En las últimas horas fue enviada a prisión Andreína Castilla Cubillán, más conocida con el alias de ‘Deilys’, quien es señalada de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de estar involucrada en un atentado ocurrido el pasado 24 de mayo en el municipio de Tibú, en Norte de Santander. El hecho terrorista dejó un civil y dos policías muertos, además de otras tres personas heridas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el material de prueba recolectado hasta el momento indica que la mujer, de nacionalidad venezolana, se trasladó en su momento hasta el casco urbano del mencionado municipio con el objetivo de identificar los movimientos y rutinas de una patrulla. Al parecer, la sindicada definió el mejor sitio para instalar una carga explosiva y llevar a cabo el ataque.
“Alias Deilys, presuntamente, apoyó la adecuación y ubicación del artefacto en la base de un poste de electricidad en el sector conocido como La Uno”, indicó la entidad.
El ente acusador precisó que, según las investigaciones, la mujer también acompañó posteriormente la activación del explosivo justo en el momento en el que cruzaba la camioneta de la Policía Nacional y un bus de servicio público.
Las víctimas de la acción terrorista fueron una mujer, el patrullero Andrés Idárraga Orozco y el subintendente Ángelo Raúl Martínez.
Por estos hechos un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Castilla Cubillán los delitos de homicidio agravado; fabricación, porte de armas, municiones de uso restringido, uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y daño en bien ajeno.
Por su parte, un juez de control de garantías avaló los argumentos entregados por la Fiscalía y la cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, por lo que la procesada deberá permanecer en prisión mientras se adelanta el caso en su contra.
El atentado generó gran rechazo en su momento
Pocos después de que se registrara el atentado ese 24 de mayo, diferentes voces se manifestaron en contra de este hecho de violencia, y más teniendo presente los diálogos de paz que se adelantaban en ese momento con la guerrilla del ELN. Una de las primeras entidades en pronunciarse fue la Gobernación de Norte de Santander, que mostró su indignación por lo sucedido.
“Los nortesantandereanos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú y que enlutan a sus familias y al departamento que tanto anhela la paz. No es justo que esta población siga siendo víctima de atentados terroristas”, señaló.
Así mismo, agregó que esta comunidad quiere, trabaja y anhela por un territorio de paz, “basta ya de tanta violencia contra la ciudadanía y la fuerza pública que día a día salen de casa con la esperanza de regresar cada noche a abrazar a sus seres queridos”.
Por su parte, Diego Villamizar, defensor de los derechos humanos en este departamento, condenó el atentado y exigió en su momento reforzar la seguridad, pues no era el único hecho de violencia que se había registrado por esas semanas.
“Nuestro profundo rechazo a este ataque terrorista, nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, son cobardes y miserables los terroristas que atacaron de esta manera indiscriminada no solo a la fuerza pública, sino a la población civil, esto es una clara infracción al derecho internacional humanitario”, señaló en defensor en SEMANA.
Además de esto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro también fue duramente cuestionado por la situación, ya que fue señalado de fortalecer a este tipo de grupos armados y darles cabida para que adelanten estos ataques.