El líder social Juan Alberto Guejia Peteche tuvo su último acto de valentía segundos antes de caer asesinado con disparos de gracia. Ante el inminente fallecimiento de él, su esposa y su hijo de 16 años, decidió enfrentarse decididamente a la muerte para tratar de rescatar una de las tres vidas: la del adolescente.
Con la fuerza que entrega el miedo y la desesperación de los instantes finales, burló las cuerdas con las que los tenían amarrados de pies y manos en la zona alta del Páramo de Pitayo, zona rural de Silvia, Cauca, y liberó a su hijo para que escapara. Solo le pidió correr y no mirar atrás.
Los captores, al percatarse del hecho abrieron fuego contra el prófugo, quien recibió una herida de bala en el brazo derecho, pero nunca se detuvo. Corrió hasta que la tristeza lo desbordó. Ya para entonces, sus padres estaban muertos. El joven alcanzó a escuchar los disparos. Cree que hubo un forcejeo. No duda que su padre se enfrentó a los hombres armados para tratar de persuadir su puntería.
A Juan y a su esposa los asesinaron con disparos en la sien y en la parte posterior de la cabeza, luego de tres días de secuestro. A los fallecidos los acompañaba una niña de siete años, nieta de Juan, a quien los captores prometieron respetarle la vida desde el momento en que los sacaron a la fuerza del resguardo indígena Nasa de Pitayo el pasado 15 de noviembre. La niña fue liberada el 20 del mismo mes, dos días después del asesinato de sus abuelos.
El joven de 16 años sobrevivió, porque su padre así lo decidió y dio su vida para eso. Juan era un reconocido sabedor ancestral indígena, también era comunero. Su único pecado fue ser la cabeza visible de su comunidad y plantarles cara a los violentos que quieren llegar a esas tierras para explotar los recursos naturales y conformar un corredor del narcotráfico que una al sur con el norte del Cauca.
Por ahora, nadie sabe a qué estructura pertenecen los asesinos de Juan y su esposa. Lo único cierto es que por esa zona patrullan las disidencias del Comando Organizador de Occidente, las mismas que han mostrado su deseo de participar de la iniciativa de paz total, y el ELN, estructura terrorista que recientemente reanudó diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan ya no existe más. Ahora es una cifra para el Estado y un recuerdo doloroso para su familia.
Según el Instituto para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, este comunero indígena fue el penúltimo asesinato de una lista de 168 líderes sociales masacrados en lo corrido de 2022. En los primeros ocho meses, antes de la llegada de Petro a la Presidencia, asesinaron a 112 líderes sociales –según Indepaz–, y durante el mandato del líder del Pacto Histórico han ocurrido 56 sucesos similares en tres meses. Es decir, cada dos días asesinan a un líder; sin embargo, contrario a otras épocas, no hay un escándalo mediático.
El baño de sangre no ha parado. Los números 166 y 165 que preceden a Juan en la lista de líderes sociales asesinados en 2022 son Querubín Mendoza y Jhony Rodríguez, quienes fueron secuestrados por más de 20 días en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, y luego hallados asesinados en un área montañosa de difícil acceso. Quienes se los llevaron llegaron hasta la reunión comunitaria que ambos líderes programaron en el sector Guacamayos y los sacaron a rastras, mientras amenazaban al resto de asistentes con armas de largo alcance. Ninguno de los dos tenía amenazas, solo contaban con una amplía visibilidad por su trabajo de reemplazar cultivos de uso ilícito por frutos legalmente permitidos.
Perfil de los asesinados
El perfil de los líderes sociales asesinados durante 2022 es calcado. La mayoría son personas de escasos recursos económicos, habitantes de zonas rurales, donde ejercen labores como presidentes de juntas de acción comunal, representantes de organizaciones sociales, coordinadores de proyectos sociales o miembros de cabildos indígenas, así como de comunidades afrodescendientes.
Por ejemplo, Carlos Andrés Posada, a quien asesinaron el pasado 14 de noviembre en la vereda Mandarinos, zona rural de Ituango, se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal y, aunque salió desplazado por amenazas de muerte, en julio de 2021 regresó con cuatro mil personas, todas víctimas del conflicto armado, a quienes lideraba en el proceso de retorno a sus territorios.
También adelantaba proyectos productivos y de infraestructura para su comunidad, pero todo eso quedó paralizado cuando el 14 de noviembre hombres armados entraron hasta la sala de su casa y lo atacaron con ametralladoras a quemarropa. La muerte de Carlos Andrés originó un nuevo desplazamiento en ese municipio antioqueño. Y tal parece que en esta escalada violenta, los líderes sociales no están a salvo ni en sus casas.
A Francisco Sarco Pipicay y Carlito Urágama Cano, miembros de la guardia indígena de la comunidad Embera Playa Bonita de Quibdó, Chocó, los asesinaron el 11 de noviembre también en la sala de su casa. Los comuneros compartían vivienda. Los hombres armados llegaron en la madrugada, balearon la puerta, entraron, hicieron arrodillar a Francisco y Carlito, luego les dispararon en frente de sus familiares. En las indagaciones preliminares de las autoridades reposa en el acta que “nadie vio, ni escuchó nada”.
¿Qué dice el Gobierno?
Contrario a lo que se creía, los 56 asesinatos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro no han sido el centro del discurso del mandatario, ni de sus ministros. Poco se ha hablado del tema, más allá del planteamiento de una paz total que cobije a diferentes actores de la violencia en Colombia. No obstante, mientras empieza a caminar con firmeza esa iniciativa de paz, aquellos que se acogieron al proceso de la Habana siguen siendo asesinados también. Según cifras de Indepaz, este año han matado a 38 firmantes excombatientes de las Farc.
Pero la escalada de violencia no es solo contra líderes sociales y excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz, en cuanto a las masacres, los números también muestran una tendencia de estos hechos durante el último año. En los primeros ocho meses de 2022 ocurrieron 61 masacres en Colombia y en los últimos tres meses se registraron 29 para un total de 90. Dos de las tres últimas fueron reportadas en Putumayo, departamento donde en menos de 30 días asesinaron a 25 personas en tres eventos de homicidios grupales.
El presidente Petro reseñó que lo que está ocurriendo en ese departamento es una disputa armada a gran escala entre estructuras al servicio del narcotráfico.
“Miren lo que vimos en Putumayo, ¿ustedes creen que esos son los conflictos de una guerrilla política que quiere tomar el poder nacional y hacer una revolución? Lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas Farc, masacrándose de una manera tan dantesca”, dijo el mandatario al referirse al asesinato de 18 personas el pasado 22 de noviembre.
Mientras el Gobierno reparte responsabilidades entre los criminales, en las regiones apartadas continúa el baño de sangre. La espiral de violencia avanza hacia unos números alarmantes que parecen no tener dolientes, más allá de los familiares y allegados de los muertos.