En medio de la extensa audiencia de imputación de cargos contra el exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ronald Rodríguez Rozo, por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y actividades de corrupción dentro de la entidad, se conocieron otros detalles de “negocios alternos” que tenía con las camionetas blindadas.
Según la fiscal del caso, vehículos de la UNP se utilizaron como una especie de plataforma para transportar a personas famosas, entre estos cantantes vallenatos. Rodríguez habría utilizado su cargo para alquilar las camionetas y aumentar así su patrimonio. Las pruebas recolectadas señalan que Felipe Peláez habría utilizado estos servicios.
Las pruebas recolectadas develaron que el 17 de mayo de 2023, Rodríguez les entregó de manera directa un vehículo de la UNP a Rafael y Ciro Velandía para un servicio especial. Este era el traslado del “artista Felipe Peláez, o llamado comúnmente como Pipe Peláez, desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hasta Tunja (Boyacá)”.
Por este “servicio” Ronald Rodríguez presuntamente cobró 600 mil pesos. “El vehículo que se entregó ese día para transportar a Felipe Peláez fue una 4Runner BX”. Igualmente, el reconocido compositor vallenato utilizó este mismo servicio para ir de Bogotá a Ibagué, Tolima, servicio por el que el entonces subdirector administrativo de la UNP recibió 900 mil pesos.
Este jueves la Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y peculado al exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Ronald Rodríguez Rozo. En la audiencia de imputación de cargos celebrada este jueves, la Fiscalía General señaló que el exfuncionario habría participado en el envío de cuatro cargamentos de droga utilizando los vehículos oficiales.
Para el ente investigador, Rodríguez Rozo se habría concertado con el conductor Manuel Castañeda y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para movilizar grandes cantidades de cocaína en vehículos blindados. Debido a que los carros aparecían en los registros como de la UNP, se evitaría levantar cualquier tipo de sospecha durante los retenes en las carreteras.
El primero de los eventos por los que la Fiscalía investiga al exsubdirector ocurrió el 10 de diciembre de 2022. Ese día las autoridades capturaron a Manuel Castañeda en el departamento del Cauca, al encontrar 168 kilos de cocaína empacados dentro del vehículo en varios paquetes. Este carro pertenecía, según el ente acusador, al esquema de seguridad del exsubdirector. “Usted actuó dolosamente porque conocía que aportaba el vehículo asignado a su esquema de seguridad para transportar cocaína”, explicó la Fiscalía.
El primer hecho se habría registrado el 6 de junio de 2022, cuando se movilizaron en una camioneta de la UNP 20 kilos de cocaína desde el municipio de La Plata, Huila. Utilizando el mismo modus operandi, se movilizaron –en otro vehículo– 150 kilos de cocaína. Meses después –según fuentes humanas–, se cargó la camioneta asignada al mismo Rodríguez Rozo para escoltar un camión cargado con una tonelada de marihuana.
En diciembre de 2022 se presentó el hecho que dejó al descubierto la organización. En las vías de Caloto, Cauca, fue retenida la camioneta adscrita a Rodríguez cargada con 150 kilos de cocaína. “Para realizar estas conductas dentro de la organización criminal le correspondía a usted, señor Ronald Rodríguez Rozo, aportar el medio de transporte, el cual lo realizaba aprovechando su condición de funcionario público de la UNP. Igualmente, se tiene que usted tenía la plena disponibilidad del parque automotor por su cargo”, detalló el fiscal del caso.
Rodríguez Rozo, quien fue detenido en su apartamento en el occidente de Bogotá, se declaró inocente de estos hechos. En la diligencia judicial se indicó que durante el allanamiento a su vivienda le encontraron 600 millones de pesos en efectivo en una caja fuerte. Este dinero, del cual se pidió que pase a cadena de custodia, sería parte de las actividades delictivas que ejecutó.
En diciembre pasado, SEMANA reveló que Rodríguez Rozo trabajó en el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en donde se desempeñó como detective del área de protección durante varios años, al igual que Wilson Devia, el sindicalista, también acusado de corrupción dentro de la entidad.
Como se recordará, el DAS fue liquidado en octubre de 2011 ante los graves escándalos de interceptaciones ilegales de llamadas a magistrados, periodistas y funcionarios del Estado, entre otros hechos.
Con la liquidación del DAS, las funciones de protección a personas con alto riesgo pasaron a una nueva entidad, la Unidad Nacional de Protección, adonde llegó Rodríguez Rozo como coordinador del área de seguimiento de medidas.
Su jefe inmediato fue José Luis Aguilar, subdirector de la entidad, quien a la vez le respondía a Andrés Villamizar, el primer director que tuvo la UNP.
Con el paso del tiempo, Rodríguez Rozo llega a la oficina de Implementación de Medidas, una de las más importantes de esa entidad, como quiera que por allí pasaba la aprobación de todos los esquemas de seguridad de los protegidos del país.
Luego Ronald Rodríguez llegó a la subdirección de la UNP, en la que se estructuran técnicamente los millonarios contratos con las empresas proveedoras de carros y de personal de protección y donde según Augusto Rodríguez, actual director de la entidad, está enquistada la mayor corrupción de la UNP.
El nombre de Ronald Rodríguez Rozo salió a la luz pública en 2014 por una denuncia que instauró el entonces director de la UNP, Andrés Villamizar, contra 12 funcionarios de esa entidad que presuntamente estaban involucrados en hechos de corrupción. Rodríguez Rozo estuvo como indiciado por estos hechos junto a 12 personas más.
UNP le retira esquema de protección
Durante el tiempo que estuvo como subdirector de la entidad, Ronald Rodríguez Rozo tuvo un robusto esquema de seguridad. A su salida, el pasado 30 de agosto, ese esquema se redujo ostensiblemente, pero hace pocos días Rodríguez solicitó que se reforzarán nuevamente con un vehículo blindado para un viaje fuera de Bogotá, justo durante los días de Navidad y Año Nuevo.
SEMANA conoció la resolución del Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas) de servidores y exservidores públicos, en la cual se decidió ajustar las medidas de protección del exsubdirector de la entidad.
“Finalizar un esquema tipo dos conformado por un (1) vehículo blindado y dos (2) hombres de protección. Implementar un (1) chaleco blindado y un (1) botón de apoyo. Las medidas de protección tendrán una temporalidad inicial de doce (12) meses”, sostiene la resolución.
La resolución le fue notificada a Ronald Rodríguez ayer a las 5:00 p. m.
SEMANA intentó comunicarse con Ronald Rodríguez, pero no obtuvo respuesta.
Las visitas del “narcochofer” a Rodríguez Rozo
SEMANA obtuvo los registros de entrada y salida de Manuel Antonio Castañeda a la Unidad Nacional de Protección durante este año.
En los registros aparecen cinco visitas al exsubdirector de esa entidad Ronald Rodríguez Rozo, quien estuvo en ese cargo hasta el pasado 30 de agosto.
El primero fue el 26 de abril pasado desde las 9:18 a. m. hasta las 10:34 a. m.; el segundo fue el 2 de mayo desde las 3:34 p. m. hasta las 4:05 p. m.; el tercero fue el 18 de mayo desde las 8:19 a. m. hasta las 9:01 a. m.; el cuarto el 20 de mayo desde las 2:15 p. m. hasta las 5:00 p. m., y el último el 28 de junio desde las 8:15 a. m. hasta las 8:30 a. m.
También aparece una visita de Castañeda a la Subdirección de Protección el primero de noviembre desde las 11:21 a. m. hasta la 1:11 p. m.
Y dos vistas más, una el 30 de noviembre desde las 8:11 a. m. hasta las 9:15 a. m. a un asesor de la dirección general de la UNP y otra el 5 de diciembre pasado desde las 12:15 p. m. hasta la 1:07 p. m. al despacho del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.
SEMANA estableció que las dos últimas entradas de Castañeda a la UNP (la del 30 de noviembre y la del 5 de diciembre) estuvieron relacionadas con los acercamientos que hizo el expolicía para relatar hechos de corrupción al interior de la entidad en los que estarían involucrados funcionarios, exfuncionarios, sindicalistas y contratistas de la UNP.