El presidente Gustavo Petro anunció en las últimas horas que habrá un incremento en el precio de la gasolina en Colombia por un déficit que hay en el presupuesto nacional. Es decir, falta plata para cubrir las necesidades del país y la solución estaría en este campo. La Asociación de Transportadores de Carga (ATC) mostró preocupación por la decisión.

Si bien, el mandatario informó en sus redes sociales que este tema requiere un debate entre todos los sectores, los camioneros ya mostraron oposición porque consideran que los huecos fiscales no se podrían llenar con supuestas “determinaciones improvisadas”, cuyo efecto sería devastador para los consumidores de la gasolina y la canasta familiar.

Esa fue la postura que resolvieron tener este domingo en medio de una reunión extraordinaria donde evaluaron los alcances de la comunicación que emitió el presidente. Tal como lo han dicho desde hace seis meses, interpretaron que la lectura que tienen en la Casa de Nariño sobre el combustible está ligada al mercado internacional y no al nacional.

“Colombia es un país productor y refinador de combustibles. Si en Colombia la producción de un barril está entre los 20 y 30 dólares, ¿por qué tienen que ajustarnos los precios internacionales con el barril alrededor de los 80 y 90 dólares, dependiendo del momento del cambio?”, dijo Ánderson Quiceno, CEO de ATC, en conversación con SEMANA.

La Asociación dictaminó que las consecuencias de ese incremento levantarían ampollas en todas las regiones del país. En los primeros dos meses se sentiría en los bolsillos de los conductores y luego haría efecto en los hogares porque, paralelamente, se subirá el precio de la logística comercial: se dispararán los valores de los productos y servicios.

Aunque las preocupaciones son muchas, hoy les inquieta que los dígitos de inflación que tiene Colombia no alcancen para asumir los nuevos costos de las operaciones de los transportadores de carga. O sea, creen que los cambios que impondrá Gustavo Petro no se verán reflejados en los intereses de las personas que viven de la movilidad.

Quiceno explicó que, en dado caso de la política del presidente se ejecute como lo tiene planeado, los gremios estarán al pie del cañón para hacer respetar la estabilidad económica del sector. Entre las posibilidades extremas evalúan un cese de actividades que llevaría a la paralización de todo el país, como lo han hecho en el pasado.

Pero el paro sería más estruendoso porque no solo se trata de una parte de la sociedad que mueve mercancía por todo el país, sino de las personas que acceden a la gasolina diariamente y el resto de las economías que se desprenden de la actividad, “prácticamente sería un estallido social”, que estaría en las manos de Gustavo Petro.

“Nosotros creemos que el Gobierno tiene que ser más estratégico a la hora de mantener los índices inflacionarios y mirar cómo no entramos en una cadena que no perjudique a todo el campo social. Vemos con asombro que quieran aumentar el precio casi duplicándolos por la desidia de no estudiar bien las cosas”, señaló el vocero del gremio.

En sus palabras, las consecuencias que podría tener el incremento del precio de la gasolina se podrían observar en las manifestaciones que se detonaron en los últimos años contra los presidentes de Perú, Bolivia, España, Ecuador y Chile. Y en Colombia se multiplicaría, según las estimaciones de la Asociación de Transportadores de Carga.

Ahora bien, en los pasillos del Congreso ya se empezaron a escuchar voces a favor y en contra. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que los efectos se sentirían directamente en la canasta familiar y otros servicios, tal como lo afirmaron los camioneros.

Por su parte, la presidenta de la comisión tercera de la Cámara de Representantes, Katherine Miranda, señaló que se debe subsidiar a través del Soat a las personas que tienen menos recursos: motocicletas, el transporte de carga y los vehículos que ofrecen el servicio de transporte público.