En noviembre del año pasado cayó el cargamento de cocaína más grande que se haya incautado en un solo operativo: 13,4 toneladas que, en el extranjero, pueden costar más de 200 millones de dólares. El botín le pertenecía a Otoniel, el máximo jefe del Clan del Golfo y el criminal más buscado del país.Pero las investigaciones alrededor de ese megacargamento no terminaron allí. Casi diez meses después, la Policía Antinarcóticos acaba de capturar a 10 personas que, al parecer, eran los encargados de custodiar semejante cantidad de droga, que estuvo encaletada en fincas de Chigorodó y Carepa, municipios del Urabá Antioqueño.Esa incautación desencadenó líos gigantes dentro del Clan. Por un lado, fue un revés a sus finanzas, debilitadas desde hace meses por la Operación Agamenón, que los ha llevado incluso a perder a muchos de sus hombres en armas que desertan de la organización por falta de pago. Pero también desembocó en una guerra de revanchas dentro del grupo y en varios asesinatos.En contexto: ¿De dónde sale tanta coca?Uno de los capturados por la Policía en las últimas horas fue alias el Flaco, un hombre de confianza de Otoniel, quien lo había designado como jefe de la vigilancia de sus caletas de cocaína. También fue arrestado Steven, a quien los investigadores identificaron como el encargado de escoger las fincas donde se hacían las caletas y cuadrar el negocio con los dueños de los predios para que permitieran la entrada de los camiones cargados de cocaína, que llegaban desde Nariño, el Bajo Cauca y el Catatumbo.Tao y Alejandro, otros de los presuntos miembros de esta red de ‘caleteros‘ eran quienes recibían la droga de los laboratorios y la transportaban hasta las caletas. Tatiana, la pareja de El Flaco, era quien administraba y llevaba la contabilidad de esas caletas. Los otros cinco detenidos eran, al parecer, los encargados directos de la seguridad de los cargamentos, quienes se comunicaban con radio para alertar cualquier presencia cercana a la droga.Dentro del operativo, además, se adelantó la extinción de dominio de las tres fincas donde estaba enterrado el megacargamento. Son cuatro propiedades que suman 270 hectáreas y están avaluadas en más de 8.000 millones de pesos.