El tema del examen a los notarios ha sido motivo de polémica recurrente en los últimos 17 años en el país, desde cuando lo ordenó la Constitución de 1991. Y lo paradójico es que ahora, cuando por primera vez se ponen a prueba los depositarios de la fe pública, es poco o nada lo que se ha divulgado de sus resultados, que son realmente sorprendentes.En Bogotá, por ejemplo, se rajó en el proceso el 46 por ciento de los actuales notarios. Es decir, de los 76 cargos que estaban en juego, sólo 41 notarios mostraron ser más competentes que el resto.Cinco empleados de notarías demostraron gran nivel y están prácticamente listos para 'correrles la butaca' a sus jefes. Es el caso de Juan Carlos Vargas, quien tiene el puntaje más alto del país, cuando aún faltan por conocerse resultados de Cali. Es asesor de la notaría 35, la de Beatriz Sanín Posada, hermana de la embajadora Noemí, quien también pasó el examen con un alto puntaje.El oficio de los notarios no existe en muchos otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, no es un privilegio de algunos sino una función que pueden ejercer todos los abogados. En Colombia salta de cuando en vez a las primeras páginas de los periódicos porque es percibido como uno de los puestos burocráticos más apetecidos para que el gobernante de turno pague favores políticos.El más reciente episodio fue el de la llamada "notaría de Teodolindo", la cual, según la ex congresista Yidis Medina, le fue otorgada por el gobierno a su colega Teodolindo Avendaño como pago por no haber votado en contra de la reforma a la reelección en 2004. Según la propia Yidis, Teodolindo 'vendió' la notaría luego por 450 millones de pesos.Entre la lista de los notarios a los que el puntaje no les alcanzó para mantener su 'curul' están varios conocidos en los círculos políticos y sociales de Bogotá. Entre estos están Ximena Ospina Duque, hija de la ex ministra de educación conservadora Olga Duque de Ospina; César Negret Mosquera, ex gobernador de Cauca, socio político de Germán Vargas Lleras, y Mauricio Eduardo García Herreros, miembro de una familia que se ha visto beneficiada con otras notarías. También perdió el examen Luis Camilo O'Meara, el notario del escándalo de la Yidis-política. La responsabilidad del concurso recayó sobre el Consejo Superior de carrera notarial (integrado por el ministro del Interior, el Procurador, el Superintendente, dos notarios de carrera y los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado). Se diseñó un concurso con un puntaje máximo de 100 puntos: 40 por el examen de conocimiento, 35 por la experiencia, 10 por la entrevista, 10 por posgrados y 5 por algún libro publicado. Una vez estuvieron las reglas claras, se dio la partida con 14.655 personas que se inscribieron para competir por las 865 plazas disponibles en el país Y ahí comenzó el vía crucis. Después de la verificación de datos, menos de la mitad de estos fueron llamados a presentar el examen, el 22 de julio de 2007. Cuando se empezaron a conocer los resultados del examen llovieron más de 200 demandas en todo el país. Algunos alegaban que las preguntas estaban mal formuladas. La complicación se superó, hace 15 días, cuando el Consejo de Estado negó las demandas.Finalmente, 2.362 aspirantes alcanzaron el puntaje mínimo para seguir en el proceso. Y vino el turno de las entrevistas, que obligan al Procurador, los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y el Ministro del Interior, a pasar largas jornadas en cada ciudad para calibrar la calidad de los aspirantes.Pero faltaba una última sorpresa. La juez cuarta administrativa de Ibagué ordenó que sólo los libros con derechos de autor registrados se podrían tener en cuenta para otorgar los 5 puntos. En las bases del concurso no estaba claro ese punto, así que el Consejo Superior apeló y ahora está a la espera de lo que determine el Tribunal Administrativo de Ibagué. Como los resultados están muy apretados, los 5 puntos en veremos son determinantes. En el caso de Bogotá, si se exige el registro de derechos de autor, podrían cambiar los resultados para ocho notarios.El presidente Uribe debe comenzar a nombrar a los que sacaron los más altos puntajes y no tienen en riesgo su puesto por la querella en Ibagué. Los demás tendrán que esperar hasta octubre. Para entonces se podrá decir que como en el caso de la justicia, la meritocracia cojea pero llega.