Este lunes, la Contraloría General de la República dio a conocer algunos de los hallazgos obtenidos por la intervención realizada a la hoy en liquidación EPS Saludcoop. Según el órgano de control fiscal, la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud administrados esta entidad puede ascender a más de 150 mil millones de pesos. Al hallazgo fiscal por más de 80.631 millones de pesos a esta misma EPS, encontrado durante la intervención a cargo de Guillermo Enrique Grosso Sandobal y que se dio por haber sobrepasado el tope de los recursos destinados a gastos de administración con dineros que debían haberse destinado a la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados, se suma esta nueva imputación fiscal por 69.978 millones. Adicionalmente, en otra indagación preliminar adelantada por la Contraloría durante la presidencia de Grosso Sandoval, se evidenciaron hallazgos por más de 2.029 millones. Le sugerimos: Destapan cáncer de corrupción en la Superintendencia de Salud La desviación de recursos de la EPS entre los años 2011 y 2013 llevó a que el órgano de control imputara responsabilidad fiscal por un total de 69.978 millones a los exsuperintendentes de salud Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo, así como a los agentes interventores para la época de los hechos, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, Mauricio Castro Forero y Wilson Sánchez Hernández. A todos les fue decretada medida cautelar. Los hechos de la imputación Luego de haber evaluado las pruebas allegadas al proceso, el contralor delegado imputó a los 5 mencionados por los siguientes hechos, según comunicado: -Desviación de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud a cargo de Saludcoop EPS en Intervención, los cuales en vez de destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados, habrían sido utilizados para realizar gastos sin relación de causalidad con el tema médico, ni con el objeto social de la EPS intervenida. -Igualmente, los recursos de la salud habrían sido utilizados para pagar créditos a largo plazo obtenidos con entidades financieras, los cuales serían transacciones no autorizadas. Según indica la Contraloría, los gastos cuestionados corresponden a patrocinios; honorarios por conceptos de auditoría forense y asesoría técnica; colocación del POS; pagos por obligaciones financieras a largo plazo; intereses sobre obligaciones financieras, de mora y sobregiros; pago a vinculados económicos y pagos por contrato de leasing. Puede leer: Las enfermedades de Esimed: así se vive un día de protestas en la Clínica Jorge Piñeros Corpas La destinación del dinero El organismo de control, estableció que los recursos desviados habrían sido utilizados de la siguiente manera: -Honorarios por asesorías jurídicas pagados a José Joaquín Bernal Ardila ($104.310.00) -Honorarios por asesorías jurídicas pagados a Ricardo Calvete & Abogados Asociados ($226.295.100) -Honorarios por asesorías jurídicas pagados a Uriel Alberto Amaya Olaya ($360.110.864) -Honorarios por asesorías jurídicas pagados a Vargas Abogados Cia Ltda ($258.160.000) -Leasing con Bancolombia ($22.580.154.724) -Leasing con Banco de Occidente ($12.347.451.223) -Pagos a la cooperativa Epsifarma ($12.074.252.053) -Pagos a la Corporación Saludcoop IPS ($20.680.409.494) -Pagos por cuenta de vinculadas económicas -saldo cesantías- ($436.436.830) -Pagos por cuenta de Work & Fashion -saldo otros conceptos- ($603.363.000) -Pagos por cuenta de Healthfoo -saldo otros conceptos- ($307.771.000) En video: Sin Medimás, ¿podría colapsar el sistema de salud? En cuanto a la responsabilidad individual de los imputados, se les señalaron los siguientes montos a cada uno: 30.008 millones a Wilson Sánchez Hernández, 27.324 millones Mauricio Castro Forero, 20.470 millones a Conrado Adolfo Gómez Vélez, 16.848 millones a Gustavo Enrique Morales Cobo y 12.645 millones a Guillermo Enrique Grosso Sandoval. La Contraloría puso en conocimiento del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez estas irregularidades.