Bernardo Moreno, exsecretario general del gobierno Uribe, fue condenado en 2015 por el escándalo de las chuzadas del DAS, pero tiene pendiente una investigación por otro de los episodios más graves sucedidos en ese periodo presidencial: la Yidispolítica.
En este, Moreno es investigado por tráfico de influencias y el alto tribunal busca determinar cuál fue papel en el ofrecimiento de dádivas a congresistas a cambio de apoyar las reformas en el Congreso que permitían la reelección presidencial.
Moreno le había apuntado a una jugada procesal. El exfuncionario aseguró en un recurso que su acusación era nula, pues ya había operado la prescripción en su caso. La Corte Suprema le negó esa solicitud y por eso se adelanta hoy en la Sala de Primera Instancia un interrogatorio en su contra.
La diligencia se lleva a cabo ante el despacho del magistrado Ariel Torres. Según reposa información en los archivos de la Corte Suprema, Moreno “influenció indebidamente a diversos servidores públicos con el objetivo de que éstos nombraran o contrataran en las respectivas entidades a personas allegadas a Yidis Medina Padilla, todo con el propósito de cumplir con las promesas y ofrecimientos que algunos miembros del Gobierno nacional le hicieron a la entonces congresista en retribución por su voto favorable al proyecto de Acto Legislativo 267 de 2004, mediante el cual, modificando el artículo 197 de la Constitución Política, se permitía la reelección presidencial”.
Según confirmó el propio alto tribunal, la audiencia sigue a esta hora con el testimonio de Carlos Holguín Sardi.
Moreno no es el único nombre involucrado en el escándalo. En 2021, los exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt de la Vega, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez Echeverri, interpusieron un recurso de apelación para tumbar las condenas en su contra por ofrecimientos que hicieron en medio de la llamada Yidispolítica. La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia mantener esas condenas.
Los tres altos funcionarios fueron condenados a 80 meses de prisión en el caso de los exministros y 60 para el exdirector del Dapre. La Corte Suprema de Justicia los halló responsable de hacer ofrecimientos y entregar a través de nombramientos, retribuciones por el voto de la entonces congresistas Yidis Mediana y la ausencia de Teodolindo Avendaño en la votación en la aprobación de acto legislativo que permitiría la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
n criterio de la Fiscalía, quedó plenamente probada la responsabilidad de los exministros y el exdirector Dapre en las conductas que le fueron atribuidas durante el proceso y por las que la Corte Suprema tomó la determinación de condenarlos.