Un fuerte cruce de palabras se registró en el inicio del juicio contra el exgobernador de Nariño Camilo Romero ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario advirtió que no cuenta con garantías procesales, puesto que no se aceptó la petición de la defensora pública que le asignaron hace pocas semanas.
La abogada pedía un tiempo para conocer todo el expediente, pero recibió un no rotundo por parte de la Corte Suprema porque el plazo de 20 días que se le había otorgado era coherente y justo para que evaluara la acusación y las pruebas avaladas para el juicio y así preparar su estrategia de defensa.
En este sentido se señaló que se le otorgó poder el 6 de diciembre de 2021, por lo que debía estar preparada para el inicio del juicio. Frente a esta situación, el exgobernador nariñense aseguró que ya en una oportunidad se quedó sin defensa por las presiones ejercidas por la Corte, situación que se reitera en la actualidad.
“Me quedó sin abogado no por decisión mía, sino por cómo ha venido actuando la Corte Suprema”, manifestó el exmandatario al recordar el caso de Gerardo Barbosa, su defensor de confianza, quien renunció a su representación por lo que consideró una presión indebida y un desconocimiento de su integridad. “Obligándolo de un día para otro a cancelar su agenda, adelantar un juicio mientras tenía covid”.
Debido a esto consideró que no cuenta con las garantías para el juicio. “Ustedes –en referencia a los magistrados de la Sala- sin las garantías de la defensa (…) La defensora no es de mi confianza y ha dicho que no está en facultad de seguir mi defensa. Ustedes pretenden garantizar un juicio sin garantizar el derecho a la defensa”.
Muchos abogados que ha consultado para que lo representen en este proceso han manifestado que no lo pueden hacer porque el tiempo que ha dado la Corte es demasiado corto y no les permite plantear la estrategia. Por esto, manifestó que podía presentar el caso ante organismos internacionales.
Tras el reclamo, el magistrado Ariel Torres aseguró que se le han brindado todas las garantías procesales y no tiene ninguna validez acusar a la Corte de adelantar maniobras dilatorias o de poner trabas a la defensa. Igualmente, le hizo un llamado de atención al ahora precandidato presidencial para respetar a “los servidores judiciales y demás intervinientes”.
Romero le quitó el poder a la defensora pública asignada. Sin embargo, la Sala continuó con el desarrollo de la audiencia en la que se presentó el escrito de acusación por los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
El exmandatario es investigado por las presuntas irregularidades en la firma del convenio para la compraventa del aguardiente Nariño. Para esto, le habrían entregado el convenio de administración a una empresa recién creada y que no tenía la experiencia. Dicha empresa era liderada por una persona que le había dado el apoyo en su campaña.