerpo apareció desmembrado, dentro de un costal. Según el dictamen de Medicina Legal, la menor murió por sofocamiento. Sumado a estos casos está el asesinato a manos de sicarios de la joven Ilina Guerra Solera, de 38 años, quien fue abaleada cuando salía de un gimnasio ubicado en el barrio Altos de Comfacesar, en Valledupar, en compañía de sus padre. El caso trascendió porque el periodista Gonzalo Guillén en su cuenta de Twitter trinó: “Andrés Alfonso Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, amenazó de muerte y de manera pública a Ilina Guerra durante el Festival Vallenato alegando infidelidad. Hace una hora la asesinaron con dos disparos en la cabeza”. Ese mismo día el joven Zuleta sacó un comunicado en el que dijo: “No solo rechazo por tendenciosa, irresponsable, deshonrosa y descabellada tal insinuación, si no que en próximas horas me pondré a disposición de las autoridades competentes para rendir las explicaciones que estas estimen necesarias, así como colaborar en todo lo que procure el esclarecimiento de este hecho”. Entre las 217 muertes violentas de mujeres que registró Medicina Legal durante el primer trimestre del año, había cinco casos con un antecedente escabroso: las víctimas eran niñas entre 0 y 5 años de edad.