El país atraviesa por una crisis social y económica sin precedentes, y las familias en situación de vulnerabilidad son las que más han resultado afectadas. Los estragos de la pandemia de la covid-19 han sido devastadores para miles de colombianos y las cifras indican que hay más de 20 millones de colombianos en situación de pobreza.

Por esa razón, al Congreso llegó una reforma constitucional que busca implementar como derecho fundamental el no tener hambre y la iniciativa ha ido avanzando positivamente. La plenaria de la Cámara aprobó en cuarto debate esta iniciativa que ya cumple con la primera vuelta y en marzo del otro año continuará la discusión.

La iniciativa contó con el respaldo mayoritario de los partidos políticos aunque quedaron planteados varios interrogantes que serán resueltos a lo largo de la discusión de la iniciativa. De fondo, una de las preocupaciones es sobre el concepto de soberanía alimentaria que se incluyó en el articulado y por eso la senadora Maritza Martínez aseguró que ese tema se puede debatir más adelante y resaltó la importancia de que los ciudadanos tendrían acceso, por ley, a las tres comidas diarias.

“El núcleo duro de este proyecto es defender a los niños, a los ancianos, a las mujeres y hombres que aguantan hambre física en este momento, en un país que estaba acostumbrado a tener garantizadas sus tres comidas y que hoy no las tiene”, dijo la vicepresidenta del Senado Maritza Martínez.

Indicó que lo que se pretende es que el Estado tenga la obligación de desarrollar políticas públicas que ayuden a hacer frente a la situación que vive el país en materia de inseguridad alimentaria. “Un país que ha visto incrementar el hambre en los niños, eso es una forma de violencia atroz que no podemos desconocer”.

Según la congresista del partido de la U, los colombianos contarán con herramientas para hacer exigible este derecho y de esta manera combatir este mal que tanto daño le hace a toda la humanidad: el hambre.

“Hoy no existe en Colombia una norma que permita garantizar y hacer exigible el derecho de cualquier persona a estar protegida contra el hambre y la desnutrición. Con este proyecto lo que se pretende es establecer esa garantía, con la cual pretendemos que se desarrolle un marco de iniciativas que permitan abordar este flagelo y que complementen estrategias como las establecidas en la Ley 1990 de 2019 – Política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos – entre otras. Asimismo, establecer esta garantía dentro de la Constitución Política permitirá que los ciudadanos puedan acudir ante los jueces para que les tutelen el derecho que les asiste y, por el mecanismo que se considere más expedito y apropiado, puedan contar con dicha protección”, dijo al congresista.

El representante Juan Carlos Losada, ponente de la reforma en la Cámara impulsó el avance de la iniciativa argumentando que se debe mitigar el impacto del hambre en el país y justificando la necesidad de acabar con este flagelo.

De acuerdo con la última encuesta Pulso Social del Dane, el 76,2 % de los hogares colombianos, a junio de 2021, al comparar su situación económica actual con la de hace un año, tienen mayores dificultades para comprar alimentos, ropa, zapatos y productos de primera necesidad ante lo cual los más afectados son los niños, niñas y adolescentes.

Según cifras también del Dane, en junio de 2021, solo seis de cada 10 hogares colombianos tuvo acceso a las tres comidas diarias, es decir el 66,2%. Lo anterior se traduce en que el 33,8 % de las familias no pudo hacerlo de manera plena.

Ahora esta reforma pasará a su quinto debate en el Senado. En caso de que se superen los ochos debates, el Estado estaría obligado a garantizar a los colombianos el acceso a los alimentos básicos para una buena alimentación.