Un juez de garantías avaló este lunes el acuerdo entre Natalia Trujillo Nova y la Fiscalía. En la negociación, como lo reveló SEMANA hace un mes, se compromete a declarar contra varias personas que, como ella, fueron señaladas de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo, célula delincuencial a la que se le acusa de detonar varias cargas explosivas en Bogotá entre 2015 y 2017, entre esas la bomba que mató a tres mujeres en el centro comercial Andino. SEMANA conoció los detalles del principio de oportunidad que Trujillo negoció con la Fiscalía para entregar su confesión, y de paso explicar el papel de otros nueve sindicados de la célula radical, y su participación en diez ataques en Bogotá y Pereira entre 2015 y 2017. Allí se planteó que la potencial testigo señalaría a miembros de la organización hasta ahora no identificados por las autoridades.
Natalia Trujillo estudió en la Universidad Nacional. Allí conoció a los otros jóvenes sindicados de pertenecer al MRP, un grupo clandestino urbano estrechamente vinculado al ELN. Tras graduarse, trabajó en una organización no gubernamental dedicada a atender asuntos de género y luego pasó a otra, de alcance internacional, enfocada en asuntos de la niñez. En ese puesto llegó a tener incluso cercanía con varios fiscales, con quienes buscaba acuerdos en casos de adolescentes que habían cometido delitos. Según la Fiscalía, Trujillo compartió vivienda con Boris Rojas, a quien sindica de ser el líder del MRP. Ella, presuntamente, habría participado en varias actividades, desde repartir panfletos y propaganda hasta detonar explosivos de bajo poder en sedes de la Dian o Saludcoop. En esos ataques se habría ocupado de hacer inteligencia, de acuerdo con la Fiscalía. Se disfrazaba y se metía en los objetivos. Recopilaba información sobre los recorridos de la Policía, la ubicación de las cámaras, los puntos ciegos para la vigilancia. Trujillo, supuestamente, habría viajado a campamentos del frente de guerra nororiental del ELN en Arauca y La Guajira. Las pesquisas apuntan a que allí habría recibido entrenamiento militar e impartido instrucción académica a los guerrilleros. En este punto, las actividades delincuenciales del MRP habían alcanzado un mayor grado de sofisticación. Y entonces, según los investigadores, la célula planeó el ataque al Andino. En este caso, Trujillo habría sido una de las mujeres que, en un café internet del sur de Bogotá, descargaron los planos del centro comercial que el grupo usó para fraguar el bombazo. Las cargas explotaron en un baño del Andino en la tarde del 17 de junio de 2017. Tres mujeres murieron y nueve personas más sufrieron heridas. Pronto, las autoridades identificaron a los sospechosos, a quienes ya venían siguiendo por los atentados previos. En los días posteriores los capturaron en Bogotá y en un balneario en Tolima. Entonces comenzó el caso en los estrados. Durante meses, ninguno de los sindicados mostró alguna intención de colaborar con la Justicia. Pero eso empezó a cambiar en agosto de 2018. Trujillo y otros de los implicados salieron de la cárcel por vencimiento de términos. Pero su libertad duró pocas horas, pues los recapturaron por una nueva orden judicial. Ese regreso al encierro afectó profundamente a Natalia. Entonces pidió traslado de El Buen Pastor a otra prisión en una ciudad cercana a Bogotá. Así se alejó de las otras sindicadas del MRP mientras empezaba a acercarse a la Fiscalía.
El pasado 18 de septiembre, la Fiscalía separó su proceso por rebelión de los expedientes del resto de los sospechosos. El ente acusador negoció con Trujillo para que aceptara ese delito. A finales de octubre recibió una condena a 47 meses de cárcel. Pero aún tenía pendientes los cargos más graves: homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. Trujillo y la Fiscalía acordaron que cesaría la acción penal por estos delitos, es decir, no tendría que pagar cárcel por ellos a cambio de que entregara información para esclarecer diez hechos violentos en los que participó el MRP y de que declarara contra los nueve sospechosos. La Fiscalía aseguró en un principio de oportunidad que Trujillo podría “constituirse en una potencial fuente de información privilegiada que permitirá desarticular una organización subversiva”. Y lo justificó exponiendo su posición dentro del MRP: “Conoce la organización liderada por Boris Rojas, su ‘modus operandi’ y varios de sus integrantes, que fueron en su debido momento vinculados a las dos causas penales; así como la participación de cada uno de ellos dentro de la estructura criminal”. El ente también hizo un bosquejo de la información que Trujillo podría entregar. “Como complemento de lo trascendental y determinante del testimonio de esta persona, es necesario resaltar que desde el año 2011 compartió casa de habitación con el señor Boris Rojas, encontrándose en condiciones de expresar si esta persona en su casa portaba armas de fuego y explosivos, en qué época, qué cantidad, en dónde lo escondía o camuflaba y si realizaba desplazamientos a las áreas campamentarias del Ejército de Liberación Nacional, para qué fecha, a qué lugares (…)”.
Con el aval del juez al acuerdo, Trujillo se convertiría en testigo en contra de sus supuestos compañeros del MRP. La mayoría de los sindicados quedaron libres hace una mes, por vencimiento de términos, luego de que cumplieran casi tres años en prisión, sin que sus procesos avanzaran.