La Policía nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, capturaron en el municipio de Sampués, Sucre, a Jairo Castillo Beltrán, más conocido bajo el alias de Miller.
De acuerdo con las autoridades, Castillo pertenece al frente Manuel José Gaitán del Clan del Golfo y sería la persona que atentó contra el patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, el pasado 25 de julio de 2022 en una pendería de Sampués.
Cabe recordar que, luego de ese homicidio, uniformados de la Policía de Sucre, comandados por el entonces coronel Benjamín Núñez, iniciaron una persecución y un plan candado para capturar a los presuntos responsables.
En medio del procedimiento, detuvieron a tres jóvenes en el corregimiento de Chochó y quienes resultaron asesinados por el propio coronel Núñez. Las víctimas llegaron hasta un centro hospitalario de Sincelejo y en un primer momento fueron señaladas como los supuestos homicidas del patrullero.
Sin embargo, tras los reclamos de los familiares y luego de una denuncia instaurada por el senador Álex Flores, el país conoció que todo se trató de un falso positivo, pues los jóvenes asesinados no estaban vinculados con el asesinato.
Alias Miller quedó a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de homicidio agravado en concurso y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, porte o munición.
¿Qué pasó con el coronel Núñez?
El coronel retirado Benjamín Núñez Jaramillo pagará una condena de 29 años de prisión por su participación y responsabilidad en los hechos que rodearon la retención, las amenazas y los actos de tortura en contra de Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, quienes fueron señalados de ser parte del Clan del Golfo.
Sin embargo, las familias de las víctimas han denunciado que los abogados del coronel Núñez han pedido una serie de beneficios para su apoderado con los que no están de acuerdo y han realizado marchas y protestas exigiendo que la pena se cumpla.
De los 29 años de condena, el coronel podría recibir una rebaja del 50 % y aparte pasaría ese tiempo en un cantón militar, pero los familiares de los jóvenes señalan que, como cualquier otro responsable de homicidio, debería seguir recluido en un centro carcelario.
Los abogados de Núñez, según los mismos familiares de las víctimas, habrían solicitado a las autoridades los beneficios bajo el argumento de supuestas amenazas en su contra en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentra privado de la libertad.
Al parecer, el oficial firmó un preacuerdo con la Fiscalía. Aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de material probatorio y privación ilegal de la libertad.
Además, se comprometió a entregar información a las autoridades y a los otros entes de control en las investigaciones penales y disciplinarias que se adelanten sobre estos hechos.
En el análisis del preacuerdo presentado por la Fiscalía General se advirtió que la negociación realizada se ajusta a la ley, rechazando así las peticiones presentadas por la Procuraduría General y los abogados de las víctimas. “No se vislumbra ninguna anomalía”. El coronel Núñez tendrá que pagar una multa de cien salarios mínimos legales vigentes (unos cien millones de pesos) y la inhabilidad de 29 años para ejercer funciones públicas.
“Existe evidencia [de] que ha colaborado con la justicia [...], aun en detrimento de su situación jurídica [...]. Informó a la Fiscalía de ciertas circunstancias que le produjeron que el 26 de octubre de 2022 la Fiscalía le adicionara a la imputación el delito de falsedad en documento público. Así mismo, sumó un supuesto fáctico que configuraba el ocultamiento de elementos materiales probatorios”, precisó la jueza.