Contra todo pronóstico y en contravía del concepto de varios penalistas, el proyecto de reforma constitucional que permite condenar a cadena perpetua a asesinos y violadores de menores de edad salió avante en el Congreso. La iniciativa había naufragado ya 22 veces en el Legislativo, pero esta vez superó los ocho debates y quedó lista para el examen de la Corte Constitucional. El Gobierno tendrá un año para reglamentar la medida y ponerla en práctica. El texto aprobado reforma el artículo 34 de la Constitución para habilitar la prisión perpetua “excepcional” y “revisable” para asesinos y violadores de niños y adolescentes. La primera condición faculta a los jueces para imponer cadena perpetua a los responsables si comprueban agravantes como la reincidencia o la sevicia. El proyecto estipula que, cumplidos 25 años efectivos de permanencia intramural, el sentenciado tenga la posibilidad de solicitar la revisión de la cadena perpetua. Los jueces podrían modificarla por buen comportamiento del reo o si este valida horas de trabajo y estudios cumplidos.
“Esta medida salvará a miles de menores de las garras criminales de asesinos y violadores”, dice el representante César Lorduy, uno de los abanderados del proyecto. El congresista insiste en que, de acuerdo con cifras de Medicina Legal, cada día se registran 70 casos de esa naturaleza en el país, y en su gran mayoría las víctimas tienen menos de 15 años. El presidente Iván Duque celebró la aprobación en el Congreso tras haberse comprometido con la iniciativa desde la época de campaña. Una vez Duque llegó al poder, el Consejo de Política Criminal, instancia del Ejecutivo, cambió de postura y empezó a respaldar la idea.
En los últimos años, el Congreso discutió la iniciativa varias veces, pero la opinión de los expertos la hundió en repetidas ocasiones. En efecto, múltiples estudios señalan que el mejor instrumento para evitar la violencia sexual contra los menores es la certeza de que el responsable será descubierto y castigado. “La solución no es, entonces, aumentar la pena hasta cadena perpetua, sino reducir la impunidad con una mejor investigación criminal”, dice el jurista Rodrigo Uprimny. Sin embargo, como se trata de un tema que despierta pasiones en el electorado, cada vez que un caso atroz ocupaba los titulares de prensa, el debate sobre la cadena perpetua volvía a estar sobre la mesa. Esta vez, en medio de las afugias de la pandemia y con un Congreso en modo semivirtual, la iniciativa pasó los ocho debates. En la recta final hubo ruido, aunque infructuoso. Ahora solo resta el pronunciamiento de la Corte Constitucional ante una eventual demanda. Pero es un hecho que estas lloverán, como la ya anunciada del Colegio de Abogados Penalistas. La corte se pronunciará por primera vez sobre la cadena perpetua. Solo en 2010, cuando hubo un proyecto para adoptarla con un referendo, el alto tribunal tumbó la convocatoria por un vicio de trámite.
La iniciativa la tendrá muy difícil en materia del análisis de constitucionalidad. Los magistrados deberán analizar si esta reforma a la Carta Política riñe o sustituye postulados constitucionales, como la protección de la dignidad humana, la prohibición de castigos inhumanos o el sentido de la resocialización de las penas. Por ejemplo, sobre este último pilar, la corte ha dicho en múltiples sentencias que la pena tiene por finalidad castigar y rehabilitar al condenado. Con ese principio, los magistrados han tumbado cualquier sentencia que restrinja la redención de la pena a criminales responsables de delitos contra menores. Con más razón, este argumento pesará a la hora de definir si aprueban la cadena perpetua.
Ahora bien, permitir la cadena perpetua no solo implicaría reformar un artículo de la Constitución, sino que traería consigo un desajuste del sistema jurídico colombiano. Habría que reformar el Código Penal, el de Procedimiento y el Penitenciario. Ante la novedad, el sistema quedaría desarticulado y desproporcionado, dado que los crímenes contra niños recibirían cadena perpetua, pero otros sumamente graves, como el genocidio, la tortura o el homicidio agravado, quedarían con penas inferiores. El resultado: mientras que unos algunos violadores morirán en la cárcel, el grueso continuará en las calles delinquiendo, porque, como lo ha advertido esta alta corporación, el gran reto de frenar los abusos contra los menores está en la efectividad de la aplicación de la pena y no en lo largo de la misma.