Tuvieron que pasar décadas antes de que en Colombia se lograra la despenalización del aborto en los tres casos (malformación del feto, violación, y graves problemas para la vida de la mujer). En su momento, el fallo de la Corte Constitucional C-355 del 2006 fue considerado de avanzada, ya que se reconocían los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nueve años después de esa histórica sentencia, las cifras por interrupciones podrían indicar que algo no anda bien, ya que la curva de los abortos aumentó dramáticamente. Sobre todo, las relacionadas con problemas de salud en las mujeres. La propia Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, ha dicho que el fallo de la Corte Constitucional propició los abortos en el país. Incluso, en diciembre del 2012 entregó un dato: entre el 2006 y el 2010 se hicieron 4.442 abortos legales en todo el país. La pelea del procurador general llegó a tal punto, que pidió que se anularan circulares de la Superintendencia Nacional de Salud que decretaron sanciones para las EPS, IPS y cualquier entidad prestadora de salud que se negara a practicar un aborto. Al final, el Consejo de Estado le dio la razón a Ordóñez y echó para abajo las circulares. Pero mientras el jefe del Ministerio Público adelantaba la batalla, en Bogotá se continuó con la política de mantener las interrupciones en los tres casos. Mientras en la capital entre el año 2006 y el 2011 se presentaron 1.143 abortos, el número se incrementó a tal punto, que sólo en el 2014 se practicaron 8.729. Pero el tema va más allá. Los registros entregados por la Secretaría de Salud dan cuenta de que las mujeres han optado por hacerse las interrupciones acusando problemas de salud. Entre el 2006 y el 2011 se realizaron 670 abortos bajo esta causal, una cifra pequeña si se considera que un año después se practicaron 6.217. Para el 2014 la cifra ascendió a 8.625. Salud femenina En otras palabras, el 97,4 % de los abortos que se realizaron en la red pública de salud de Bogotá están relacionados con el bienestar de la mujer. Ahora, datos de la propia Secretaría indican que en el 2014 y hasta el 31 de marzo del 2015, un total de 131 mujeres interrumpieron su embarazo por problemas físicos, mientras 8.680 adujeron dificultades mentales. Esta es la nuez del asunto. El tema ha sido analizado por el controvertido concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, autodeclarado defensor de la familia y conocido por sus posiciones conservadores frente a temas como el matrimonio y la adopción gay. El cabildante, que este viernes realizará un debate de control político en el Concejo, dice que es hora de ponerle atención al incremento de las cifras por interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) en la ciudad. Para Ramírez, se debe mirar el tema en detalle porque la sentencia de la Corte Constitucional “se está malinterpretando o se está usando como disculpa para justificar la enorme cantidad de abortos”. Del otro lado está la Secretaría de Salud, desde donde se indica que esta es una situación compleja para los médicos y las mujeres. Desde la entidad se reconoce que el mayor número de solicitudes de IVE tiene que ver con los riesgos para la salud. “La Corte determinó que hay un concepto integral de las mujeres. (…) No tiene que estar en peligro la vida de la madre para poder solicitar una interrupción del embarazo, la Corte ha venido aclarando cuál es el alcance de la causal”, dijo el subsecretario de Salud del Bogotá, Jaime Urrego. El funcionario también asegura que prima la decisión de las mujeres y que la Organización Mundial de la Salud definió que para ellas debe existir un bienestar: físico, mental y social, y sobre ese concepto se toman decisiones. La pregunta es si se están haciendo los controles para no sólo garantizar los derechos de las mujeres, también para que no se abuse de la sentencia del alto tribunal. Por ahora, este tema tendrá un amplio debate este viernes en el Concejo de Bogotá.