De acuerdo con los documentos de las diferentes sesiones de la Comisión de la Verdad, a los cuales SEMANA tuvo acceso y en las cuales se concluyó que el Estado y las Fuerzas Armadas son los culpables de la violencia que ha azotado al país por más de medio siglo —lo cual generó el crecimiento y posicionamiento del narcotráfico como medio económico para sostener a las guerrillas—, los comisionados no dejan muy bien parados al Ejército y la Policía, ya que señalan que su actuar motiva la violencia, genera odio hacia las instituciones y crea pérdida de respeto por las mismas.

Dicho esto, la Comisión de la Verdad argumentó que esto se da dentro de un apartado llamado “criminalización de la protesta y respuesta militar a los conflictos sociales”, por el exceso de violencia utilizada por las instituciones castrenses para contener las manifestaciones de la población, ya que tanto el Ejército como la Policía son las representación del Estado en dichas actividades de orden social.

Sin importar que son la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) los organismos del Estado para la recuperación del orden frente a la presencia de la violencia en algunas manifestaciones, la Comisión se centra en que el Estado es el responsable de las agresiones.

“La protesta se ha manejado como problemas de orden público, por eso el Estado se ha inclinado a la criminalización, estigmatización de líderes, comunidades y territorios”, señalan los comisionados en su documento y dejan de lado que en dichas manifestaciones hay vándalos contra las autoridades, los civiles y las instituciones.

Mucho menos se acercan o tocan el tema de la infiltración de los grupos criminales en las protestas o los dineros del narcotráfico que han servido de combustible para financiar la violencia en las manifestaciones.

Bajo esa premisa, para la Comisión de la Verdad es importante ponerles freno a las Fuerzas Militares y a la Policía como instituciones de orden público. Además, insisten en un cambio de dirección de estas, donde el Ministerio de Defensa no sea la cabeza de dichos organismos, sino que se haga desde una “seguridad humana”.

“Poner límites a la intervención policial y militar en las movilizaciones y conflictos sociales. Hay que evitar que la primera respuesta sea policial. La Policía Nacional tiene que salir del Ministerio de Defensa, debe haber un cambio de doctrina hacia la seguridad humana, tiene que haber mayor control a los organismos sobre las intervenciones militares o control judicial sobre la criminalización”, advierte el documento.

En otras palabras, lo que dijo la Comisión, y después recalca más adelante en el documento en el apartado llamado modelo de seguridad, es que la Policía y el Ejército actúan bajo uno modelo de protección de la riqueza y del poder, alejándose del valor esencial de Colombia como Estado Social de Derecho, el cual debe velar por los derechos fundamentales de sus habitantes, en este caso el de la vida.

El modelo de seguridad, según lo recogido en el texto de la Comisión de la Verdad, “está pensado para la defensa del poder y la riqueza, y no para la defensa de la vida y la dignidad igual de todos los colombianos. Se necesita un modelo de seguridad para la paz y, por tanto, una reforma de fondo al sector de seguridad y defensa, que hasta el momento no ha sido posible, dado los privilegios, el falso prestigio y autonomía relativa de las Fuerzas Militares”.

Por su parte, el comisionado Alejandro Valencia también arremetió contra la institucionalidad que hay en las Fuerzas Militares y la política de seguridad que las blinda desde lo legal.

“Los privilegios y el falso prestigio de los militares impiden una reforma sustantiva de las políticas de seguridad. La fuerza pública es intocable, lo fue en la Constitución de 1991 y en el acuerdo de paz con las Farc”, indicó.

No cabe duda de que este documento y la manera en que son miradas las Fuerzas Militares y de Policía, desde el discurso de victimarios, se aleja de la realidad y busca desprestigiar a las instituciones que se han desvelado por más de medio siglo por la recuperación de la soberanía y la defensa de los derechos de los colombianos.