Una investigación de la Fiscalía reveló cómo en varios establecimientos nocturnos en la ciudad Neiva se construyó y desarrolló una organización criminal dedicada a la trata de personas. Esos establecimientos, que dicho por los vecinos del sector, eran “burdeles de mala muerte”, ahora fueron objeto de extinción de dominio.
La Fiscalía logró judicializar a varias personas como integrantes de una red criminal que contactaba menores de edad para ofrecer, supuestamente, una oportunidad de trabajo. Las trasladaban desde la zona de frontera con Venezuela y las ubicaban en casas de Neiva. Luego, las obligaban a sostener relaciones y servir como meseras en los burdeles.
“Las labores investigativas permitieron establecer que las víctimas, supuestamente, eran retenidas, controladas y vigiladas en estos inmuebles, y explotadas sexualmente en los establecimientos de comercio donde serían obligadas a tener encuentros íntimos con hombres mayores”, explicó la directora de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado.
La red criminal tenía su centro de operaciones en tres bares y tres casas donde mantenían a las mujeres, la mayoría, contra su voluntad y obligadas a trabajar en los burdeles como supuesta contraprestación por los favores recibidos a nombre de la organización delictiva. Esos bienes pasaron ahora a la administración del Estado.
“Al parecer, los presuntos integrantes de la organización ilegal contactaban las mujeres, muchas de ellas menores de edad, les hacían falsas ofertas de trabajo como meseras y las convencían de trasladarse a Neiva. Posteriormente, les quitaban los documentos de identidad y les imponían multas por manutención, hospedaje y otros conceptos, las cuales debían pagar con los dineros obtenidos de las actividades sexuales”, señaló la Fiscalía.
Luego de adelantar la investigación, la Fiscalía atacó de manera directa los bolsillos de esa organización criminal a través de la ocupación con fines de extinción de dominio de los bienes que fueron adquiridos o que eran usados por esta red dedicada a la trata de personas y donde, justamente, mantenían privadas de la libertad a las mujeres víctimas.
“La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre seis bienes ubicados en Neiva (Huila), los cuales habrían estado al servicio de una red delictiva señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a jóvenes extranjeras o en condición de vulnerabilidad”, señaló la funcionaria.
Los bienes que fueron objeto de extinción de dominio están ubicados en el centro de la ciudad de Neiva y eran los espacios utilizados por la red criminal para obligar a las mujeres a sostener relaciones sexuales como contraprestación a las supuestas ofertas de trabajo que nunca se cumplieron, pues terminaban en servicios sexuales.
“Esta actividad judicial es posible gracias al trabajo articulado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y unidades de la Sijín de la Policía Nacional. Los bienes están avaluados en cerca de 1.500 millones de pesos”, advirtió la Fiscalía.
Los bienes ahora quedaron bajo la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales, la entidad encargada del manejo y custodia de las propiedades que son objeto de extinción de dominio.