SEMANA: La UBPD adelanta por estos días una búsqueda en el cementerio de Samaná, Caldas. ¿Qué han encontrado?
Luz Marina Monzón: Llevamos 20 recuperaciones y más o menos 115 muestras para perfiles genéticos recopiladas. Abordamos este cementerio con tres hipótesis de identificación, que son las primeras recuperaciones que hicimos con los familiares. El resto de cuerpos no tienen hipótesis y por eso hicimos la recolección de información para análisis de perfiles genéticos. Estas son personas a quienes se les privó de la vida en el conflicto, y muchas de ellas son víctimas de ejecuciones arbitrarias. Samaná hace parte de un plan regional de búsqueda que incluye a Norcasia, La Dorada y Victoria.
Semana: ¿Cuántos planes como este hay en todo el país?
L.M.: Hay 14 en marcha: en el Magdalena Medio antioqueño y en Urabá, dos en Meta, tres en el Pacífico (Chocó, Valle y Nariño), en Valledupar y Caquetá. En estos planes buscamos alrededor de 700 personas desaparecidas.
Semana: ¿A cuántos desaparecidos en total busca la UBPD?
L.M.: Tomamos el referente más comprensivo que ha hecho la institucionalidad, que es el del Centro Nacional de Memoria Histórica y habla de alrededor de 100.000 personas desaparecidas. Pero por fuera de ese registro, y de cualquier registro, están los combatientes tanto de la fuerza pública como de los grupos armados. Haciendo una proyección conservadora, la unidad calcula que estamos hablando al menos de 120.000 personas dadas por desaparecidas en medio del conflicto armado y a ellas las buscamos.
Semana: ¿O sea que calculan que hay alrededor de 20.000 combatientes desaparecidos?
L.M.: Si hay subregistro en las víctimas que podían denunciar, imagínese el subregistro con los combatientes. Más que subregistro es que no hay registro. Un ejemplo es el de Justicia y Paz: cuando los paramilitares empezaron a entregar información sobre fosas, en muchas de estas reconocieron que estaban sus compañeros. Pero eso no ha sido sistematizado de manera que hoy Justicia y Paz diga que recuperó a tantos combatientes. Y eso es parte de la verdad que la unidad tiene que ir decantando.
Semana: Es inédito que la institucionalidad esté buscando también a los combatientes, que de alguna manera fueron también los victimarios del conflicto.
L.M.: Las familias de los militares, los guerrilleros o paramilitares no tienen propuestas organizativas fuertes. Ellas hasta ahora están encontrando respuestas para sus búsquedas. ¿Quién las iba a escuchar si cualquier reporte de una desaparición podía significar una persecución a la misma familia en razón de que su familiar hacía parte de algún actor armado?
Semana: ¿Cómo ha sido el acercamiento con militares, exparamilitares y exguerrilleros para saber dónde pueden estar los combatientes desaparecidos?
L.M.: La fuerza pública nos ha entregado informes de esos militares que se fueron a un combate y nunca volvieron, pero los declararon muertos. Con las Farc, desde un primer momento, emprendimos conversaciones. Ellos constituyeron una comisión de búsqueda, con unas personas que van por todo el país, incluyendo los ETCR, recolectando información de dónde pueden estar los desaparecidos. No solo de combatientes, sino también de secuestrados o reclutados. Recopilaron 275 formatos relevantes para las búsquedas en los que hay información de fosas clandestinas o lugares donde puede haber cuerpos. El año pasado nos los entregaron.
Con los paramilitares estamos en diálogos y ellos han venido entregado información. Este ha sido un proceso más lento porque es un proceso de construir confianza. El centro de nuestro trabajo son esas personas que buscan a sus desaparecidos, y esta es una oportunidad muy grande para que quienes viven en la incertidumbre puedan aliviar el sufrimiento.