Francisco Javier Cortés Rojas, conocido con el alias de Cachetes, haría parte del grupo delictivo denominado Los Incendiarios, presuntamente dedicados a la extorsión dentro y fuera del establecimiento penitenciario y carcelario El Espinal, en Tolima, entre el 1 de enero y el 3 de octubre del año 2019.
Su modus operandi consistiría en exigirles dinero a los internos a cambio de dejarlos dormir en reducidos espacios, así como de no atentar contra sus vidas, obligándolos a cometer hechos delictivos en el establecimiento o culparse de delitos cometidos por ellos.
Personal del CTI, adscrito al grupo Gaula en coordinación con la unidad local de El Espinal, y con el apoyo de la Policía Nacional, capturaron en vía pública del barrio Santa Margarita María de El Espinal a alias Cachetes, por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.
El delegado fiscal les imputó un caso; sin embargo, se investiga su presunta participación en más extorsiones que oscilarían entre los 100 mil hasta los 4 millones de pesos.
Cabe resaltar que en noviembre del 2022 fueron detenidas otras tres personas por estos mismos hechos, quedando pendiente una captura por materializar y así desarticular la organización delictiva.
Uno de ellos sería el responsable de reclamar los dineros producto del ilícito que eran consignados por los parientes de las víctimas. Al hombre no le fue impuesta medida de aseguramiento alguna, pero deberá seguir compareciendo al proceso.
Los Sambas extorsionaron por Facebook
Por otra parte, tres integrantes de la banda delincuencia denominada Los Sambas quedó viendo un ‘chispero’ luego de que la extorsión que adelantaban se les cayera tras la denuncia que interpuso la víctima.
La víctima se presentó ante el Gaula de la Policía Nacional para denunciar que desde el 6 de mayo de 2022 fue contactada por un sujeto, quien a nombre de la banda Los Sambas le exigía el pago de $ 12 millones por información que le permitiría recuperar una camioneta de su propiedad. Esta fue hurtada por dos hombres un día antes, el 5 de mayo, y quienes le ofrecieron comprar el vehículo, pero terminaron robándoselo.
En las interceptaciones telefónicas del presunto extorsionista, avaladas por autoridad competente, los investigadores del Gaula establecieron que, para el pago de los $ 12 millones, la víctima debía abonar $ 2 millones, si no deshuesarían el automotor pieza por pieza.
Los $ 2 millones fueron cancelados a una mujer que sería la destinataria de la consignación. Mientras tanto, los delincuentes le enviaron un mensaje por Facebook en donde acordaron el pago de $ 8 millones, que debían ser entregados en un centro comercial.
Gracias a un operativo que organizó el ente acusador y mediante información entregada por una fuente humana, lograron identificar a los presuntos integrantes de la estructura criminal. La Fiscalía encontró a Jonathan Castellanos Hoyos, Duver Andrés Amariles Cardona y Andrés Mauricio Calderón Yepes como presuntos responsables de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa. Los procesados no aceptaron los cargos.
Un fiscal itinerante logró que un juez penal de Ipiales dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres sujetos.
Cayó El Loco, que extorsionaba en Chocó
En otro hecho aislado, una operación coordinada entre la Policía Nacional, a través del Gaula Élite, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de Leovigildo Mosquera, conocido como alias El Loco, quien sería cabecilla del grupo delincuencial Los Palmeños, también conocidos como los Zetas.
El accionar delictivo de El Loco estaba concentrado, de acuerdo con información recabada por las autoridades, en ocho barrios del municipio de Quibdó, en Chocó, “desde donde ordenaba llevar a cabo secuestros, extorsiones, hurtos, tráfico de armas, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes desde Colombia hacia Centroamérica”.
Los Palmeños son señalados de extorsionar a empresarios, comerciantes y a la comunidad, tanto en el Chocó como en el Valle del Cauca. Les exigían cuotas que oscilaban entre 200 y 500 mil de pesos semanales. Asimismo, les hacían la vida imposible a los mineros de la región, a quienes obligaban a pagar entre 10 y 12 millones de pesos mensuales para no sufrir atentados en su contra.