La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dijín de la Policía Nacional, logró desarticular una peligrosa red criminal conocida como Caravana, dedicada al tráfico de migrantes. Este grupo, conformado por un clan familiar y otros individuos, se habría asociado para contactar a ciudadanos extranjeros y proporcionarles toda la logística necesaria para llevar a cabo salidas ilegales hacia Centroamérica.
En una serie de operativos simultáneos realizados en las ciudades de Pasto (Nariño), Popayán (Cauca), Medellín y San Andrés Islas, se logró la captura de 11 presuntos miembros de esta organización.
Las pruebas recopiladas por el ente acusador indican que Caravana utilizaba redes sociales y grupos privados de WhatsApp para reclutar a migrantes en situación irregular en el país y ofrecerles “paquetes” que incluían transporte, alojamiento, alimentación, boletos aéreos, documentación falsa y traslados marítimos hacia Panamá y Nicaragua. Para llevar a cabo estas actividades, al parecer, utilizaban tres rutas distintas:
- Ipiales - Popayán - Cali - Buenaventura - Panamá.
- Ipiales - Medellín - Necoclí - Panamá.
- Ipiales - Medellín - San Andrés Islas - Nicaragua.
La Fiscalía determinó que el transporte terrestre se realizaba a través de taxis y vehículos particulares, cuyos conductores presuntamente formaban parte de la organización. También se descubrió que los extranjeros que pagaban por salir desde San Andrés eran alojados durante algunos días en apartamentos ubicados en el Valle de Aburrá, y luego eran llevados al aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, para volar hacia el archipiélago, ingresando con documentos falsos y aparentemente con la ayuda de un funcionario de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre).
De esta manera, se estima que los Caravana habrían facilitado la salida irregular de ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos, ecuatorianos, asiáticos y africanos desde diciembre de 2021 hasta mayo del presente año.
Entre los 11 detenidos se encuentran Anderson Giraldo Pérez, su hermano Jhon Freidel Espinal Pérez, y su madre Alba Luz Espinal Pérez, quienes se cree que son los principales cabecillas de esta red criminal. Durante la investigación, se descubrieron grabaciones de audio en las que presuntamente daban instrucciones a transportistas y otros posibles cómplices, así como mensajes para generar confianza entre los migrantes acerca de la seguridad y el éxito de los traslados.
Otra de las personas arrestadas es Víctor Hugo Hooker Martínez, inspector de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), quien supuestamente facilitaba la entrada irregular de extranjeros a San Andrés y obstaculizaba el ingreso de otros migrantes que no eran enviados por Caravana.
Los demás detenidos desempeñaban diferentes roles relacionados con el transporte terrestre y la logística.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos formuló cargos contra los presuntos miembros de esta red ilegal, imputándoles los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos.
Por orden de un juez de control de garantías, Anderson Giraldo Pérez y su hermano Jhon Freidel Espinal Pérez deberán permanecer en detención preventiva en un centro penitenciario. Por otro lado, Alba Luz Espinal Pérez, el funcionario de la OCCRE y otros dos implicados cumplirán detención domiciliaria en sus respectivos lugares de residencia. Los demás continuarán vinculados a la investigación en curso.
Cabe recordar que en lo que va de este año, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 97.624 migrantes que han atravesado el también llamado Tapón del Darién. Estos datos de flujo migratorio irregular dan cuenta de que la mayoría de personas son de origen venezolano (35.774), les siguen habitantes de Haití (24.767), ecuatorianos (15.386), incluso hay registro de personas provenientes de China (4.408) e India (2.689).