La Superintendencia de Transporte expidió recientemente una circular en la que hace un llamado a autoridades locales para que apliquen las sanciones correspondientes en materia de tránsito y transporte, sin importar si los sancionados son empresas de transporte, propietarios, conductores o quienes presten un servicio no autorizado o en vehículos no homologados.
La entidad supervisora aclaró que el servicio público de transporte es regulado, vigilado y controlado por el Estado, por lo que este debe ser prestado por “empresas legalmente constituidas y debidamente habilitadas por las autoridades competentes, con vehículos homologados y registrados en dicho servicio”.
Y aunque quienes incumplan esta norma se exponen a una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, la entidad aclara que la magnitud del problema obliga a que el uso de este instrumento de control “sea evidente y profuso, pero, sobre todo, a que no se limiten a él las estrategias para hacer frente al fenómeno”.
Por eso, el vocero del gremio de taxistas, Hugo Ospina, explicó en SEMANA que los ojos de las autoridades están sobre aquellas personas que, bajo gravedad de juramento, dicen que no trabajan con dichas plataformas de manera ilegal, sino que estaban transportando a algún familiar.
Sin embargo, Ospina dice que en algunos casos la Policía sabe, por medio de la Dian, quiénes pagaron impuestos con dichas plataformas y que algunos conductores de estos servicios “dicen falsedades en Movilidad, y hacen incurrir en error a los ciudadanos”.
Para el líder taxista, según el artículo 453 del Código Penal, “el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años”.
Vale la pena recordar que hace unas semanas, en entrevista con SEMANA, Ospina explicó que las plataformas de movilidad en Colombia ya son legales, por lo que no se puede legislar sobre la misma materia en el Congreso de la República.
“Es que debemos informar bien a los colombianos porque las plataformas ya están reglamentadas, las plataformas de movilidad ya están legalizadas por el Congreso. Esa Ley 1753 le dio seis meses al Ejecutivo y por eso se sacó un decreto en 2015 donde se reglamentaron los requisitos. En ese momento el Ministerio de Transporte debía hacerlo y quedó claro que no se podía prestar servicio público de pasajeros en vehículos particulares”, dijo el líder de los transportistas.
Según Ospina, 24 empresas de tecnología en Colombia pidieron los permisos del Estado para operar cuando se abrió ese, pero las extranjeras no quieren respetar el ordenamiento jurídico. “Uber siempre ha dicho que no le sirve la norma porque presta el servicio en carros particulares y quiere una ley sastre como se ha hecho en otros países, ese es el problema”.
Agregó que: “El problema no son las plataformas, el problema son las empresas extranjeras que no quieren respetar. El servicio público será prestado por empresas de transporte”.
Por esa razón, dijo que le parece extraño que se haya anunciado un acuerdo para llevar más adelante un proyecto de ley al Congreso y pidió al Ministerio de Transporte aclarar esa situación.
“Allá no van a legalizar nada, que no nos digan mentiras. El ministro de Transporte debe aclarar porque acá no se está peleando la legalización de Uber. La tecnología existe mucho antes de Uber, en 2010 ya había aplicaciones de movilidad. Si van a acabar con los taxis que nos digan”.
El asunto de fondo para los taxistas, según lo expuesto por Ospina, es que Uber presta un servicio ilegal, ya que los carros particulares no pueden prestar servicio público y por eso se debe respetar el ordenamiento jurídico por parte de las empresas extranjeras.
“El Estado debe proteger la industria nacional. Presidente Petro, usted que es tan amante de lo nacional, debo decirle que hay empresas extranjeras que quieren hacer lo que quieran en Colombia. Al Gobierno le digo que ya las plataformas están legalizadas, no les mientan a los conductores de Uber”, acotó.