La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron la captura de una red delincuencial acusada de apoderarse ilegalmente de gasolina, ACPM, Gas Licuado del Petróleo (GPL), y comercializarlos a gran escala en distintos puntos del país.
Según indicó la Fiscalía, fueron capturados nueve posibles integrantes de esta organización, quienes serían los encargados de estas diligencias realizadas de manera simultánea en Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare); y en Duitama y Sogamoso (Boyacá). Además, durante los procedimientos se incautaron 3.638 galones de ACPM, dos automotores y marihuana.
Cada una de las personas que conformaban esta red ilegal cumplirían roles específicos e intervendrían en diferentes eslabones de la cadena. Para llevar a cabo estas actividades, al parecer, usaban como fachada parqueaderos, montallantas y lugares de hospedaje en Casanare, donde ejecutaban maniobras de extracción del hidrocarburo que, posteriormente, era transportado por vehículos cisterna autorizados por las compañías petroleras para mover crudo y derivados.
Otros de los integrantes, presuntamente, se dedicaban a sustraer el GPL de los carrotanques acreditados para movilizar este combustible y lo trasladaban a carros de menor capacidad para distribuirlo, de acuerdo con la información brindada por la Fiscalía.
Por medio de estas dos modalidades, la organización criminal habría comercializado los hidrocarburos obtenidos ilícitamente y los enviaba a departamentos de la Costa Atlántica, del oriente y centro del país. Para este propósito tendría a su disposición a un grupo de conductores de carga encargado de hacer las entregas.
“Durante los últimos nueve meses se realizaron 11 incautaciones distintas a esta estructura. En una de las diligencias, uno de los transportadores ofreció 12 millones de pesos a las unidades de tránsito para intentar evitar su detención”, añadió el organismo judicial.
Lista de capturados
- Jennifer Andrea Cabal Navas, alias de Amparo, quien sería la encargada de la logística y la contratación de los conductores de los vehículos cisterna.
- Rubiela Jiménez Triana, acusada de acordar el cruce ilícito de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en horas de la noche, en un montallantas que administraba en Monterrey (Casanare).
- Rafael Antonio Vargas Martínez, conocido como ‘El Papas’ o ‘Papapicha’, encargado de un parqueadero y montallantas en Aguazul (Casanare), donde se habrían realizado maniobras de apoderamiento de combustibles.
- Orfa Cecilia Naranjo Cano y su esposo Edgar Jesús García Rodríguez, presuntos responsables de contratar personal para el descargue y almacenamiento de los hidrocarburos, y concretar la comercialización.
- Fernando Bernabé León Moreno, alias Yampier; John Albert Trujillo, Argemiro Díaz Prieto y Luis Eduardo Manrique Mendivielso, conductores.
Finalmente, un fiscal imputó cargos a estas personas los delitos de concierto para delinquir; y apoderamiento de hidrocarburos, biocombustibles o mezclas que los contengan. Adicionalmente, a Jennyfer Andrea Cabal Navas se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y a alias Yampier el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Este el nuevo municipio de Colombia que está libre de sospecha de minas antipersonal
Durante décadas los habitantes de San Luis de Cubarral no habían podido caminar con tranquilidad sobre su territorio, ha existido la zozobra de caer víctima de una mina antipersonal, utilizada por grupos criminales para cercar sus intereses. Pero este sábado 27 de mayo, estudios No Técnicos del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N. °4 descartaron la sospecha de minas antipersonal en el municipio ubicado al noroccidente del departamento del Meta.
La zona que registraba 88 eventos de presencia de minas fue investigada por personal de desminado humanitario del Ejército Nacional. La intervención que inició en marzo del 2017, se concentró en las veredas Bellavista, La Libertad, Las Palomas, Los Arrayanes, El Retiro, Los Cedrales, Monserrate, Vergel Alto, Mesa Redonda, Brisas Del Tonoa, La Guacamaya y Pedregal, según destaca la entidad castrense.
El coronel Carlos Rafael Tarazona , comandante de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, mencionó que el trabajo se desarrolló en la parte alta del municipio donde lograron desvirtuar la sospecha de contaminación de minas antipersonal.
La entrega del territorio favorece a más de 500 habitantes que basan su economía en actividades agrícolas, ganaderas y los cuales en algunas zonas han emprendido proyectos productivos. De hecho, se conoce que campesinos de la región pasaron de cultivar a generar empresa.