La Fiscalía General abrió investigación preliminar por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña a la Presidencia de Federico Gutiérrez en 2022.
El fiscal de la unidad anticorrupción ya ordenó una inspección al Consejo Nacional Electoral (CNE) para recolectar evidencia. Igualmente se recolectará evidencia testimonial para tomar una decisión de fondo.
En esta inspección se recolectaron soportes de la campaña de Federico Gutiérrez y los documentos que envió el Partido Creemos, fundado por el dirigente político antioqueño.
La investigación se abrió después de que se presentara una denuncia por las presuntas irregularidades en el manejo de la campaña presidencial.
Por el momento, el actual alcalde de Medellín, no se ha pronunciado sobre esta indagación preliminar.
En marzo de 2022, en la primera vuelta, Federico Gutiérrez junto a su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez -exalcalde de Neiva- obtuvo 5′031.701 votos, ocupando la tercera posición.
El pasado 18 de abril, el Consejo de Estado, en su Sección Quinta, le quitó la personería jurídica al Partido Creemos. Esto teniendo en cuenta que la colectividad no participó en las elecciones al Congreso de la República, celebradas el 13 de marzo de 2022, puesto que no inscribió candidatos para dicha contienda electoral.
En el fallo se precisó que la figura de la adhesión no se considera admisible para ser usada por los grupos significativos de ciudadanos y tampoco para reunir los requisitos necesarios para la obtención del mencionado atributo.
Citado entre las motivaciones de la resolución demandada, no tiene valor normativo y su implementación requiere de la promulgación de las leyes que establezcan, para el caso, los criterios sobre los cuales eventualmente las organizaciones políticas podrán adquirir la personería jurídica con base en consideraciones distintas al requisito constitucional vigente del umbral de votación.
El origen de este proceso judicial radica en la denuncia presentada por dos abogados que advirtieron que en la campaña presidencial de Rodolfo Hernández por La Liga Anticorrupción se presentaron varias irregularidades.
Estas principalmente tienen relación con la violación de la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas al aportar una cifra cercana a los 127 millones de pesos a su aspiración a la Presidencia por parte de una de sus empresas y en la que aparece como representante su esposa.
El meollo del asunto radica en el hecho que, en esos momentos, Hernández ya había sido vinculado a un proceso penal por delitos contra la administración pública, por lo que tenía una expresa restricción para aportar a su propia campaña.
Igualmente, adelanta investigaciones contra un grupo de mandatarios municipales y departamentales por las irregularidades en la contratación para atender la pandemia del Covid-19 en el 2020.