Un paro que ya lleva más de 16 días implantado en el parque principal del municipio El Charco, en Nariño, ha sido el detonante para que miles de campesinos le exijan al Gobierno nacional el retiro de la Fuerza Pública de varias veredas y caseríos del río Tapaje.
Son más de 5.000 campesinos los que reclaman garantías en medio de una cruenta ola de violencia en ese municipio que incluye atentados, balaceras y combates con grupos armados ilegales.
Una de las víctimas de las acciones violentas fue el alcalde de El Charco, Víctor Candelo. Dos sujetos prendieron fuego a una vivienda y allí se encontraba el mandatario junto a su familia.
“Ya habíamos llegado a un acuerdo con el retiro gradual de los pelotones del Ejército que están en distintas veredas, pero esto no se cumplió”, dijo uno de los líderes del plantón a la emisora Blu Radio. Además, el vocero denunció que en el sector cada vez más es visible la escasez de productos de la canasta familiar, dado que el Gobierno sigue manteniendo la jornada de control y, por lo tanto, los escenarios comerciales aún siguen cerrados.
Los campesinos están dentro de algunos colegios y escuelas, que han adaptado para poder dormir. En los patios de las instituciones educativas montaron cocinas y comedores. Los protestantes, dentro de los que se cuentan indígenas y afrodescendientes, aseguran que no se moverán hasta no ser escuchados. Denuncian además haber recibido malos tratos por parte de la Fuerza Pública.
Según se ha dicho en medios locales, los organismos de control están utilizando un lenguaje inapropiado y acusan a los grupos de campesinos de ser cómplices de grupos armados ilegales y, conjuntamente, de la situación violenta de El Charco.
Uno de los habitantes de la región expresó que los entes han amenazado a varias personas con ser judicializadas si no comparten información que permita encontrar a miembros de las FARC. Por otro lado, algunas mujeres, en compañía de otros campesinos, manifiestan que el miedo se ha convertido en una práctica común de vivencia en el sector. Todo esto porque la presencia del Ejército causa temor y agresiones.
Varias unidades del Ejército han llegado a veredas y caseríos del río Tapaje, territorios donde se vive del cultivo de coca, esto porque no existe otra alternativa de trabajo, afirman algunos residentes.
La situación se está complicando significativamente, pues más del 80 % del sector comercial obtiene su abastecimiento directamente de Buenaventura y Tumaco. En consecuencia, la plaza de mercado se encuentra vacía; no hay ni un solo producto de consumo alimenticio. Tampoco ha entrado ningún barco al municipio desde hace más de dos semanas.
Los habitantes del sector nariñense solicitan garantías y han hecho 15 peticiones, una de ellas es el retiro inmediato del Ejército. Aunque se suponía que ya se había avanzado en ese sentido, denuncian que el Gobierno no ha cumplido.
Sin embargo, campesinos, indígenas y afrodescendientes sostienen que el camino es el diálogo, por lo que hicieron una nueva invitación para que la Alcaldía, junto a la Gobernación y el Gobierno nacional atiendan la situación y fomenten una mesa de diálogo. Piden escuchar respuestas al pliego de solicitudes que presentaron desde hace una semana.