La defensa de Colombia ante La Haya fue el gran tema ausente durante los últimos debates presidenciales y lo sigue siendo entre los colombianos. Hace meses que se dejó de hablar sobre los ánimos expansionistas de Nicaragua, que no cesa en su empeño de quitarnos otra tajada de nuestro territorio nacional. A pesar de semejante amenaza, pareciera que solo la contemplación y el disfrute ocasional del mar de siete colores fuera la única relación que los colombianos tenemos con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Como se sabe, la tercera reserva coralina del planeta, el Seaflower, hace parte del país, pero hay poca conciencia sobre esto. Olvidamos también nuestra obligación de preservarla, dando cumplimiento al compromiso que asumimos con la humanidad a través de la Unesco. Si las cosas continúan como van, en 20 años todo ese patrimonio desaparecerá. Ojalá, resultado de tanta negligencia oficial y de la desidia de la sociedad civil, no estemos arriesgando que nuestros compatriotas dejen un día de serlo y, de paso que el archipiélago, como territorio, deje de ser colombiano. Es hora de asumir de nuevo el tema y debatirlo abiertamente. Por ello queremos retomar los argumentos que presentamos en el artículo publicado por SEMANA en 2013, así como en nuestro libro La llegada del dragón, donde advertimos y denunciamos la existencia de una clara relación entre el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012 y la construcción de un canal interoceánico, haciendo uso indebido e ilegítimo de nuestras aguas. En su momento presentamos como prueba reina, nunca desvirtuada por el gobierno nicaragüense, la celebración de un acuerdo secreto entre Managua y el empresario chino Wang Jing, firmado por el propio presidente, Daniel Ortega, el 31 de octubre de 2012, solo 18 días antes del fallo que le despojó a Colombia más de 75.000 kilómetros de nuestro mar. Argumentamos que ese acuerdo, desconocido por nuestra defensa y ocultado por Nicaragua a los magistrados de La Haya, constituía una causal suficiente para pedir la revisión de la decisión. Lo que anticipamos se ha venido cumpliendo casi al pie de la letra. Nicaragua inició dos nuevas demandas contra Colombia, presionando la aplicación del fallo y buscando conquistar más territorio, todo dentro del objetivo estratégico de garantizar a sus socios chinos la construcción de un canal interoceánico cuyas obras se iniciaron el 22 de diciembre de 2014, lo que representa otra amenaza para Colombia. Reserva en peligro Un informe publicado en 2014 por el Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN), que contó con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, advierte que “los corales del Caribe podrían desaparecer en 20 años”. El estudio muestra cómo el tráfico del Canal de Panamá ha influido negativamente en los corales en el mar Caribe. Si a este y otros estudios, como los realizados por la Corporación Coralina, Invemar y la Comisión Colombiana del Océano, se le suma el peligro adicional que generará la gigantesca sedimentación producida por la construcción y mantenimiento del canal de Nicaragua y el tráfico de buques de más de 500.000 toneladas, ¿qué futuro puede tener la reserva Seaflower y la riqueza de nuestro mar Caribe? Queremos denunciar de manera clara y contundente, que de acuerdo con el proyecto presentado por la empresa china HKND (ver mapa ), los desechos de los dragados del canal de Nicaragua, conformados por más de 81 millones de toneladas de fango y residuos sólidos, serán vertidos en el mar Caribe, a escasos kilómetros de nuestro territorio. Una parte se utilizará como relleno para construir el Puerto del Águila, una de las obras más importantes para el canal. El resto de los desechos serán depositados a más de 35 kilómetros de dicho puerto y del corredor de acceso al canal en la zona de Punta Gorda. El proyecto también prevé ‘dragados de mantenimiento’, una vez entre en operación el canal, lo cual constituye una amenaza permanente para nuestro medioambiente. Esta agresiva intervención, unida al tráfico de los gigantes buques tanqueros, militares y de carga, terminaría por destruir en pocos años los arrecifes coralinos de la reserva del Seaflower. Sin negar el derecho que tiene Nicaragua de hacer su canal, es deber de todo el Estado colombiano, incluyendo los tres poderes públicos y los órganos de control, asumir la posible realización del mismo como un riesgo real. Un canal ciento por ciento chino Como se sabe, la megaobra es fruto de la alianza entre el gobierno de Nicaragua y la firma china HKND, con sede en Islas Caimán. La empresa es cabeza de un holding compuesto por otras cinco compañías registradas en las mismas islas, y siete más en Holanda (país sede de la Corte de La Haya), y es liderada por el empresario chino Wang Jing quien, según la revista Forbes, es el hombre más rico de ese país en el área de telecomunicaciones y el número 12 entre todos los millonarios del gigante asiático. Wang tiene una inocultable y estrecha relación con el gobierno, especialmente con el Ejército chino, como proveedor. Si bien el gobierno chino se ha mostrado públicamente alejado del proyecto, es un hecho que el Estado está cada vez más involucrado en el canal. No es difícil intuir que una buena tajada de los 250.000 millones de dólares de inversiones que el presidente chino Xi Jinping acaba de anunciar hará en América Latina y el Caribe, se utilizará para financiar la construcción del canal. Por eso no es de extrañar que hoy tres firmas de propiedad ciento por ciento del Estado chino ya sean accionistas y ejecutoras del canal. Se trata de China Railway Construction Corporation (CRCC), una de las 500 empresas más grandes del mundo considerada una de las constructoras más agresivas del planeta. Gezhouba Group, filial de la gigante estatal China Energy, la misma que construyó la ‘represa de las tres gargantas’ y XCMG, una de las empresas de maquinaria pesada para excavación y construcción más grandes de ese país. En este contexto, sigue siendo totalmente válido alegar el conflicto de intereses que hemos advertido tiene la juez china Xue Hanqin, así haya sido considerado como “atrevido” por algunos, entre ellos el embajador de China en Colombia. No solo por razones jurídicas, sino éticas, la juez misma debería declarar su impedimento. Los hechos nos dan la razón. Las obras del canal ya se iniciaron. Es evidente que los intereses chinos podrían resultar claramente favorecidos en el contexto de las nuevas demandas nicaragüenses, pues las leyes que autorizan la concesión del canal a los chinos mencionan que la plataforma continental se considera como parte integral del canal y, por tanto, de la concesión por 100 años otorgada a Wang Jing. En caso de ser fallada en favor de Nicaragua, dicha decisión aumentaría el tamaño de la plataforma continental nica, y por tanto, de la concesión para el canal. En el escenario de la demanda por plataforma continental presentada por Nicaragua, el gobierno colombiano tiene pleno derecho de solicitar a la Corte que declare el impedimento de la juez china y nombre un juez ad hoc para reemplazarla. Estados Unidos y Rusia entran en la escena La posición asumida por el gobierno de Estados Unidos en los últimos meses, confirma que la construcción del canal será uno de los temas geopolíticos más importantes del siglo. En un informe que el jefe del Comando Sur, general John F. Kelly, presentó ante el Congreso el 26 de febrero de 2014, expresó su preocupación por la creciente presencia de Rusia y China en América Latina y el Caribe: Rusia, a través de venta de armas, cooperación contra el narcotráfico y acuerdos bilaterales; y China, mediante la construcción del canal de Nicaragua. A comienzos de este año, la embajada de Estados Unidos en Managua manifestó su preocupación y molestia por la falta de transparencia que rodea el canal, así como por la falta de garantías para los campesinos que serían expropiados. También por la falta de garantías para la participación de empresas norteamericanas en el negocio del canal, lo que demuestra que el gobierno Obama está lejos de banalizar un hecho geopolítico innegable: el canal chino en el Caribe es una realidad. La recomposición de las relaciones diplomáticas con Cuba muestra que Estados Unidos no está dispuesto a ceder frente a las intenciones de China y Rusia, países que tienen claros intereses geopolíticos en el Caribe, lo cual incluye el apoyo al canal interoceánico nica. El propio Vladimir Putin, en su visita ‘sorpresa’ a Managua, realizada en julio de 2014, confirmó lo que ya había advertido su propio canciller Serguei Lavrov: Rusia dará apoyo “político-militar” a la construcción del canal. Y si había dudas, la semana pasada el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigú, visitó Managua para sellar la venta de sofisticados aviones de combate MiG-29. Responsabilidad del gobierno y del Estado La última vez que nos reunimos con el presidente Juan Manuel Santos fue el 23 de julio de 2013. Al salir de su oficina quedamos tristes y perplejos, pues entendimos que el gobierno no respaldaría nuestra tesis sobre la posibilidad de presentar un recurso de revisión que diera la batalla jurídica para defender el mar que nos arrebataba el fallo de La Haya, fundamentado en el contrato secreto, previo al fallo, celebrado entre chinos y el gobierno de Nicaragua, para la construcción del gran canal. El presidente, de manera categórica y solemne, basado en la información privilegiada que poseía, nos garantizó que ese canal nunca se construiría. En los medios, Santos calificó la posibilidad de construir el canal como “cuento chino”. El expresidente Samper, de manera hábil e inmediata, dio declaraciones a la prensa apadrinando la idea. Noemí Sanín renunció a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, salvaguardando la independencia de nuestros argumentos. Los días han pasado, hoy lo del canal no tiene nada de cuento, pero todo de chino. Aún desconocemos las razones por la cuales el gobierno, a pesar de haber reconocido la contratación de prestigiosos abogados para su preparación, nunca presentó el recurso de revisión por nosotros sugerido. Se adujo que habría pocas posibilidades de ganarlo. Sin embargo, así hubiere apenas el 0,01 por ciento de probabilidades de éxito, el recurso debió ser presentado. Más cuando se trataba de defender el territorio nacional. El juez implacable de la historia será quien dicte el último veredicto. En nuestro criterio, si se hubiese hecho uso del recurso al que teníamos derecho, no estaríamos enfrentando los grandes riesgos que se ciernen hoy sobre Colombia, y Nicaragua no habría podido tomar tanta ventaja en su estrategia geopolítica y jurídica. Fuentes nicaragüenses confirmaron que la noche del 13 de diciembre de 2013, fecha en la que se venció el plazo para presentar el recurso de revisión, algo que Colombia no hizo, el gobierno de Ortega celebró brindando con champaña, regocijándose por la desaparición del último obstáculo para la realización de su antiguo sueño canalero, y tal vez, ¿por qué no?, agradecidos por la política exterior de apaciguamiento, que viene adoptando nuestro gobierno, doctrina tan duramente criticada por Winston Churchill en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Los dos nuevos procesos iniciados por Nicaragua contra Colombia avanzan ante La Haya, sin que los colombianos sepamos siquiera algo de las actuaciones del equipo de abogados que la canciller conformó para la defensa de nuestro territorio, liderado por Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda. Se está repitiendo la historia de un injustificado e inútil secretismo, vieja manía de algunos presidentes y cancilleres, como consecuencia del cual hemos perdido en los últimos 150 años más del 31 por ciento de nuestro territorio a favor de los países vecinos. Solicitamos que, en esta coyuntura, el presidente Santos y su canciller informen al país sobre cuál es la estrategia para defender nuestro mar y proteger la reserva de la biosfera del Seaflower, que de acuerdo con la Unesco, está bajo nuestra responsabilidad. Como lo expresamos el 22 de diciembre, cuando comenzaron las obras del canal interoceánico, acudiremos ante la oficina Regional de la Unesco en Quito para denunciar los efectos nocivos que la construcción y operación de dicho canal generará en la Reserva del Seaflower. Interpondremos las acciones populares a que hubiere lugar y abogaremos ante la ONU por el establecimiento de medidas de protección especiales. Finalmente coadyuvaremos a las denuncias presentadas por varias organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando protección de los derechos fundamentales y del medioambiente de nuestras comunidades. *Excanciller de la República. **Ex viceministro de Justicia y del Derecho.