Ante una juez de Garantías la Fiscalía solicitó legalizar la captura de seis uniformados capturados por sumarse a una red de traficantes de droga en Bogotá. Los policías, en grado de patrulleros, aparecen en las pruebas recaudadas por los investigadores y que los dejan comprometidos en el tráfico de drogas en las celdas de paso ubicadas en la estación de Policía de la localidad de Fontibón.
Las evidencias de la Fiscalía indican que los uniformados estaban en la mitad de una red criminal enquistada en las celdas donde permanecían detenidas personas en procesos de judicialización o en tránsito para una cárcel.
La fiscal del caso aseguró que los uniformados se concertaron con los llamados “plumas”, cabecillas de organizaciones criminales que controlan las celdas y así facilitar el tráfico de estupefacientes, incluso de pegante.
La Fiscalía explicó en detalle cuáles son las pruebas que enredan a los uniformados con el tráfico de estupefacientes en las celdas que tenían, en teoría, como compromiso cuidar, que estaban bajo su supervisión, pero donde, al parecer, ignoraron lo que ocurría, esto es, la venta de estupefacientes.
Los capturados fueron identificados como los patrulleros: Julio César Valencia Lenis, Andrés Felipe Ramírez Cepeda, Yeferson Gabriel Gaitán Díaz, Daniel Alfonso Puentes Flores, Carlos Julio Colmenares Luna y Cristian Mauricio Chamorro. La mayoría fueron capturados en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá.
“Se concertaron con ‘los plumas’ de las celdas de paso y a cambio recibían pagos a través de la plataforma Nequi, todo con el objetivo de facilitar el tráfico de drogas como marihuana, cocaína, tusi, bazuco y pegante, en las celdas que tenía por obligación cuidar”, señaló la Fiscalía.
La juez de Control de Garantías impartió legalidad de las capturas tras considerar que se cumplió con los requisitos mínimos que exige la ley para la detención de una persona y en este caso de los policías que resultaron enredados con las redes de traficantes de drogas en el interior en las celdas de la estación de Policía.
Los policías, de acuerdo con la investigación, reciben entre tres y cuatro millones de pesos como contraprestación a su labor al servicio de las organizaciones criminales, incluso de exigir dinero a los detenidos por dejarlos en espacios de reclusión más “seguros”. Las evidencias ubican a los uniformados en un lugar contrario a su deber constitucional, la de proteger a la comunidad.
“A cambio de coimas permitieron que se cometieran delitos al interior de la estación de Policía Fontibón, como la compra de estupefacientes y amenazas a que eran expuestas las personas privadas de la libertad, e hicieron caso omiso para aprovecharse de estas circunstancias y lucrarse al recibir dineros. Vulneraron la seguridad jurídica jurada al izar bandera cuando se convirtieron en policías”, dijo la Fiscalía en la audiencia de imputación.
Luego de la imputación de cargos, los policías capturados pidieron tiempo para hablar con sus abogados, mientras la Fiscalía anticipó que solicitarán una medida de aseguramiento contra los uniformados al considerar que representan un riesgo para el proceso que apenas arranca, incluso para los testigos de este proceso.