El Consejo de Estado aceptó la demanda que interpuso el abogado Germán Calderón España para que se declare nulo el acuerdo que suscribió el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - en el que se modifica el modelo de salud y seguridad en el trabajo de los funcionarios del Magisterio y pensionados.
La pretensión de la demanda solicita “se declare la nulidad del Acuerdo No. 03 del 1 de abril de 2024, suscrito por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, por el cual, en apariencia “se modifican los lineamientos para la contratación de prestación de servicios de salud para el Magisterio estipulados en los acuerdos 09 del 2016, 05 de 2022 y 03 de 2023 y se dictan otras disposiciones”, pero que realmente modifica el sistema, modelo o régimen de salud del magisterio, por adoptarse sin la competencia para ello”.
La demanda argumenta que los integrantes del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), dieron por sentado el cambio del nuevo modelo de salud para los profesores, a pesar de que no representaba la “voluntad general ni es legal” que los miembros del Consejo tenga competencia para tomar ese tipo de medidas.
“En cuanto al Comité Ejecutivo, es el organismo de dirección permanente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE–, representa ante todo el interés general de los trabajadores de la educación. Está obligado a velar por el cumplimiento de los estatutos y demás ordenamientos, así como acatar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General Federal”, explica la demanda.
Para el abogado España, se violó el principio de legalidad porque no se puede modificar el régimen especial de salud de los integrantes del magisterio por decreto, ni acuerdo, ni acto administrativo alguno, pues existiría una falta de competencia del gobierno para modificar dicho sistema.
La demanda también explica que “la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta -FIDUCIARIA LA PREVISORA (actualmente)”.
Otra de las razones para que dicha decisión fuera estudiada por el Consejo de Estado a través de una demanda es que ni el presidente ni los integrantes del Consejo Directivo del Fomag, pueden expedir normas que modifiquen el régimen especial que salud, teniendo en cuenta que esa tarea sería asumida por el Congreso de la República.
“No puede ser modificado el régimen de salud especial y exceptuado que tienen los miembros del magisterio por cualquier ley ordinaria, pues, por tratarse de un régimen de salud, cuya materia versa sobre derechos fundamentales, deberá hacerse por ley estatutaria de conformidad con el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política de Colombia”, indica la demanda.
Dicho recurso judicial fue aceptado por el Consejo de Estado, horas después de que la Procuraduría le abrió investigación a cuatro ministros del gobierno de Gustavo Petro y a una serie de altos funcionarios por las presuntas irregularidades que habrían puesto en un riesgo billonario los cambios que se dieron en el sistema de salud de los profesores.
El documento en el que se tomó la decisión cita que la investigación recae sobre el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la exministra de Educación Aurora Vergara, quien salió de su cargo hace pocos días y llegó Daniel Rojas Medellín a reemplazarla.