El canciller Álvaro Leyva ha gastado más tiempo en el cargo intentando apagar incendios de la cartera que trabajando en la diplomacia del país. Una pequeña discusión sobre cómo se garantizaría la elaboración de pasaportes en Colombia a través de una licitación, se le convirtió en un escándalo por cuenta de las dudas que existen sobre un proceso de más 600.000 millones de pesos.
Aunque la Cancillería ha intentado demostrar que el proceso cuenta con todas las garantías, lo cierto es que cada vez aparecen más peros a la licitación y todos los oferentes concluyen que el ministro Álvaro Leyva estaría favoreciendo a la empresa Thomas Greg & Sons que lleva más de quince años con ese contrato.
Después de suspender el proceso y reanudarlo con unos supuestos cambios, los oferentes insisten en que la Cancillería no hizo modificaciones de fondo y así como están las cosas, la única empresa que podrá cumplir con todos los requisitos es Thomas Greg & Sons, lo que en Colombia se llamaría un pliego sastre o hecho a la medida.
Por esa razón, este miércoles se conocerá el número de empresas que finalmente competirán por la millonaria licitación, ya que algunas han pensado que es mejor desistir “ante la evidente falta de garantías por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Esta adjudicación será la primera bajo la administración de Álvaro Leyva y ha sido una de las más cuestionadas del Gobierno Petro al superar el medio billón de pesos con una duración de 36 meses para elaborar los pasaportes en Colombia.
El asunto de fondo es que en el proceso hay empresas de varios países que han pedido modificar las condiciones de la licitación que, supuestamente, favorecen únicamente a Thomas Greg & Sons y no ha tenido resultado dicha petición.
El pasado 5 de julio la Cancillería anunció la reactivación del proceso de licitación y señaló que se habían hecho las modificaciones de fondo al pliego final, pero lo cierto es Thomas Greg sigue teniendo ventaja sobre las demás empresas
Cabe recordar que, aunque este proceso ha generado polémica desde que se abrió, la Cancillería solo se pronunció hasta que la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al tema.
El pasado 19 de mayo, el procurador delegado segundo para la Vigilancia de la Función Pública, Fernando Grillo, advirtió que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la selección del contrato, no había respondido a una serie de observaciones realizadas por el Ministerio Público, las cuales se referían al pliego de licitación y las condiciones de participación.
El procurador Grillo enfatizó en que “el proceso de suministro y personalización de pasaportes debe llevarse a cabo con los más altos estándares de seguridad y calidad, considerando que este documento no solo tiene implicaciones directas en la protección de la identidad y la integridad de los ciudadanos, sino que también es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad nacional, el control y la circulación migratoria”.
Por esa razón, el Ministerio afirmó que la suspensión se dio “con la finalidad de dar aplicación de los principios inherentes a la contratación estatal, se considera necesaria la suspensión de los términos del presente proceso de selección, con la finalidad de analizar el conjunto de observaciones allegadas en contraste con las condiciones previamente conocidas por la Entidad, de manera que se posibilite el término suficiente para realizar las indagaciones técnicas especializadas a que haya lugar, así como la socialización de las mismas con distintos entes estatales que resultan competentes, conforme la complejidad y relevancia del proceso, así como el impacto en la seguridad nacional”.
Posible desabastecimiento de pasaportes
El problema de fondo es que el contrato actual está vigente hasta el 31 de agosto y no podrá ser prorrogado, ya que en ocasiones anteriores se hizo la extensión del mismo, justamente, por estar en marcha esta licitación.
Esto significa que Colombia podría sufrir un desabastecimiento de pasaportes porque no habría una empresa encargada de dicho proceso, que se adelantó bajo una lluvia de críticas y sobre el tiempo, a pesar de que el cambio de Gobierno se dio el pasado 7 de agosto de 2022.
Los oferentes dijeron que es positivo que se haya suspendido el proceso para dar garantías a todos, pero aclararon que si no se hacen modificaciones de fondo, igual todos los caminos conducirán a una adjudicación para Thomas Greg & Sons.
Varios de los oferentes dijeron a SEMANA que debe haber condiciones de contratación incluyentes y justas “especialmente aquellas relacionadas con las condiciones técnicas (presentación de muestras, evaluación de muestras y factores ponderables) y los tiempos otorgados para la preparación de la propuesta y los plazos de implementación”.
Thomas Greg & Sons es una multinacional de origen británico que en el país lleva 17 años con el contrato para el suministro e impresión de pasaportes. Sin embargo, podría llegar a 20 porque está abierta otra licitación y todo apunta a que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores le adjudicará nuevamente la responsabilidad de “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión”.
Dicha compañía ha sido adjudicataria en 17 procesos de selección, de los cuales en 14 ha sido oferente único porque, según otras empresas, siempre hacen un “pliego sastre” para beneficiar a Thomas Greg & Sons. Aunque el contrato vigente, que fue demandado venció en junio de 2022, se tomó la decisión de hacer una prórroga por el cambio de inquilino en la Casa de Nariño. Ahora, habrá que esperar si la multinacional británica se queda nuevamente con la adjudicación u otro oferente puede hacerse a ella.