“Reintegrar”, esta fue la orden que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional tras estudiar el caso de una alférez que había sido expulsada en septiembre de 2012 tras denunciar un caso de acoso sexual en la Escuela José María Córdova.

Igualmente, se le ordenó tanto al Ministerio como al Ejército indemnizar a la alférez y hacer todo el trámite para ser ascendida en el escalafón de oficiales. En el análisis jurídico se determinó que la cancelación de su cupo en la Escuela se presentó como parte de una persecución que adelantaron sus superiores.

Para el Tribunal, está totalmente comprobado que la alférez, en junio de 2011, fue asignada a la Compañía Girardot mientras adelantaba el sexto y último semestre de su carrera militar. En ese momento, la joven fue víctima de un constante acoso sexual por parte de sus superiores, entre ellos el comandante José Mauricio Zabala Cardona, vicerrector de la Escuela Militar, y otros cinco tenientes.

Los oficiales, abusando de su rango militar, habían hecho insinuaciones constantes a la alférez. Entre las pruebas recolectadas se encuentran mensajes a sus teléfonos celulares para que se tomara fotos y se las enviaran.

Debido a que no accedió a las propuestas sexuales “estos acentuaron una constante persecución, la cual culminó con informes, evaluaciones negativas y varias investigaciones disciplinarias, cuyo fin era la expulsión”.

Las pruebas revelan que en el segundo semestre de 2011, los oficiales calificaron la materia de ‘Fase de Mando’ con un 2,9 sobre 5,0, hecho por el cual perdió la asignatura y se vio obligada a postergar su graduación y consecuente ascenso al grado de subteniente.

Pese a que en la presentación de las notas se anunció que dos estudiantes habían reprobado la asignatura, únicamente a la alférez se le ordenó que la repitiera el siguiente semestre. Mientras veía otra vez la asignatura fue víctima de persecución por parte de los tenientes Alejandro Uribe y Cristian Rodrigo Martínez, comandantes de pelotón, quienes le iniciaron dos investigaciones disciplinarias.

Una de ellas con el uso del teléfono celular en plena clase, esto pese a que esta restricción únicamente cobijaba a los cadetes. La alférez tenía una situación médica y por esto, además, tenía justificado la tenencia del celular para atender una llamada médica. El otro caso tenía referencia con la queja que interpuso el coronel José Mauricio Zabala Cardona como represalia por la denuncia por acoso sexual.

En octubre de 2014 se emitió fallo absolutorio a favor de la alférez. Esto no le puso punto final a la persecución y motivó, al contrario, la apertura de dos investigaciones disciplinarias internas: una por estar en la cafetería en horas no permitidas y otra por no obedecer la orden de un superior para realizar un ejercicio físico.

Con dos matrículas condicionales, el 24 de septiembre de 2012, mediante la Resolución No. 298, se avaló la pérdida en calidad de estudiante de la alférez y se ordenó su desencarcelamiento.

Para el Tribunal, es evidente que existió una persecución sistemática en contra de la estudiante, impidiéndole seguir con sus estudios. “La situación de la demandante es una muestra psicológica que trajo como consecuencia la frustración de su proyecto de vida, el cual –es razonable suponer– anhelaba desde hace varios años”.

El hecho de truncar su carrera en el último semestre agrava la situación, puesto que de no haber sido víctima de esta persecución por parte de sus superiores se habría graduado de la Escuela Militar. “(...) pese a vencer el miedo que le generaba la situación y denunciar los hechos, la institución la revictimizó, no dio credibilidad a sus versiones y en lugar de abrir investigación contra los victimarios, una vez tuvo la primera información, lo hizo contra (la) víctima por injuria y calumnia”.

Finalmente, se le hace un llamado de atención al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional para que este tipo de situaciones no vuelvan a presentarse.