¿Por qué el fiscal considera inconstitucional el decreto de bienes de las Farc?

El destino del patrimonio ilícito de las Farc ha sido un tema de preocupación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Faltan menos de siete días para que se venza el último plazo que trazó el Gobierno para poder tener en sus manos el inventario definitivo, y la discusión ahora se centra en qué pasara con dichos activos que se acumularon por cuenta de la economía de guerra. Aunque desde un principio se ha dicho que la guerrilla no podrá financiar su actividad política y todo lo que entreguen será utilizado para reparar a las víctimas, el tema no es del todo claro, según lo alertó a finales de mayo el jefe del ente investigador. Esto ocurrió después de que se conociera el contenido de la lluvia de decretos que firmó el presidente Juan Manuel Santos, horas antes de que vencieran sus facultades especiales. Ha pasado más de un mes desde que afloraron las diferencias entre el Gobierno y la Fiscalía alrededor de la norma que dicta las "disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc”. Pero será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. Antes de tomar una decisión, la Corte escuchó a varios representantes del Estado en audiencia pública.Le sugerimos: Los bienes de las Farc en la miraNéstor Humberto Martínez fue el tercero en tomar la palabra y para esbozar los seis reparos que tiene sobre el decreto 903, dejó en poder del alto tribunal un documento una vez terminó su intervención. "Hay contenidos normativos que deben ser retirados del ordenamiento jurídico por desconocer mandatos constitucionales", dijo antes de entrar en materia. En sus manos tenía un comunicado que expidieron las Farc el pasado 1 de octubre. El documento hubiese pasado desapercibido si no fuera por la estrecha similitud que guarda con el decreto que es objeto de estudio en el alto tribunal y que establece la creación de un fondo fiduciario adonde irán a parar los activos de esa guerrilla. El fiscal Martínez llamó la atención de inmediato sobre seis aspectos. El primero es que el punto 3.2.2 incluye, entre otros, la creación de un centro de pensamiento que apoyará al partido de las Farc. A su juicio, eso significa que por esa vía los bienes de esa guerrilla, que fueron adquiridos de manera espúrea, podrían terminar financiando su actividad política, lo cual además de ilegal, dice, es inaceptable."El Estado debe garantizar otro tipo de recursos para los programas de reinserción que garanticen una paz estable y duradera", señaló. En segundo lugar, aunque aplaudió que no se haya acogido en La Habana la posibilidad de que el fondo fiduciario sea administrado por un consejo compuesto por tres representantes de las Farc y dos del Gobierno, considerá que la potestad que conserva la CSIVI sobre la persona que estará al cargo del fondo, les está dando capacidad de coadministración a los guerrilleros sobre sus propios bienes.Los otros cuatro campanazos del fiscal tienen que ver más con la competencia que va a tener la Fiscalía. A su juicio, la simple "creación de un patrimonio autónomo y la incorporación a éste de los bienes de las Farc es insconstitucional si no prevé la extinción del derecho de dominio de los bienes inventariados".  Es decir, para Martínez las disposiciones que fueron consignadas en el decreto 903 coartan las herramientas de las que por años ha echado mano el ente investigador para arrebatarles a los grupos armados ilegales su patrimonio ilícito. Por ende, se "constituyen en un atajo para no utilizar los mecanismos constitucionales establecidos". Puede leer: ONU recibió el sábado listado de bienes de las FarcQuizá uno de los temas que más molestó es que no se haya incluído a la Fiscalía en la entrega del inventario de los bienes con el fin de dar curso al proceso de extinción de dominio. Es decir, a pesar de que el fiscal Martínez podrá hacer un cruce de información para ver que quedó por fuera de la lista, investigar y perseguir todo lo que no fue incluído, no tendrá potestad sobre todo lo que entregue la guerrilla. ¿La razón?, en resume el decreto dice: 1) Que antes de que se terminen las zonas veredales, es decir, el 15 de agosto de este año, las Farc deben entregarle a la ONU un inventario de sus bienes y activos, y que esta organización se lo hará llegar al gobierno. 2) Que los bienes que estén incluidos en dicho listado no serán objeto de acción penal. 3) Que se creará un fondo de patrimonio autónomo con estos bienes para reparar a las víctimas y para los programas contemplados en el punto 3.2.2 del acuerdo, que trata sobre la reincorporación económica y social de las Farc. 4) Que este fondo será gobernado por un consejo fiduciario y el director será nombrado por el gobierno, por sugerencia de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), en la cual tienen representación tanto el gobierno como las Farc.Por eso, otra de sus solicitudes tiene que ver con la necesidad de que se declare la exequibilidad condicionada del segundo artículo, bajo el entendido de que la Jurisdicción Especial para la Paz deberá investigar a los miembros de las Farc y los terceros que en muchos casos sirvieron como testaferros de esa guerrilla, deberán ser investigados y sancionados por la jurisdicción ordinaria. Del lado del Gobierno no tienen los mismos reparos. El ministro de Justicia, Enrique Gil, que fue el primero en tomar la palabra, se fue lanza en ristre contra los reparos que se vienen haciendo al decreto y pidió de entrada declarar su constitucionalidad. Es claro que esto garantizará los derechos de las víctimas (...) Si las Farc pretenden ocultar bienes, el decreto dice que la ley ordinaria de extinción de dominio se activará con todo su rigor contra dichos bienes o valores ocultados", apuntó. Durante su intervención, argumentó tajantemente que se trata de una interpretación mal intencionada pues el gobierno nunca ha tenido la intención de que los activos que entreguen terminen de nuevo en manos de las Farc y señaló que el decreto en mención apunta es a apoyar el proceso de reincorporación de quienes hicieron parte de la guerrilla. “No es para financiar centros de pensamientos u otro tipo de cosas, la finalidad del decreto en toda su estructura está orientada en la perspectiva de articular, de hacer una arquitectura que vaya a que el fondo se destine de manera exclusiva para la reparación de las víctimas”, concluyó.