Hace apenas unas semanas, el zar de la chatarra Pedro Aguilar regresó a prisión en medio de un escándalo de corrupción por haber puesto un fiscal falso para lograr su libertad. Esta burla a la justicia desató la celeridad en todas las investigaciones que se adelantaban en su contra, entre ellas, una por la enorme red de bienes conseguidos al parecer con dinero ilegal y que estarían en cabeza de familiares y terceros. En total, las autoridades incautaron 85 propiedades que suman un valor de 50.000 millones de pesos. Estas propiedades al parecer estarían en cabeza de su esposa, su hermano, su hija y su yerno. Puede leer: Líder de los camioneros, acorralado por la justiciaLos detenidos deberán responder por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad en documento público, cargos por los cuales podrían tener una pena de hasta 30 años de cárcel. Pedro Aguilar dentro de una investigación que lo señala como el jefe de un cartel de la chatarrización. Este caso también compromete la actuación de los camioneros, varios funcionarios de institutos vinculados al Ministerio de Transporte y con Secretarías de Tránsito.Uno de los informantes era Andrés Villegas, quien fue muy cercano a Aguilar y que hizo parte de los cuadros directivos de la Asociación Colombiana de Camioneros. Villegas fue capturado en 2014 junto con el hermano de Pedro Aguilar, Luis Aguilar, por hacer parte de esta organización para estafar al Estado.Este cartel operó por años en el país. El modus operandi de Aguilar y otros camioneros, en complicidad con funcionarios públicos, era que hacían pasar por chatarra camiones viejos que nunca salían de circulación pero por los cuales cobraban recursos al Estado que podrían llegar hasta los 80 millones de pesos por cada vehículo. Al mismo tiempo ingresaban nuevos camiones con el mismo cupo.En contexto: Un exreciclador, un vendedor ambulante y el líder de los camioneros, el reparto de una fuga de películaAl parecer también falsificaban documentos para que volquetas, camiones pequeños y vehículos con más de 20 años de uso fueran reconocidos como chatarra. Villegas aportó toda clase de pruebas para demostrar estos hechos y dijo que su vida y la de su familia corrían peligro por las amenazas de Aguilar. Por este caso, Aguilar responde por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. Estos cargos se sumaron a los que le imputaron por la fuga.