Los hechos sucedieron en Tunja (Boyacá), el pasado 30 de enero, en un barrio del centro de la capital boyacense. Al interior de un apartamento, una mujer de 35 años identificada como Deisy Lorena Cortés estaba sin signos vitales y cubierta con sabanas.
El cuerpo se encontró debido a una llamada que recibió la línea de emergencias en la que alertaban la situación. La llamada se habría recibido desde Ipiales (Nariño), pues al parecer el victimario había reconocido el crimen con un familiar que vive en el sur de él país y fue quien avisó a las autoridades.
Cuando los investigadores llegaron a la escena del crimen encontraron que el cuerpo presentaba múltiples heridas con arma cortopunzante, las más evidentes en el cráneo de la mujer. Una vez se conoció el dictamen de Medicina Legal, se concluyó que en total fueron 25 puñaladas las que recibió la víctima.
Desde el inicio, el primer sospechoso fue la pareja sentimental, conocida como Deivy Arley García Portilla, quien pese a la tragedia no apareció, habría huido con su hija de tan solo 4 años de edad. Uniformados de la Policía Metropolitana de Tunja empezaron a rastrear cualquier movimiento que el hombre hubiese realizado.
Al día siguiente del crimen, 1.° de febrero de 2023, se estableció que García Portilla al parecer pretendía moverse fuera del país y du meta sería llegara a Ecuador. Por esa razón, las autoridades emitieron una circular azul de la Interpol para que policías de diferentes países aunaran esfuerzos y dieran con el paradero del presunto asesino.
Antes de cruzar la frontera, García pasó por Ipiales y dejó a su niña en total reserva a unos familiares para que se hicieran cargo de ella. Pasaron cinco meses de seguimiento e información de inteligencia mostraba que el posible homicida estaba en la ciudad de Tulcán (Ecuador). El pasado 4 de junio, en medio de la investigación, se pudo establecer que el hombre estaría en un bar en Tulcán, ciudad de donde solía pasar la frontera con frecuencia y regresaba ocasionalmente a Colombia.
Fue el 6 de junio cuando gracias a la coordinación de la Policía de Tunja, Nariño, de Ecuador y la Interpol, se logró la captura de García, en zona fronteriza.
El coronel Fredy Ferney Pérez Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, dijo que ese caso es la muestra de que en la institución y sus hombres no descansan hasta lograr su objetivo, en este caso esclarecer el feminicidio de Lorena.
Cabe recordar que en mayo se conoció la fuerte advertencia de la Corte Constitucional a la Fiscalía y a Comisaria de Familia por un grave caso de violencia de género
El feminicidio de Karen Acero, el pasado 14 de mayo por parte de su pareja sentimental, abrió, nuevamente, el debate en el país sobre las medidas que se están tomando y las líneas de atención para proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia. Justamente este lamentable hecho coincide con una sentencia de la Corte Constitucional que resulta un hito en materia de protección de las mujeres que denuncian violencia física y psicológica.
La decisión de la Corte Constitucional deja claro que las denuncias que presentan las víctimas de violencia intrafamiliar no pueden ser ignoradas y se deben tratar de la manera más seria posible.
Esto, tras estudiar el caso de una mujer que reclamó que la Comisaría de Familia de la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, había hecho caso omiso a su situación y la Fiscalía General no se había tomado la molestia de investigar las agresiones físicas y verbales que sufría junto a su hijo de parte de su pareja. El alto tribunal –con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez– ordenó la protección de los derechos fundamentales de la denunciante. Además, reprochó la poca empatía de las entidades del Estado y les hizo un llamado para que esto no se vuelva a repetir.
En la decisión conocida por SEMANA, la Corte le ordenó a la Comisaría Quince de Familia Antonio Nariño y a la Fiscalía General, como administradora de la línea 122, “no volver a incurrir en actuaciones que constituyan violencia institucional”. Igualmente, se les llamó la atención para que no vuelvan a desconocer sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias.
Frente al ente investigador, el fallo va mucho más allá y le ordena acelerar las investigaciones por las denuncias que radicó la mujer en contra de su compañero sentimental por los delitos de violencia intrafamiliar. Estas investigaciones deberán tener “enfoque de género” y deberán realizarse de la forma más seria posible, es decir, con la debida recopilación de elementos materiales probatorios.
En el resuelve del fallo, se le ofició a la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá para que adelante la asesoría jurídica y psicológica a la denunciante frente a los graves hechos de violencia intrafamiliar –que incluían violencia física, psicológica y económica– que viene poniendo de presente durante los últimos años.