Luego de que la Secretaría Distrital de Educación haya tomado la decisión de levantar la obligatoriedad del uso del tapabocas en todos los colegios y espacios educativos de la ciudad desde el pasado 16 de mayo, luego de superado los picos y contagios de la pandemia de la covid-19, la obligación del uso de tapabocas volvería a ser una realidad en las instituciones educativas.
Por medio de la Resolución 1647 del 19 de agosto de 2022, la Secretaría de Salud busca incluir algunas medidas ante un posible un pico de infecciones respiratorias agudas en la ciudad, y una de esas medidas sería la de ordenar nuevamente el uso del tapabocas en los colegios.
De acuerdo con la resolución que fue compartida por el senador de Cambio Radical, David Luna, cuando el número de casos de infección respiratoria aguda en la población general de la ciudad sobre pase la zona de seguridad del canal endémico, las instituciones educativas deben instaurar de manera inmediata el uso del tapabocas al interior de las mismas por parte de todo el personal y los niños y niñas de más de 2 años de edad.
Según el congresista, esta medida sería “absurda y contraevidente” e indicó que “no podemos profundizar el daño hecho a los niños con estas medidas”.
“Urge que la Alcaldía de Bogotá actúe con responsabilidad y corrija esta equivocación.”, enfatizó Luna en su cuenta de Twitter.
La Secretaría Distrital de Salud le respondió al congresista, asegurando que de momento “no es obligatorio el uso del tapabocas en los colegios”, pero sí dejó abierta la posibilidad de que esta medida se implemente en las próximas semanas.
“En este momento en los colegios no es obligatorio el uso del tapabocas. La resolución a la que hace referencia es preparatoria para los próximos picos de IRA (infección respiratoria aguda). El próximo iniciaría en septiembre”, dijo la entidad.
Y a renglón seguido, la entidad señaló: “Cuando esta medida deba tomarse, informaremos a la comunidad general. La pandemia nos dejó grandes aprendizajes, entre ellos la importancia del tapabocas como medida de protección ante incrementos de infecciones respiratorias en población con mayor riesgo de enfermar y morir”.
Finalmente, la Secretaría de Salud argumentó que todas las medidas que se adoptan en Bogotá se toman con base en sustento científico y siempre con el fin de proteger la vida, en este caso, la de los niños.
Radiografía de la Contraloría a Subred Centro Oriente
Tras las visitas de verificación fiscal adelantadas a las oficinas de la Subred Centro Oriente y a la Secretaría Distrital de Salud, y luego de evidenciar presuntas fallas administrativas en la Subred, la Contraloría de Bogotá inició cuatro indagaciones preliminares (IP) sobre hechos que implican recursos por más de $ 61.000 millones.
La más representativa tiene que ver con la cartera vencida presentada en el Fondo Financiero Distrital de Salud, cuya antigüedad supera los 360 días y la posible materialización de la configuración de la prescripción de saldos por cobrar de los años 2017 y 2018 que suman los $ 45.823 millones.
Los saldos por cobrar corresponden a prestación de servicios de salud, de los cuales el 39 % es con EPS en liquidación (entre ellas Comfacundi, Medimás y Cafesalud) seguido del Fondo Financiero Distrital de Salud.
Las otras tres indagaciones preliminares que se adelantan desde la Dirección de Reacción Inmediata (DRI) de la Contraloría hacen referencia a:
1. Convenio Interadministrativo N.º 2808992 de 2021 suscrito con el Fondo Financiero de Salud para el fortalecimiento de la atención inicial de urgencias prehospitalarias a través de ambulancias, por valor $ 16.559 millones.
Al parecer existen múltiples fallas en la ejecución operativa del contrato, posibles irregularidades en la administración del personal, presuntos pagos anómalos en las nóminas y facturación inoportuna de los traslados realizados por falta de soportes.
2. Órdenes de prestación de servicios. De acuerdo con la Contraloría, se evidencian presuntas irregularidades en el control para la identificación de servicios asistenciales prestados por horas extras y nocturnas al personal asistencial.
Adicionalmente, se observa la suscripción de aproximadamente 4.240 contratos de prestación de servicios personales, de los que se requiere establecer los estudios de conveniencia, y factores de necesidad e idoneidad, así como las acciones de verificación, control y seguimiento a los compromisos contractuales derivados de los mismos por parte de la entidad distrital, como quiera que la subred cuenta con un personal de planta que asciende a los 1.100 funcionarios.
3. Órdenes de suministro de combustible. El órgano de control advirtió posibles irregularidades en la ejecución del contrato de combustible, como se observa en las órdenes de compras que superan la cuantía límite.
La Subred Centro Oriente ESE, en la vigencia 2021, realizó orden de compra por valor de $ 188 millones a la Organización Terpel SA, para el suministro de combustible, superando el valor permitido en su propio Manual de Contratación fijado en 100 SMMLV, es decir de cerca de $ 90 millones.
“Hemos ordenado que estas indagaciones preliminares tengan un horizonte de tiempo de menos de tres meses, a partir de allí detectaremos los posibles responsables y la cuantificación del daño para abrir los posibles procesos de responsabilidad fiscal”, aseguró el contralor de Bogotá, Julián Ruiz.