El exsenador Armando Benedetti llegó en la mañana de este lunes 30 de octubre a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por las preguntas irregularidades en la contratación que se presentaron en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que hoy se denomina EnTerritorio.
Benedetti manifestó que, pese a que presentó una incapacidad médica ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana, esta insistió en convocarlo para que rindiera indagatoria.
“A mí el sábado pasado me extirparon un políporo cancerígeno de 5 centímetros. Yo le había pedido a ella que me diera un plazo porque me citó en menos de 72 horas. No lo quiso hacer, me pasó de los viernes para el lunes, hoy aquí estoy convaleciente, el médico me dijo que tenía que estar 3 o 4 días acostado, no llevo ni dos y estoy aquí parado. Eso es para que usted vea el delirio furioso que tiene ella por perseguirme”, dijo Benedetti.
“Yo de verdad no sé qué hacer ante ese delirio furioso, frenético y hasta loco y demente que tiene ella conmigo”, agregó el exsenador.
El exembajador de Colombia en Venezuela insistió en que no entiende cuál es la persecución de la togada.
“Ya yo la acusé disciplinariamente, ya la aceptaron, ya la recusaron y yo no sé qué hace llamándome todo el día. Ya está recusada, ya se sabe que ya tiene un interés, un odio, casi que perverso”, dijo Benedetti.
Sobre el proceso judicial por el que es investigado y por el que la magistrada lo citó a rendir indagatoria, Benedetti insistió en su inocencia.
“Esto es una denuncia de Jaime Lombana, mandaba a hacer por Vargas Lleras y el exfiscal Néstor Humberto Martínez, esto es una emboscada más, donde no hay ni un testigo ni una prueba”, aseguró.
Benedetti es investigado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos hacen referencia a las irregularidades que se habrían presentado en la celebración del contrato que tenía como objeto garantizar el bodegaje, la custodia y la actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo del Fonade. Se le entregó a una empresa que, según la investigación, no cumplió los requisitos definidos en la convocatoria ni entregó la póliza para la firma de ese contrato. Aun así, terminó ganando.
En mayo de 2022, la Fiscalía General le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos a Hernán Emilio Mejía, exfuncionario de la entidad, y a Juan Carlos Santofimio, quien era el representante de la empresa Certicámaras por este mismo caso. La tesis del ente investigador es que se diseñó un contrato de tal manera que la empresa Certicámaras fuera seleccionada por el extinto Fonade para que le fuera adjudicado el contrato.
Según la Fiscal del caso, uno de los testigos, llamado Jorge Henao, dijo que Certicámaras fue, supuestamente, recomendada por el senador Armando Benedetti y su exasesora Elsy Pinzón. Sin embargo, este no es un hecho comprobado.
“También se exterioriza el interés indebido, específicamente el contrato mencionado, al ingresar a las instalaciones de Fonade de forma posterior y exclusivamente en la reunión sostenida entre Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade, y el senador Armando Benedetti. Estos ingresos ocurrieron antes y durante la adjudicación del contrato. También manifiesta su interés indebido al ingresar simultáneamente a Fonade con Elsy Mireya Pinzón, la asesora o funcionaria de la UTL del senador ya mencionado”, aseguró la fiscal del caso en su momento.
El contrato fue firmado luego de una convocatoria privada, incumpliendo lo establecido por la ley, con apenas tres oferentes; dos quedaron fuera, según la Fiscalía, tras identificar que los términos del contrato, las características, la experiencia y la capacidad de la empresa contratante fueron modificados para asegurar la adjudicación.
“Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los supuestos involucrados el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por los investigados”, explicó la Fiscalía.
El contrato adjudicado tuvo un valor superior a los 1.000 millones de pesos y el contratista logró desarrollarlo a pesar de las irregularidades que fueron identificadas por la Fiscalía. Entre los imputados se encuentra la funcionaria del Senado que forma parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Armando Benedetti.