El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que en la actualidad se adelantan varias investigaciones por la presunta explotación sexual de mujeres y menores de edad de comunidades indígenas en el departamento del Guaviare. Frente a esto aseguró que se ha podido establecer que se han presentado graves omisiones para atender esta situación por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales, hecho por el cual se tomarán acciones de fondo.
Desde Guaviare, el jefe del ente investigador afirmó que es evidente que se han presentado vacíos y omisiones en la atención de estos casos. “Hay que llamar la atención que las violaciones de derechos humanos en este país no son culpa ni de la Fiscalía ni de la Defensoría del Pueblo, son culpa de la falta de prevención del Gobierno nacional, departamental y local”.
Por esto, anunció que se investigarán a cada uno de los funcionarios que no cumplan con sus labores. “Hemos establecido que existen, según las carpetas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inspeccionadas en la Fiscalía 378 casos entre el 2018 y 2020, de indígenas mujeres que han sido víctimas, en algún sentido, de violencia sexual”.
Estas cifras serán cruzadas con las que tiene la Defensoría del Pueblo y el Spoa de la Fiscalía frente a estos hechos y de encontrarse que hay diferencias significativas, se entrará a evaluar si los funcionarios encargados no tomaron cartas en el asunto para poner de presente la situación como se lo ordena la ley: “Sí hay algún vacío, iniciaremos procesos penales respectivos por prevaricato por omisión contra los respectivos funcionarios”.
“Si se demuestra negligencia en la atención de las víctimas de estos delitos por parte de las autoridades municipales, departamentales y policiales se iniciarán las investigaciones necesarias por los respectivos prevaricatos por acción”. Esto teniendo en cuenta las denuncias que se han presentado en los últimos meses por los habitantes de la zona,
En San José del Guaviare se adelantará una investigación, con un fiscal especial designado, para establecer si hoteles y bares están siendo utilizados para la explotación sexual de menores y mujeres indígenas. “Contra estos inmuebles se actuará con toda la ley y se verán afectados con acciones de extinción de dominio”.
La situación del Guaviare se complica si se tiene en cuenta que son comunidades nómadas, las cuales andas en constante movilización por el territorio por la violencia y otros factores. “Es una comunidad particular”. Barbosa indicó que “Medicina Legal atenderá de manera inmediata los actos urgentes en articulación de los médicos rurales que serán capacitados” para atender estos casos.
Desmiente informe periodístico
“No hay derecho, no es sobre la base de la construcción de ficción”. De esta manera, el fiscal Francisco Barbosa arremetió contra la cadena de noticias Univisión luego de que este medio publicara información sobre supuestos abusos contra menores indígenas en Guaviare.
Según el fiscal general, no es cierta la historia que señala que un militar estadounidense estaría involucrado en supuestos abusos sexuales a menores de edad indígenas en el Guaviare y que implicarían a uniformados colombianos y a población civil de este departamento.
La información se conoció semanas después de haberse publicado la investigación periodística ‘La ley de la selva’, encabezada por el periodista Gerardo Reyes, quien le contó detalles de esta situación a SEMANA.
Según Reyes, el panorama en San José del Guaviare, capital del departamento, por cuenta de esta problemática es “angustioso” y “descorazonador” y una de las razones que agravan la situación es que las investigaciones por parte de las autoridades colombianas poco avanzan. En esta problemática estarían siendo víctimas indígenas Nukak Makú y Jiw, especialmente.
“Allí existe la creencia cultural, dentro de estas comunidades indígenas, de que las niñas después de que tienen la menstruación, ya gozan de libertad sexual y los padres no intervienen en eso. Ahí ya empieza el choque cultural, porque eso en la ley colombiana es violación, pero para ellos es libertad sexual”, le dijo el comunicador a esta revista.
Sin embargo, Barbosa fue contundente en señalar que, incluso el elemento de poner en la historia a un militar, no es la manera de hacer periodismo: “hay que decirlo con claridad, mañana dirigiré esa carta al presidente de Univisión. Se sostuvo reuniones con antropólogas. Y respecto a las declaraciones de una fiscal seccional, hay que decir que las preguntas y respuestas fueron por casos generales, y hay otro por un caso de 2019. Pero no existe el caso de una niña abusada por un militar de Estados Unidos, se revisaron carpetas y no hay casos similares. No se ha encontrado nada, repito, nada. No hay derecho a que se ensañen con Colombia”, dijo el jefe del ente investigador.
El fiscal explicó que, sí es cierto que en Colombia sí existen violaciones a los derechos humanos, pero lo que no puede ocurrir es que se construyan falsas narrativas para desprestigiar la institucionalidad y la seriedad de la Fiscalía General que viene avanzando en investigaciones sobre varios casos.