El concejal del Partido de la U Rubén Torrado dio a conocer en el cabildo distrital una auditoría de la Contraloría de Bogotá en la que se confirma el millonario sobrecosto en el que habría incurrido el Distrito, por la supuesta mala gestión de la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT) en la compra de 140 ventiladores mecánicos.
Asimismo, el cabildante cuestionó que la EGAT, que nació para garantizar la transparencia y eficiencia en el sector salud, “sea la culpable en la única compra que hasta el momento ha asesorado y que por ello la ciudad perdiera más de 1.600 millones de pesos en medio de la peor crisis económica y de salud de la historia”.
“El órgano de control fiscal me ha dado la razón y, a raíz de mis denuncias, le impuso un primer hallazgo fiscal por $ 1.030.641.500 al Fondo Financiero Distrital de Salud por sobrecostos en la compra de 70 ventiladores mecánicos para atender la emergencia sanitaria por la propagación del virus de la covid–19”, sostuvo.
El cabildante recordó que él en julio del año pasado denunció sobrecostos en esa misma compra, calificándola como la “más cara del país”, y dijo que hoy le están dando la razón luego de que la Administración Distrital lo hubiera querido desmentir diciendo que estaba comparando ventiladores de transporte con ventiladores mecánicos.
La Contraloría Distrital aclara en su informe que el precio del mercado de cada ventilador era en promedio de 93 millones de pesos, mientras que Bogotá los compró a 108 millones de pesos cada uno. Torrado insiste en que para ese momento (2020) había disponibilidad en el mercado de ventiladores mucho más baratos, pero la administración de Bogotá “no supo buscarlos”.
El órgano de control hizo un segundo hallazgo fiscal por 643 millones de pesos en otra compra de 70 ventiladores. El sobrecosto total estimado por la adquisición de los 140 ventiladores fue de 1.673 millones de pesos.
Finalmente, Torrado hizo una comparación y afirmó que el Distrito pudo haber utilizado ese dinero en 18 ventiladores más para ampliar camas UCI, 2.852 tabletas o 1.693 portátiles para niños vulnerables, renta básica para 1.841 hogares o 4.590 canastas básicas para familias entre tres y seis personas.
Sobre el primer hallazgo, la Contraloría de Bogotá señaló que el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) adquirió los ventiladores mecánicos a “precios significativamente superiores” a los ofrecidos por otros distribuidores, lo cual se traduce en una presunta lesión al patrimonio de la entidad.
“Una gestión irregular, antieconómica y deficiente en los análisis precontractuales; omisión de estudios del sector así como falencias en los estudios de mercado, en los cuales se pudo haber tomado como precios de referencia la contratación de ventiladores mecánicos por parte de otras entidades públicas como el Ministerio de Salud, otras gobernaciones y secretarías de Salud, quienes tal y como se observa en la web contrataron la compra de ventiladores mecánicos para atender la crisis generada por el covid-19, a precios significativamente inferiores a los adquiridos por el FFDS”, cita el informe de auditoría del ente de control.
El escándalo generó incluso el “DPC 1067-20, interpuesto por el Concejo de Bogotá D. C., por el presunto sobrecosto en la contratación de la compra de ventiladores mecánicos para la ciudad de Bogotá.
En consecuencia –dice la Contraloría–, “se estaría transgrediendo presuntamente lo establecido en los artículos 209 y 287 de la Constitución Política; 3, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993; 83 de la Ley 1474 de 2011, así como el 6 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020, incurriendo presuntamente en las conductas descritas en el Numeral 31 del artículo 48 y el Numeral 1 de los artículos 34 y 35, de la Ley 734 de 2002″.