Por decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, tres bienes inmuebles que pertenecían al exjefe paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, pasarán a manos del Fondo para Reparación de Víctimas para indemnizar a personas que hayan sido afectadas por el conflicto armado.
Los bienes que tienen un avalúo catastral cercano a los 6.000 millones de pesos serán entregados por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación.
Estos inmuebles se encuentran ubicados en la zona occidental del río Sinú, en Montería, y forman parte del globo de terreno denominado “Támesis” el cual se encuentra conformado por los predios denominados El Tambo, con un área aproximada de 164 hectáreas; El Cábano, de aproximadamente 164 hectáreas, y Támesis, de aproximadamente 88 hectáreas.
De estos bienes, en la casa principal, que posee un área aproximada de 4.311 metros cuadrados, se realizaban eventos sociales.
De acuerdo con el estado de cuenta emitido por la Alcaldía Municipal de Montería, los tres bienes presentan un avalúo catastral equivalente a 5.895.932.000 pesos y presentan una deuda por concepto de impuesto predial por 365.764.000 pesos.
Estos bienes estaban a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el marco de un proceso de extinción de dominio, la cual tenía la responsabilidad de su administración y arrendamiento.
La SAE deberá entregar el estado de administración y adelantar el saneamiento de los predios, con el fin de ser transferidos al FRV dentro de los 30 días siguientes a esta diligencia.
Esto con el propósito de establecer un sistema de administración que permita generar ingresos, que posteriormente, una vez se decrete la extinción del derecho de dominio de estos bienes, puedan ser monetizados para el pago de las indemnizaciones reconocidas a las víctimas del conflicto.
Las personas que estén interesadas en adquirir o arrendar inmuebles pueden visitar la oferta inmobiliaria del Fondo para la Reparación de las Víctimas en www.unidadvictimas.gov.co.
A la diligencia de entrega asistieron funcionarios de la Fiscalía, del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Gaula del Ejército en Córdoba y funcionarios del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV).
Las cuentas del terror de Córdoba
Según la Fiscalía General de la Nación, alias Monoleche, quien perteneció al bloque Mineros de las autodefensas, tuvo un amplio y preciso conocimiento de masacres, desapariciones y de los despojos de miles de hectáreas en el Urabá. Esto debido a la confianza que en él depositaron los entonces máximos jefes de las AUC Vicente y Carlos Castaño Gil.
Fue acusado de los homicidios y la desaparición de los hermanos Juan Fernando y Diego Andrés Vélez, ocurridos en Planeta Rica (Córdoba) en el 2007 e, igualmente, por el asesinato en enero de 2011 de Luis Fernando Claros Guerra, excontador de Vicente Castaño Gil.
Nació en Amalfi, Antioquia, y se mantuvo en el anonimato hasta 2006, cuando se entregó a las autoridades, tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz. En ese momento se conoció que supuestamente fue quien empuñó el arma, arrodilló a Carlos Castaño y le disparó.
La sorpresiva declaración fue hecha en el centro de reclusión de La Ceja, en donde se encontraban recluidos los jefes paramilitares. Previamente, había dicho lo mismo ante la Fiscalía General de la Nación.
“Quiero contar la verdad sobre lo sucedido con la muerte de Carlos Castaño. Me declaro responsable”, con esta frase acaparó la atención de todo el país.
Solo un mes después, en septiembre de 2006, la Fiscalía encontró los restos de Carlos Castaño gracias a la información que brindó Monoleche.