SEMANA reveló hace pocos días detalles de la manera en la que la JEP prepara las audiencias más importantes en casos como el 01, relacionado con secuestro. Allí quedó en evidencia la molestia de algunas víctimas por la manera en la que se estaba alistando todo para una cita que finalmente no se dio en la fecha estipulada, sino que por segunda vez se aplazó: la audiencia clave sobre secuestro se hará el próximo 21 de junio. Dicha audiencia ha tenido dos aplazamientos.
Precisamente, a los despachos de la JEP llegó una carta firmada por los miembros de Comunes, antes Farc, en la que advierten que es clave un nuevo aplazamiento: “Este evento de reconocimiento que las víctimas, la propia magistratura y nosotros hemos asumido con seriedad y responsabilidad desde su convocatoria y preparación, será utilizado o manipulado por ciertos sectores, interesados en una agresiva campaña de favorecimiento político, dada la coyuntura actual del país”, señalan en la misiva.
“Contrario a lo que ocurre en nuestro caso, contó, de manera acertada, con información sobre el proceso de preparación de las víctimas y los militares comparecientes. Solicitamos a ustedes revisar el material a publicar e incluir el largo proceso de reconocimiento, preparación y acercamiento que ha habido entre las partes”, agregan.
De hecho, hace un claro reclamo a la JEP, señalando que consideran importante realizar una acción pedagógica y comunicativa que “explique al país los principales retos restaurativos y compromisos en esta etapa judicial”.
Finalmente, la JEP decidió aplazar la audiencia desestimando la solicitud de los miembros de las Farc. Aplazaron la audiencia pero pidiendo hacer un estudio de riesgo de seguridad
La preparación de audiencias: una polémica que sigue generando indignación
Y es que, sin duda alguna, el país ha visto a los exjefes de las Farc sonrientes en los pasillos del Congreso y pasando al banquillo de la JEP para reconocer su responsabilidad en delitos como el secuestro. Lo que pocos saben es que detrás de las sentidas audiencias con reflectores y cámaras, hay poca libertad y espontaneidad, lejos de verdadero sentido de ofrecer un perdón sincero a las víctimas que aliviane su dolor. Se ha convertido en una obra de teatro. Un libreto escrito por la JEP. El jueves debió darse, por fin, la esperada audiencia, pero ahí fue “la tapa”.
A última hora, habiendo citado a víctimas y abogados que venían desde zonas remotas del país, con muchas dificultades, la JEP volvió a cancelar. El argumento: por “motivos de seguridad” de los excombatientes, de los victimarios.
Pero, además, SEMANA conoció detalles exclusivos de varios encuentros, entre ellos, una reunión que se realizó en la Biblioteca Virgilio Barco, desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., un miércoles, horas antes de la fallida audiencia.
Las víctimas llegaron puntuales, se registraron, ingresaron de manera ordenada y se ubicaron en sillas acomodadas en círculo, acompañadas por sus abogados. Al otro lado, estaban psicólogos de la JEP, abogados, asistentes de magistrados y otros funcionarios. Lina Rondón, psicóloga del tribunal, presidió el encuentro, que duró más de seis horas. El libreto inició así, para “romper el hielo”, como si se tratara de niños de colegio y no de víctimas del conflicto: “Queremos que se paren y vengan al centro los que se casaron con su primer novio o novia”, dijo Rondón. Las víctimas se miraron sorprendidas.
Uno de los asistentes, visiblemente incómodo, exigió respeto. “Perdónenme lo que les voy a decir… no quiero ser impertinente, pero no estoy de acuerdo con esto, ni esta manera de preparación de la audiencia. Quiero saber cuál es el enfoque y qué esperan ustedes de nosotros. No quiero hacer estas cosas. Por ejemplo, a Peña Bonilla, en lugar de entregarlo, lo asesinaron. ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso ustedes han hecho lo mismo con ellos, con los de las Farc?”.
El que puso “freno” al intento por distender el ambiente y preparar a las víctimas para la audiencia fue Sigifredo López, el único sobreviviente de los diputados del Valle, secuestrados y asesinados por la guerrilla.
Y lo dijo sin pelos en la lengua. El intendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado en la toma de Mitú, en 1998, fue fusilado en el Caguán por orden del Mono Jojoy y de Martín Sombra, así lo confirmó uno de los uniformados liberados en la Operación Jaque. Ante la mirada incómoda de personas de la JEP, López reclamó: “estamos frente al acuerdo de paz. Las Farc hicieron el gran negocio que es dejar la guerra, obtienen unos privilegios a cambio de no volver a matar ni secuestrar. Pero a mí no me pidan más, no me interesa ser amigo de ellos, esto es doloroso”.
Las víctimas que se habían prestado inocentemente para el juego psicológico de responder preguntas optaron por guardar silencio. Otra más se sumó al reclamo con una frase lapidaria: “No es grato verles la cara a estos tipos, no lo es”. La discusión se tornó más tensa: “Los viejos perdonamos, pero los hijos de los secuestrados les dicen de frente ‘asesinos y cobardes’. No quiero menospreciar ni ser grosero con lo que ustedes han preparado. Pero no quiero formar parte”.
En ese momento se escuchó la frase: “Sigifredo… ya ha pasado mucho tiempo”. El que tomó la palabra para tratar de bajar la tensión fue Óscar Tulio Lizcano, secuestrado el 5 de agosto de 2000, apenas tres meses después de asumir como representante a la Cámara por Caldas. Su voz conciliadora no evitó la contundencia del reclamo: “Sigifredo, seguir con odio es seguir mentalmente secuestrado. Pero yo sí soy partidario de que esto sea espontáneo, que la gente se exprese. Eso sí, aunque les digan comparecientes, no dejan de ser victimarios. Una cosa es perdón, otra la justicia”, dijo Lizcano.
Fue tal el revuelo que la misma Procuraduría cuestionó a la JEP por no invitarlos a las preparaciones.