En medio de la gestión que adelanta la Sociedad de Activos Especiales para el desalojo y recuperación de predios donde en el pasado hubo presencia de cultivos ilícitos, se han conocido diferentes historias que dejan al descubierto el drama de las familias a quienes planean quitarles sus tierras.
La más reciente visita de los funcionarios de la entidad se dio en el municipio de Pauna, en el occidente de Boyacá, donde campesinos, líderes sociales y la comunidad en general se ha sentido en peligro al ver cómo sus terrenos están en la lista de inmuebles que deben ser recuperados por el Estado a través de la SAE.
Pues bien, los pobladores de esta zona del país, al percatarse de la diligencia del primer desalojo de terrenos donde hubo cultivos ilícitos en el pasado, decidieron tomar acciones para impedir la llegada de los funcionarios de la SAE para que ejecutaran la intervención.
La intención de los habitantes era la de impedir la diligencia, argumentando que muchos de los dueños de estos espacios son personas que no tienen a dónde ir y que, debido a su edad y a que toda la vida la han dedicado al campo, no tienen cómo encontrar trabajo.
Uno de estos casos fue registrado por Noticias Caracol y relata la difícil situación que vive Santos Pachón Castellanos, un adulto mayor a quien la SAE planea desalojarlo porque, según él, un pariente suyo sembró matas de coca en el pasado, lo que le ha traído graves problemas, a tal punto que está muy cerca de perder lo que él mismo ha llamado como su “vida”, haciendo referencia al terreno que por décadas ha trabajado.
“Tristeza y dolor. ¿Yo qué voy a hacer? No tengo para dónde irme, para dónde voy a coger si no puedo trabajar”, le dijo el adulto mayor al citado medio.
“Con mucho tiempo trabajé para mi casita. Ahora no sé para dónde voy a coger, a mí me da mucha tristeza”, agregó este hombre que en medio de lágrimas se resiste a creer que tenga que entregar su casa y su tierra.
Y es que el drama en el municipio por cuenta de estas diligencias es mayor, pues son cerca de 30 familias las que han sido notificadas con orden de desalojo, pero se cree que ese número podría ser más alto.
Según Carmen Lucía Tiga, habitante de Pauna y que fue consultada por ese noticiero, asegura que su finca también está entre los predios que deben ser desalojados, pero que no entiende por qué razón en el proceso al que están vinculadas sus tierras hablan de 81.000 matas en más de seis hectáreas, si su predio apenas alcanza las tres hectáreas.
Al respecto, se han conocido videos de los habitantes de varias veredas en los que se ven sobre una de las vías rurales manifestándose de forma pacífica, y exigiéndole al Gobierno que cumpla con la palabra de no quitarles la tierra, pues -según ellos- los campesinos han sacado adelante el compromiso de la erradicación manual de cultivos ilícitos.
“En una manifestación pacífica, manifestando contundentemente el desacuerdo a las medidas del Gobierno nacional, del Estado en su conjunto, en donde aplican la medida de extinción de dominio, y el de desalojo a familias humildes de pequeñas parcelas a quienes por décadas han habitado estos territorios. Nosotros, como comunidad de Pauna, nos sumamos a esa férrea voluntad y compromiso de cumplimiento a lo pactado con la erradicación voluntaria y de la misma manera esta comunidad le solicita al Gobierno nacional y al Estado en su conjunto, no a la extinción de dominio de la tierra de nuestros abuelos”, se escucha a un líder social del municipio y a la comunidad que salió a las vías para impedir la diligencia por parte de los funcionarios de la SAE.