Hace 142 años, La primera Cámara de Comercio de Colombia nació en Bogotá. Desde entonces, estas entidades juegan un papel clave en el empuje de la economía. Las Cámaras simbolizan y promueven la formalidad en el comercio, atraen inversión y generan confianza. Además, han sido guías del desarrollo económico y social de las regiones, pues su protagonismo y capacidad de articulación permiten fortalecer el tejido empresarial, acercar al sector público con el privado y convertirse en una bisagra para atraer la inversión. Actualmente, hay 57 en todo el territorio nacional, y agremian a más de 1,6 millones de empresas. Pero esa creciente influencia y capacidad de contratación ha terminado en algunas ciudades con pulsos políticos e investigaciones de los organismos de control por malos manejos.
En los últimos días, la Cámara de Comercio de Montería fue noticia cuando las autoridades detectaron una estela de contratos que en la costa llaman “yo con yo”. Destaparon que su presidente ejecutivo, Félix Manzur Jattín, favoreció en los últimos años a cuatro empresas que acaparaban el 90 por ciento de los contratos por unos 8.500 millones de pesos. La Procuraduría suspendió a Manzur de su cargo, mientras Fiscalía, Contraloría y Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) analizan papeles y verifican todos los contratos sospechosos. SEMANA pudo establecer que otras tres cámaras de comercio tienen conflictos en sus juntas directivas y denuncias de malversación de recursos. PEREIRA
El ex presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira habría dilapidado 419 millones de pesos en gastos de representación. El Tribunal Administrativo de Risaralda obligó a la Cámara de Comercio de Pereira a destapar la información sobre los gastos en los que incurrió entre enero de 2014 y julio de 2018, en materia de viajes, viáticos y avances a cargo de la tarjeta de crédito empresarial. Al caer el velo, los miembros de la junta directiva designados por el Gobierno pusieron el grito en el cielo al descubrir un rubro de 1.000 millones de pesos ejecutados en gastos de representación sin más razones. Acusaron a Mauricio Vega Lemus, presidente ejecutivo entre 2012 y 2018, de mala administración de los recursos, en los que incluyeron también a los demás miembros de la junta y al actual presidente ejecutivo, Jorge Ramírez Cadavid. La Contraloría abrió una investigación que duró casi cuatro meses y reveló, por ejemplo, que el aumento salarial del 50 por ciento que recibió Vega Lemus durante su presidencia no se basó en estudios previos y que, además, la entidad prácticamente no controlaba los gastos de viaje. “Se evidenciaron que se registran gastos con la descripción diferente a lo que realmente se gastó”, se lee en el informe.
Sin dar mayor claridad, la Contraloría señaló que, de los 1.000 millones en cuestión, solo algo más de 419 millones eran recursos públicos, y, de esta última cifra, tomó el 26 por ciento para elaborar el informe. Es decir, el peritaje fiscal se enfocó en revisar apenas el 10 por ciento del total que denunciaron los miembros de junta designados por el Gobierno. “No solo fueron gastos ejecutados por el expresidente, sino por toda la organización. La Cámara tiene muchos programas que implican gastos y viáticos. Por ejemplo, el sostenimiento de Invest in Pereira y del Centro de Convenciones”, explicó Ramírez Cadavid. Insatisfechos con el resultado, los miembros designados por el Gobierno plantearon la posibilidad de una auditoría forense que revisara a fondo las finanzas de la Cámara. El resto de la junta negó la proposición y recordó que no solamente acababan de investigarlos, sino que en 2016 y 2018 la Contraloría y Confecámaras las habían escrutado y expidieron un concepto favorable sobre el manejo de la corporación. La situación alcanzó otra magnitud con la reciente renuncia de los miembros designados por el Gobierno después de que no les permitieron discutir la renovación del contrato del presidente ejecutivo. Esto abrió la puerta para que ese contrato se renovara automáticamente, sin deliberación. Ese fue el punto de quiebre en la junta directiva. Hasta ahora, las renuncias no han sido aceptadas ni retiradas. No está claro qué sucederá. VILLAVICENCIO
En Villavicencio, la Contraloría reveló 18 hallazgos con posibles consecuencias administrativas y penales para los miembros de la junta directiva. Mauricio Vega López llegó en agosto de 2019 a Villavicencio con la misión de salvar la Cámara de Comercio. Oriundo del Eje Cafetero y con experiencia en el sector (trabajó con su homónimo Mauricio Vega Lemus en la Cámara de Comercio de Pereira), cumplía los requisitos de la SIC para ser nuevo presidente ejecutivo. La superintendencia había dado un último aviso a los miembros de la junta directiva para enderezar el rumbo de la entidad luego de que aparecieron cuentas embargadas y recibos pendientes de pago por más de 2.000 millones de pesos. En los Llanos, Vega López pronto concluyó que las dinámicas no eran las mismas a las que estaba acostumbrado. Encontró una junta directiva con cuotas políticas, como Nancy Mejía Ladino, esposa del diputado Héctor ‘Mariachi’ Vélez, y anormalidades en el manejo de los recursos. Su enemistad con la junta comenzó en noviembre pasado cuando contactó a la Contraloría para una auditoría. “Yo necesitaba saber qué era lo que recibía y en qué condiciones”, dice. El informe de la Contraloría confirmó su presentimiento: encontró 40 hallazgos, de los cuales 18 tenían posibles consecuencias disciplinarias o penales. Los contratos por prestación de servicios, además de su gran número, no tenían escalas objetivas de honorarios y los adjudicaban a dedo, a veces con asignaciones desproporcionadas. Tampoco elaboraban el presupuesto según la metodología adecuada y abrían la puerta al despilfarro.
Vega López, en todo caso, no sobrevivió como presidente ejecutivo para recibir el informe, pues cinco días antes lo despidió la junta directiva. La SIC había ordenado al órgano directivo no tomar decisión alguna mientras se investigaba a tres de sus miembros. Pero la junta nombró a Víctor Delio Sánchez como su sucesor, e inmediatamente la SIC descalificó la jugada. “No se reconoce esa reunión de junta directiva (la que nombró a Sánchez como presidente), porque no existe certeza de que los miembros tuvieran las condiciones para participar ni cómo se efectuó la convocatoria”, afirmó el superintendente Andrés Barreto. En los próximos días anunciarán los resultados de la investigación en curso. CÚCUTA
La Procuraduría suspendió a siete miembros de la junta de la Cámara de Comercio de Cúcuta por aprobar el aumento salarial de 30 funcionarios de la entidad. Desde el momento en que siete miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta aprobaron un aumento de salarios para 30 funcionarios de la entidad, todo se puso cuesta arriba. Llovieron críticas de varios flancos contra el presidente ejecutivo, Héctor Santaella Pérez, quien, pese a no participar en la votación, fue el más beneficiado. Su sueldo quedó duplicado para llegar a 26,5 millones de pesos. La noticia indignó a una ciudad que sufre desde hace varios años la aguda crisis económica por el cierre de la frontera con Venezuela, agravada con la llegada del coronavirus. El malestar se propagó hasta la Procuraduría, que decidió tomar cartas en el asunto. El Ministerio Público recalcó que el alza salarial era injustificada debido a “la corta permanencia del trabajador en el cargo y la inexistencia de logros significativos en su gestión”. De esta forma, el 26 de junio suspendió provisionalmente de su cargo a Santaella y a los siete miembros de junta que impulsaron su aumento. Días después, los dos miembros no suspendidos y seis suplentes se reunieron como junta directiva y con cinco votos a favor y dos en contra destituyeron a Santaella. En otra votación posterior designaron una nueva presidenta encargada. Sin embargo, la SIC consideró que este nombramiento no cumplió los requisitos legales y lo invalidó. De ese modo, esta entidad no tiene una cabeza visible.
Consultado por SEMANA sobre estos hechos, el superintendente Andrés Barreto afirmó que la institución ya dio traslado de los casos a las “ías” para que investiguen y determinen las responsabilidades a que haya lugar. “El paciente en cuidados intensivos es Villavicencio y el que sigue es Montería”, expresó Barreto. Por su parte, Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, organismo que agrupa a estas entidades en el país, afirmó que la reputación del gremio no puede sufrir por casos aislados y apoyó las investigaciones en curso. “Nuestra posición es de absoluta condena, así como de total y decidido respaldo a las actuaciones de los organismos competentes”. Más allá de estos episodios, que deben ir hasta las últimas consecuencias y castigar a los responsables, es necesario cuidar la institucionalidad de las Cámaras, que son referente del desarrollo regional y protagonistas de la reactivación.