La pelea por la elección del contralor está candente. Cada fuerza política ha movido sus fichas tras bambalinas, como en una discreta partida de ajedrez. Pero dos decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca patearon el tablero. Los partidos tuvieron que barajar y volver a empezar a menos de 15 días de la votación, programada para el próximo 3 de agosto.
La Contraloría es una de las entidades del Estado con mayor poder y puede entorpecer el rumbo de cualquier alcalde o gobernador con la apertura de un proceso fiscal. Además, uno de los asuntos que más interesa a los congresistas es que cuenta con amplia burocracia: 6.829 funcionarios y un presupuesto que supera el billón de pesos al año.
La elección de la cabeza de este ente de control fiscal se viene calentando desde febrero, cuando el entonces presidente del Congreso, el conservador Juan Diego Gómez, abrió de manera muy anticipada el concurso de méritos para que se inscribieran los aspirantes.
Durante el proceso de selección, el anterior Congreso, en cabeza de la coalición de partidos que acompañó al saliente presidente Iván Duque, se aseguró de que entre los diez finalistas quedaran candidatos afines a ellos y al saliente contralor Carlos Felipe Córdoba.
Pero además se encargaron de eliminar al candidato más cercano al petrismo, Julio César Cárdenas, quien hace cuatro años, cuando aspiró por primera vez a este mismo cargo, recibió el apoyo público del entonces senador y ahora presidente electo, Gustavo Petro.
Con el listado inicial, los partidos movieron sus fichas, entrevistaron a los candidatos y concretaron sus alianzas, pero apareció la decisión tomada la semana pasada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obligó a rehacer el listado de aspirantes. Consideró que en la escogencia inicial no se tuvo en cuenta la meritocracia ni la participación equitativa de las mujeres, pues eran ocho hombres y apenas dos mujeres en la contienda.
Esto abrió una esperanza en el petrismo, que estaba inconforme con los candidatos, y obligó a una reunión de emergencia el pasado sábado de la comisión accidental del Congreso, encargada de este proceso, que en tiempo récord elaboró un nuevo listado.
En esta selección fueron eliminados el exdirector del DNP Luis Alberto Rodríguez, cercano al presidente Duque, y los contralores delegados Juan Carlos Gualdróny Aníbal Quiroz, de la cuerda del actual contralor Córdoba, envueltos en el escándalo de los Ocad Paz.
En cambio, fueron incluidas tres mujeres: Elsa Yazmín González, excontralora de Antioquia; Diana Torres, excontralora de Medellín; y Karol González, abogada especialista en control fiscal, quien posteriormente renunció a su candidatura. Así se logró la paridad de género.
Sin embargo, en esta nueva lista no fue incorporado Cárdenas, lo que desató nuevamente la ira en un sector del petrismo, especialmente de los senadores Gustavo Bolívar y Alexánder López, quienes pidieron transparencia.
Y cuando se creía que este ya sería el listado definitivo, nuevamente apareció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el miércoles pasado, apenas 15 días antes de la elección, abriendo un incidente de desacato contra la comisión accidental que hizo esta nueva selección. El Tribunal considera que la nueva escogencia “determinó una regla que no estaba en las normas que rigen el proceso”, lo que terminó “afectando a los candidatos Julio César Cárdenas Uribe y Juan Carlos Gualdrón”.
El Tribunal, antes de tomar una decisión de fondo, le dio dos días a esta comisión para explicar los criterios que tuvo en cuenta en la selección.
“Lo que hicimos fue ponderar los resultados de las pruebas de conocimiento y la experiencia de cada uno de los candidatos, esa fue la lista que presentamos”, explicó el senador Carlos Abraham Jiménez, quien estuvo en la comisión accidental.
Con esta determinación judicial, en la que se mencionan nombres y apellidos, ya hay quienes aseguran que detrás de los esfuerzos por modificar la lista habría un solo objetivo: lograr la inclusión de Julio César Cárdenas, quien, valga decirlo, obtuvo uno de los puntajes más altos, según el escalafón que entregó el Tribunal de Cundinamarca.
“Casualmente, Dalal Karime Dager Nieto, abogada que ha venido interponiendo estas acciones judiciales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,es excompañera de estudios de Cárdenas”, denunció el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos.
SEMANA se comunicó con Cárdenas para corroborar esta afirmación, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. Esta revista revisó las hojas de vida de Dager Nieto y de Cárdenas y encontró que ambos son abogados de la Universidad Externado, pero no se pudo comprobar que sean de la misma promoción.
Pulso político
En todo caso, el trasfondo de esta controversia jurídica es el duro pulso político que se vive en el Congreso, que deberá escuchar a los diez candidatos este miércoles 27 de julio, de no mediar, obviamente, alguna decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Este pulso ya provocó incluso una fuerte fractura en el Pacto Histórico. El senador Bolívar acusó al presidente del Senado y ficha clave del petrismo, Roy Barreras, de estar “en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el ‘tapen tapen’ cuatro años más”.
Esta revista confirmó que la candidata a la cual hace referencia Bolívar es la abogada María Fernanda Rangel, directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), en la Contraloría.
Rangel es vista con buenos ojos en un sector del Pacto Histórico, de la Alianza Verde y la línea oficialista del Partido Liberal, que le expresó su apoyo. Trabajó con Juan Fernando Cristo, miembro de la Coalición Centro Esperanza, cuando este fue presidente del Senado y luego ministro del Interior.
Esta candidata trabaja con el actual contralor Córdoba, quien conserva dentro de su baraja a Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la participación ciudadana.
Otro aspirante es el excontralor de Bogotá Andrés Castro Franco, quien obtuvo el mayor puntaje en las pruebas de selección y se ha convertido en el candidato de sectores de Cambio Radical y algunos de los opositores al presidente electo.
Castro es del grupo político del excontralor de Bogotá Juan Carlos Granados, quien le impuso en 2016 una multimillonaria sanción a Petro por 200.000 millones de pesos debido a supuestas irregularidades durante su alcaldía en la capital, lo que casi lo inhabilita para ser candidato presidencial.
No se descarta que a esta aspiración lleguen sectores del Centro Democrático, que con la nueva lista se quedaron sin candidato, pues fue excluido el exdirector del DNP Luis A. Rodríguez, postulante del Gobierno Duque.
En este pulso también entró el Partido Liberal. De hecho, según conoció SEMANA, la elección del contralor fue uno de los temas en la reunión que sostuvieron en Italia el presidente electo y el expresidente César Gaviria. Los ‘rojos’ están en su mayoría con Rangel. Aunque el grupo de liberales petristas liderado por Julián Bedoya buscan apoyar al candidato al que le haga el guiño Petro, que en este momento podría ser el fiscal Víctor Andrés Salcedo.
En el Partido Conservador, en el que también se quedaron sin candidato con la salida de Rodríguez, aguardan para escuchar a los diez seleccionados, pero lo están tomando con calma para cotizar sus votos al momento de negociar las alianzas con otras fuerzas políticas.
En la baraja de candidatos, además de los mencionados, y a la espera de dar la sorpresa, se encuentran también Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien fue auditor general, defensor regional del pueblo y diputado en el Valle del Cauca; Carlos Fernando Pérez Gélvez, excontralor de Santander; y Mónica Certaín Palma, contralora delegada anticorrupción.
En la elección de contralor es cuando los partidos se muestran los dientes. Saben que se juegan una de las entidades con mayor poder del Estado y con amplia burocracia. Tener un contralor amigo es dar un golpe sobre la mesa. Arrancó el round definitivo. ¿Quién ganará?