Los camioneros encendieron motores para un nuevo paro en Colombia por supuestos incumplimientos del Gobierno nacional al acuerdo que firmaron el pasado 6 de septiembre, donde el Ministerio de Transporte se comprometió a modificar el alza del precio del ACPM y a abordar los problemas estructurales del sector.
En un comunicado de tres páginas, nueve agremiaciones de conductores de carga pesada se unieron para hacerle reclamos a la administración del presidente Gustavo Petro y le informaron que si no son atendidos, adelantarán consultas para declarar la hora cero del cese de sus actividades.
“Esperábamos mejoras significativas que garantizaran la estabilidad y el bienestar del sector. Sin embargo, la falta de cumplimiento por parte del Gobierno ha generado profunda frustración y desilusión. La situación actual nos obliga a unirnos en defensa de nuestros derechos y en búsqueda de las reformas prometidas”, manifestaron los voceros del sector.
La sentencia de los camioneros es que no aceptarán una nueva alza en el precio del ACPM. Se recordará que para levantar las protestas de septiembre, el Gobierno aceptó suspender los incrementos de este combustible “hasta tanto no se logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas en el transporte de carga”. La queja de los conductores es que esto no ha ocurrido.
De igual manera, se indicó que no se ha estructurado un método de costos eficientes acorde a la realidad de las bases transportadoras y que el Ministerio de Transporte se habría negado a entregar las matrices con las que se calculan los fletes de carga: “Ante la negativa, evidenciamos una presunta manipulación de esas métricas en favor de los intereses de particulares”.
Otro de los puntos que se debate es la regulación del parque automotor de carga pesada, liviana y volquetas: “No se toman decisiones por parte del Gobierno en consenso con los transportadores. El Ministerio de Transporte manifestó que los transportadores de carga tienen un saldo de $1 billón ochenta y cuatro mil millones, el Ministerio de Hacienda se ha negado a informarnos y a transferir los recursos a una cuenta o fiducia para el programa de modernización. No hay nada de avance en programas de modernización”.
El quinto elemento es la seguridad. Ellos manifestaron que las críticas condiciones de orden público que hay en las regiones los tiene en la ruina. Entre tantas cosas, citan las extorsiones, el vandalismo, los saqueos, los bloqueos, los peajes ilegales y los polizones. “Mientras nuestras fuerzas de seguridad están completamente diezmadas, se exige que los recursos del cobro de peajes destinados a la seguridad en carreteras sean destinados al 100% a las unidades de policía y fuerzas militares que custodian las vías”, agregaron los conductores.
La advertencia del sector al Gobierno nacional es que “si no tenemos soluciones claras y contundentes para cumplir lo acordado el 6 de septiembre o el eventual incremento en los costos del transporte que afecte la economía de las bases transportadoras, declararemos una hora cero para un cese de actividades en el país”.