La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) sigue enfrentando críticas por la polémica licitación para suministrar los brazaletes electrónicos a unos 5.500 condenados bajo el beneficio de casa por cárcel. A lo largo de los últimos dos años, la entidad ha recurrido a la contratación directa mediante la figura de la urgencia manifiesta, a pesar de ser considerado un mecanismo excepcional.
A pesar de las advertencias realizadas por la Procuraduría, la Uspec no ha logrado avanzar en el proceso licitatorio para contratar servicios de vigilancia electrónica para los reclusos. La Procuraduría ha manifestado su preocupación y ha emitido observaciones tanto en aspectos jurídicos como técnicos, con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes y una selección objetiva. Además, ha instado a la Uspec a enfocar todos sus esfuerzos en llevar a cabo un proceso de selección exitoso, adjudicándolo al proponente que ofrezca las mejores condiciones y garantías para la prestación del servicio.
Este martes, 26 de diciembre, la Uspec estaba a punto de asignar el contrato, valuado en más de 113 mil millones de pesos, pero, según se conoció, diversos proponentes denunciaron supuestas irregularidades en los términos del contrato que favorecían únicamente a uno de los interesados, entre otras cosas.
Estas acusaciones llevaron a la Uspec a aplazar la adjudicación, que fue pospuesta para este miércoles, 27 de diciembre, a la 1:00 p. m. SEMANA conoció que el comité está revisando cada una de las observaciones que se hicieron.
Además, la decisión se tomó después de que la Procuraduría solicitara la reconsideración de las observaciones de los oferentes, en aras de la transparencia y en representación de los intereses colectivos.
Cabe destacar que la empresa actualmente encargada de prestar el servicio de vigilancia electrónica continúa en funciones desde octubre de 2021, respaldada por la declaración continua de cinco urgencias manifiestas.
La Procuraduría ha expresado su inquietud no solo por el elevado presupuesto asignado, que asciende a $ 113.116.982.400, sino también porque esta práctica podría contravenir los principios fundamentales de la función administrativa.
Ante esta situación, se espera que la Uspec tome medidas concretas para abordar las observaciones presentadas y garantizar una gestión transparente y eficiente en el proceso de contratación de servicios de vigilancia electrónica para los condenados en casa por cárcel.
Contraloría cuestiona prácticas contractuales de la Uspec
La Contraloría General de la República ha expresado su oposición reiterada a que la Uspec continúe celebrando contratos de manera directa, argumentando la falta de tiempo y recursos presupuestales suficientes para estructurar procesos de licitación pública.
En una resolución emitida en enero de este año, la Contraloría refutó el “comportamiento” de la Uspec desde la declaración de la primera urgencia manifiesta en 2019.
“No puede dejarse de lado el comportamiento reiterado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que desde el momento que declaró la primera urgencia manifiesta, esto es en el año 2019, argumenta que no contar con el presupuesto, ni con el tiempo suficiente para la planeación de un proceso contractual con garantías de pluralidad de oferentes y selección objetiva, y por contrario, sigue insistiendo en el uso de esta figura como mecanismo para acudir a la contratación directa”, indicó la Contraloría en la resolución.
La Contraloría sostuvo que estos contratos de la Uspec “se han perpetuado en el tiempo”, a pesar de que la urgencia manifiesta está destinada a situaciones excepcionales que requieran renunciar a procesos de selección públicos como la licitación, la selección abreviada o el concurso de méritos.
Fuentes de la Contraloría le dijeron a SEMANA que la Uspec ha permitido que los contratos venzan repetidamente para recurrir, en el último momento, a la figura de la urgencia manifiesta. Esto se ha hecho valiendo la amenaza significativa que implicaría la suspensión del monitoreo de la población carcelaria.
La resolución de la Contraloría señaló que, a pesar de conocer la fecha de terminación de los contratos, la Uspec no tomó medidas para adelantar un proceso licitatorio con antelación.
“Los antecedentes de la declaratoria de urgencia manifiesta plasmados en la Resolución No. 000588 del 1 de noviembre de 2022, dejan entrever la falta de planificación de la Uspec al no materializar una actuación contractual”, señaló el documento. La Contraloría destacó que la Uspec solo adoptó medidas contractuales ante el riesgo inminente, con el objetivo de evitar la suspensión del servicio.