El gobierno de Gustavo Petro dio un giro de 180 grados a la estrategia que llevaba meses adelantando para presentar la reforma a la justicia que supuestamente iba a llegar al Congreso el pasado 20 de julio, según el exministro, Néstor Osuna.
Dicha fecha ya pasó y al Congreso no le llegó ningún proyecto para reformar la justicia como lo propuso el mismo gobierno, pero ahora se conoce un nuevo cambio de planes que podría demorar más la llegada de esa iniciativa al Legislativo.
La recién posesionada ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se mostró en completo desacuerdo con la forma en que se venían creando las reformas a la justicia y era de manera fraccionada.
Durante la administración de Osuna se habló de 5 temas principales que se debían reformar: justicia inclusiva, asuntos penales y penitenciarios, procesales y de resolución de conflictos judiciales y constitucionales.
Pero la ministra Ángela María Buitrago indicó que “hay muchas de las circunstancias y los elementos que permiten decir que hay que generar un diálogo mucho más amplio con las comunidades, los territorios y las instituciones para tratar de solucionar. Creo que, y es una estrategia a la que yo le apunto, parcelar las reformas también puede ser un problema de interpretación y de integración. Por eso yo le apunto a una reforma que trate de ser más completa frente a los asuntos de la justicia.”
Con esta declaración quedaría completamente invalidada la idea en la que ha venido trabajando desde hace meses la Comisión de Expertos para la reforma a la justicia, que creó cinco subcomisiones para trabajar en los primeros temas relacionados con dicha iniciativa legislativa.
La ministra de Justicia también explicó que “hay unas reformas que estamos evaluando desde el punto de vista de la necesidad de pensar en una reforma estructural. No hay ningún proyecto ni había ningún proyecto para radicar el 20 de julio, a mi interpretación y a mi análisis”.
Una de las propuestas más polémicas dentro de esa Comisión de Reforma a la Justicia, la presentó la Corte Suprema a través de una modificación al sistema penal que permita otorgar beneficios a los imputados por delitos graves como abuso sexual a menores de edad o terroristas. Aunque el alto tribunal ya ha explicado en varias oportunidades que con esa propuesta se espera disminuir los índices de impunidad y conseguir penas efectivas con colaboración que permita desmantelar grupos delincuenciales.
Hay que recordar que el propio presidente Gustavo Petro se ha “prometido una reforma a la justicia que se tiene que presentar al Congreso de la República en la próxima legislatura. El ministro de Justicia está encargado de la concertación posible alrededor de este tipo de temas”.
Por ahora, queda el interrogante en el aire de si la nueva estrategia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, alrededor de construir una sola reforma a la justicia, retrasaría que la reforma finalmente llegue al Congreso de la República.