Los investigadores de la dirección anticorrupción de la Fiscalía fueron claros en advertir que existía una organización criminal conformada por varios exempleados de la extinta empresa de telecomunicaciones Telecom que se unieron para defraudar a la entidad, incluso ahora cuando no existe. La Fiscalía estableció que, a través de un abogado, lograron conseguir el pago de una indemnización sindical; ese abogado fue objeto de imputación de cargos en los últimos días.

El abogado que fue imputado por el ente acusador representó al menos a cinco exfuncionarios de Telecom que vieron una oportunidad de obtener millonarios recursos a través de maniobras fraudulentas en la rama judicial y a través de una acción de tutela.

“Labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a una red criminal que estaría conformada por exempleados de la desaparecida Telecom, abogados y funcionarios judiciales que generaron pérdidas millonarias a la extinta entidad”, explicaron desde la Fiscalía.

El abogado, presunto implicado en todos estos hechos de corrupción, fue identificado como Carlos Torres Becerra y de acuerdo a las labores de investigación radicó una acción de tutela con el fin de exigir una millonaria indemnización en favor de sus clientes por pagos que no fueron incluidos, aparentemente en el proceso de liquidación y de terminación de sus contratos.

“El presunto articulador del andamiaje ilegal fue identificado como Camilo Torres Becerra. Este hombre fue el apoderado de cinco personas retiradas de Telecom, quienes presentaron una tutela para reclamar derechos sindicales y dineros que, supuestamente, no les fueron reconocidos durante el proceso de separación de sus funciones”, señaló la Fiscalía al informar al país sobre las audiencias de imputación de cargos en contra de este abogado.

En la red criminal no solo estarían los funcionarios de Telecom y el abogado que los representaba, también, según el ente acusador, fueron identificados funcionarios de la rama judicial y hasta un juez que el último día, antes de salir pensionado, tomo la importante decisión de reconocer más de 1.700 millones de pesos en favor de quienes radicaron la tutela.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que la tutela fue asignada con un acta falsa a un juez Penal Municipal encargado. El funcionario judicial, en su último día en el cargo, aceptó las pretensiones de los accionantes, indicó que fueron despedidos injustamente y ordenó pagar salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social”, aseguraron los investigadores del caso en las audiencias contra el abogado.

La Fiscalía supone que los 1.700 millones de pesos que obtuvieron los exempleados de Telecom se entregaron a través de un título judicial cuyo dinero, según manifestaron a través de un comunicado de prensa, no ha sido recuperado. “Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al señor Torres Becerra el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. El cargo no fue aceptado por el procesado”.

El juez implicado en este caso resultó condenado a 60 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.