Barranquilla y el resto de municipios del Atlántico conviven con un enemigo silencioso. Cada día se conocen más casos y modalidades de extorsión en esta zona del país. La copa parece haberse rebosado y las mismas autoridades han pasado de una negación rotunda del flagelo a campañas contra este tipo de criminalidad. El miedo, sin embargo, sigue reinando entre los comerciantes, dueños de fincas y la comunidad en general.
Ponerle nombre propio a la situación es complicado; nadie quiere hablar abiertamente. “Aquí todos pagan para evitar males mayores. Las represalias ya las conocemos”, cuenta el dueño de un modesto restaurante en la playa de Puerto Velero, que prefiere el anonimato. Pero en lo que va del año ya se han registrado tres modalidades diferentes de extorsión. El detonante principal fue un ataque con granada el pasado 12 de enero, en el centro de Barranquilla, que dejó a 14 personas heridas.
La reacción en este caso fue rápida, y fueron capturados cuatro hombres señalados de ser los autores materiales y de pertenecer a un grupo de la banda los Costeños, liderado por Joel Zerpa Brito, alias Tommy Masacre, y Esnéider González Malo, alias Cachetes, quienes en el momento del atentado estaban detenidos en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar.
El mismo Tommy Masacre fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato del tendero Gerardo Reyes Vega el 24 de febrero de 2020, después de que este denunció ser extorsionado. Lo mataron en su propia tienda del barrio Chiquinquirá.
La investigación del 12 de enero determinó que el atentado iba dirigido contra dos comerciantes, a quienes exigían 120 millones de pesos, lo que puso en evidencia lo que viven muchos pequeños y medianos negocios. Una semana después, un médico del municipio de Santo Tomás, en el oriente, fue víctima de una nueva modalidad denominada falso servicio, en la que los criminales citan a profesionales en sitios alejados con la excusa de contratarlos para un trabajo o un negocio, y luego reducirlos, retenerlos y aprovechar este tiempo para exigirles dinero a sus familias. En este caso pidieron 300 millones de pesos, pero denunciaron y fue rescatado.
La zona costera que corresponde a los municipios de Tubará y Juan de Acosta empezó a vivir en los últimos años, por fin, un florecimiento del turismo. Sin embargo, la pandemia y ahora la extorsión le han dado un pare que va a necesitar de mucho esfuerzo para ser superado. El comandante de la Policía del Atlántico, coronel Hugo Molano, reconoció que algunos comerciantes de estos dos municipios han recibido llamadas extorsivas; sobre todo en sectores como Puerto Velero, Centro Poblado, Caño Dulce, Nueva Esperanza y Villa Palmarito. Y que también se están presentando en Palmar de Varela, un pueblo del sur, y en el corregimiento de Paluato, en Galapa.
Este año aún no ha sido publicado un balance. No obstante, a finales de 2020 habían sido capturadas 40 personas por extorsión y secuestro en municipios como Soledad, Sabanagrande, Malambo, Sabanalarga, Puerto Colombia, Suan, Piojó y Galapa.
Luego del atentado de enero, la policía anunció que enviaría un grupo de diez de los mejores investigadores del Gaula Élite para Barranquilla, junto con dos fiscales especializados. La tarea es elaborar un mapa de la extorsión con sitios, frecuencias y hasta horas en las que se viene registrando; así de grave es el panorama. El mismo Gaula estableció que en varios sectores del sur de la ciudad los tenderos pagan cuotas diarias de entre 5.000 y 20.000 pesos bajo el amenazante compromiso de “dejarlos trabajar”.
Para Luis Trejos, investigador de la Universidad del Norte, hay dos hipótesis sobre el incremento de este tipo de criminalidad en el Atlántico. La primera es la continua negación de la presencia de actores armados en el territorio por parte de las administraciones, lo que limita el dispositivo de seguridad que se despliega en la zona; y la otra es que las víctimas muchas veces no denuncian por percibir que la respuesta institucional no es efectiva, lo que las lleva a gestionar directamente su situación de inseguridad.
Esta semana, la policía intensificó la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, que, con visitas puerta a puerta, explica la ruta a seguir para denunciar. Una estrategia usada antes y que, por lo visto, no ha tenido buenos resultados, porque el miedo y las amenazas parecen ser más fuertes y hacen que la gente prefiera pagar antes que exponer a su familia.